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El impuestazo energético empieza a ser una amenaza seria para el renombrado Valle Andaluz del Hidrógeno Verde. Lo advirtió hace unos días la consejera de Economía, Carolina España, y hoy se ha convertido en una realidad: Mubadala (Abu Dabi) y Carlyle (Estados Unidos), principales accionistas de Cepsa, han decidido congelar los 3.000 millones de euros que tenían preparados para poner en marcha las inversiones energéticas de la compañía en Huelva y Cádiz, a la espera de que el gobierno de Pedro Sánchez decida qué va a hacer con el impuesto a la energía, que ya el año pasado provocó que Cepsa tuviera pérdidas de 233 millones tras pagar 323 al fisco.
El hecho de que todavía no se sepa si el impuestazo va a continuar, ni de qué manera, ha sumido en la incertidumbre a los principales inversiones en el Consejo de Cepsa, que se encuentran valorando el impacto que pueda suponer a la compañía el incremento de la fiscalidad. En caso de confirmarse, según publica el diario Expansión y ha confirmado la propia compañía, esto les llevaría a ralentizar las inversiones en nuevos proyectos de hidrógeno en España para darle prioridad a los internacionales, fundamentalmente porque el impuesto tendría un efecto "muy relevante" sobre la rentabilidad de estas iniciativas. Cepsa se plantea dar prioridad a proyectos de hidrógeno verde que, inicialmente, tenía planificados en otros países para una segunda fase del plan estratégico ‘Positive Motion’. "Nuestra transformación en marcha es irreversible para lograr que más de la mitad de nuestro beneficio provenga de actividades sostenibles en 2030", aseguran.
En Andalucía, la Junta subrayó el pasado miércoles, durante la rueda de prensa de Carolina España previa al anuncio del Congreso Iberoamericano CEAPI en Sevilla, el temor a que el mantenimiento del impuesto lastrara los proyectos regionales vinculados al hidrógeno verde. La principal iniciativa, claro, es el Valle del Hidrógeno verde de Cepsa, una inversión que había aumentado ya a los 4.000 millones, con una previsión de 12.500 empleos.
Fuentes de la compañía en Huelva y San Roque confirman que, de confirmarse el 'impuestazo', el proyecto seguiría adelante, pero el ritmo de las inversiones se ralentizaría de forma que pasaría a un segundo o tercer plano de prioridad por parte de la empresa, por lo que la entrada en funcionamiento de las nuevas factorías podría retrasarse considerablemente en el tiempo, sin poder especificar por el momento ningún horizonte. Según han transmitido representantes sindicales a preguntas de este periódico, entienden la decisión de la empresa como una "medida de presión" contra la medida del Gobierno.
El proyecto de Cepsa consiste en la construcción de dos plantas de hidrógeno verde en San Roque (Cádiz) y Palos de la Frontera (Huelva). La primera de ellas tendrá una capacidad electrólisis de 1 GW y aprovechará la cercanía del Estrecho de Gibraltar y el Puerto de Algeciras, mientras que en Huelva construirá una factoría de biocombustibles con una capacidad de 1 GW de e-amoniaco y metanol verde, dos derivados del hidrógeno para cuya puesta en marcha cuenta con la compañía Fertiberia.
Recientemente, la empresa confirmó que las obras de la primera fase en el parque energético de Palos, arrancarían a principios de 2025. Las estimaciones iniciales de Cepsa son hasta ahora, como anunciaron en su momento, tenerla operativa en 2026, con el objetivo de que alcance el máximo de su capacidad en 2028. Por su parte, la de San Roque debe comenzar a trabajar en 2027.
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