Rogelio Velasco
Dos siglos de financiación autonómica
La falta de pescado en el caladero y el elevado precio del combustible, entre otras circunstancias, han hecho que el acuerdo pesquero entre la UE y Marruecos que expira este lunes no haya sido rentable en este último ciclo para los pesqueros andaluces. Según informa la Junta de Andalucía, de los 47 barcos que tienen derecho a una licencia para pescar en aguas del país vecino, solo 10 la tenían activada.
"En 2019 se vendieron en la lonja de Barbate 3.700.000 euros de pescado marroquí. En 2022 la cifra bajó a 240.000 y en 2023 sólo se ha vendido 20.000 euros", explica Inés Foncubierta, gerente de la Organización de Productores de Pesca Número 6, que agrupa a pesqueros de la localidad.
De hecho, ninguno de los barcos que incluso había pagado la licencia para este último trimestre ha acudido en las últimas semanas a faenar en las aguas marroquíes. "Si antes costaba 3.000 euros el gasoil para ir a faenar a Marruecos, ahora es un 50% más caro y el precio del pescado es el mismo", añade Foncubierta.
Junto a la subida de los costes, estos barcos se han encontrado con la escasez de pescado en un caladero en el que ya no abundan los boquerones, la especie a la que se dedica la flota de cerco, o el pez sable, el voraz o el jurel de fondo, especies a las que, entre otras, se dedican los artesanales de palangre.
"Ese caladero de la zona de El Estrecho nada más que tiene ya atún rojo", una especie que, tras ser sometida hace unos años a un plan de recuperación, ahora abunda en esas aguas y, "como un carroñero", está "poniendo en jaque" a las especies de las que se alimentan, según explica Nicolás Fernández , secretario de la Federación de Cofradías de Pescadores de Cádiz y gerente de la Organización de Productores Pesqueros Artesanales de Conil de la Frontera.
Es una voraz competencia para estos pesqueros gaditanos que se une a la de los barcos marroquíes que van a esas mismas aguas. "La flota marroquí ha ido creciendo de forma increíble", explica Nicolás Fernández. Comparten agua pero no reglas, porque, por ejemplo, la flota marroquí no está obligada a hacer los dos meses de parada biológica que sí tiene que hacer la europea.
Por otro lado, el Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado este lunes las ayudas a los pescadores y a los armadores por la paralización de la actividad por el fin del acuerdo de pesca entre la Unión Europea (UE) y Marruecos, por un montante de 302.000 euros, que beneficiará a 11 buques de los 21 barcos en toda España (diez andaluces) que actualmente estaban faenando en aguas del país vecino.
Según afirma la Junta de Andalucía, ninguno de ellos es andaluz, pese a que era la comunidad con más actividad pesquera en la zona. El Gobierno afirma, sin embargo, que son cuatro los barcos de la región beneficiados, cifra que en cualquier caso no cubre a los 10 barcos de la comunidad que tenían permiso para estar en la zona ni a otros 37 (hasta llegar a 47) que, aunque no la tenían activada, sí que tenían licencia y podían usarla en cualquier momento (la habilitación se renueva cada tres meses, según afirma la Junta de Andalucía).
La razón de que no toda la flota se beneficie de la parada (y, según la Junta, ningún barco andaluz) radica en la fórmula que ha elegido el Gobierno para habilitar las subvenciones. Para que las ayudas lleguen más rápidamente a los beneficiarios, ha usado las habilitadas en el Fondo Europeo Marítimo y de la Pesca (FEMP), que están sujetas a una serie de criterios.
Así, las subvenciones se repartirán entre los armadores y tripulantes de los 11 barcos en España que faenaron al menos 20 días en el trienio 2021-2023 en el caladero marroquí (el siguiente buque por debajo de esta cuantía solo faenó tres días) y que además cumplen con el requisito fijado por la Comisión Europea de no haber recibido más de 180 días de ayuda por parada temporal en el periodo 2014-2023.
"El Gobierno estudia ayudas de Estado para compensar a más barcos afectados por el fin del protocolo, entre ellos seis de Andalucía, que han faenado más de 20 días entre 2021 y 2023, pero que han percibido ya el tope de ayuda por parada, con cargo a fondos europeos, de 180 días", según informaron fuentes ministeriales a Efe. El Ejecutivo, pues, admite que estos seis barcos tienen derecho a ayuda, pero no puede habilitarlas ahora porque la normativa de la UE impide que se beneficien.
La consejera de Agricultura, Carmen Crespo, ha criticado el criterio basado paradas biológicas cuando, ha reprochado, “como bien saben, nuestros barcos ya las agotaron en
febrero y no tienen esta posibilidad”. Sí pueden recibir estas ayudas, por el contrario, los pescadores afectados de Galicia y Canarias, lo que significa, como ha recalcado Crespo, “poner en una clara situación de desventaja a nuestros pescadores”.
La consejera de Pesca ha asegurado que “no estamos dispuestos a que los barcos andaluces afectados por la finalización del acuerdo entre la Unión Europea y Marruecos se queden fuera de unas ayudas que son fundamentales para unas familias que están atravesando un momento muy dificultoso hasta que no se consiga poner en marcha un nuevo tratado con el Reino alauita”.
De las ayudas disponibles, 120.000 euros se van a destinar a los armadores y 182.000 para los tripulantes, cofinanciadas en un 50% por fondos de la Unión Europea (UE), para el período comprendido entre este mismo martes, día en el que se pueden comenzar a solicitar las ayudas y el 30 de septiembre de 2023.
España logró 92 de las 128 licencias (47 andaluzas) para pescar en aguas marroquíes en virtud del acuerdo que caduca este lunes, pero solo 21 barcos solicitaron licencia en 2021 y 2022 ó en 2023, según han precisado fuentes del MAPA.
El tope al que se refiere es el establecido en la anterior programación presupuestaria de los fondos pesqueros (2014-2023) del antiguo Fondo Europeo Marítimo Pesquero (FEMP).
El acuerdo entre la UE y Marruecos es el protocolo pesquero de mayor valor político para España y su futuro depende de una sentencia del Tribunal de Justicia comunitario, sobre un recurso contra otro dictamen de los jueces comunitarios, quien en 2021 lo anularon por no tener en cuenta los intereses del Sáhara occidental.
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