La Junta y el sector agrario reclaman al Gobierno "medidas urgentes" contra la sequía

La Junta y el sector agrario piden nuevas medidas, y urgentes, para paliar la situación de sequía que vive la comunidad y por extensión todo el país, y el Gobierno -que esgrime las políticas que ya adoptó en marzo, aún en vigor- se lo toma con calma.

Este lunes se ha reunido -de forma telemática- el grupo de trabajo de seguimiento de la Mesa de la Sequía, en la que se ha evaluado la situación actual y el efecto de las medidas del Ejecutivo, que ya adoptó en marzo rebajas fiscales, inyecciones de liquidez y apoyo a los seguros agrarios, entre otras cosas, por valor de 450 millones de euros. En el encuentro autonomías y asociaciones han presentado sus propuestas para paliar la difícil situación que viven agricultores y ganaderos.

"De los informes de seguimiento de la situación presentados por las distintas comunidades autónomas y organizaciones participantes se realizará una evaluación para estudiar las líneas a seguir", reza el comunicado de los Ministerios para la Transición Ecológica y de Agricultura, que, claramente, dejan para más adelante sus propuestas.

Frente a ello, las asociaciones -y la propia Junta- reclaman "soluciones urgentes". "En el orden de día solo hay análisis de la situación, cuando lo que se necesita son soluciones y no análisis", señalaba este lunes por la mañana el presidente de Asaja, Pedro Barato, quien también criticaba que la reunión estuviera "presidida por un subdirector general" del Ministerio de Agricultura, lo que le resta dimensión política.

La Junta de Andalucía, que lleva varios días insistiendo en este tema como arma política, se ha mostrado “defraudada” por la reunión y ha reclamado la convocatoria de la Mesa Nacional de Sequía “al más alto nivel político”.

En concreto, la consejera de Agricultura, Carmen Crespo, exige la inmediata puesta en marcha de la doble tarifa eléctrica para los regantes (una reclamación histórica de este colectivo que nunca se ha terminado de concretar); la bajada del IVA de los insumos que afectan a la actividad agraria; la bonificación del agua desalada a 0,30 euros; y la utilización y reprogramación de los fondos Next Generation para incrementar las dotaciones destinadas a obras hidráulicas pendientes (sobre las que el Ministerio para la Transición Ecológica de Teresa Ribera es muy reticente) y a la modernización de los regadíos.

Las organizaciones agrarias y los regantes, por su lado, también tienen su batería de propuestas. Fenacore (la asociación de regantes a nivel nacional en la que se integra Feragua) pide -además de más fondos para el regadío de parte de las diferentes administraciones- bonificación de cuotas sociales y reducción de los índices de rendimiento neto aplicables para 2021 y 2022; apoyo a los ERTE que se puedan aplicar; IVA reducido del 10% para la energía; apoyo a aprovechamientos estratégicos de aguas subterráneas; fomento de ejecución de balsas en zonas regables; control periódico de los caudales; apoyo al uso de las regeneradas y fomento de aguas desaladas; y acelerar las obras hidráulicas pendientes.

COAG pide, también, un encuentro diferente que aborde "una batería de medidas muy contundentes” para salvar a los productores, con más líneas de financiación y ayudas directas a determinados sectores "que lo van a pasar muy mal", en palabras del portavoz de la Ejecutiva de la organización a nivel nacional, Andrés Góngora.

UPA, por último, reclama una "política integral" que proteja a agricultura y ganadería, con medidas como una nueva reducción de módulos del IRPF con especial atención a la agricultura familiar; la reducción del IVA de los insumos, pero sobre todo de los productos energéticos y los fertilizantes; el refuerzo de la dotación para seguros, especialmente por parte de las Comunidades Autónomas; y la inversión en tecnología punta en los regadíos.