El impuesto al turismo

Tasa turística, ecotasa, financiación singular para municipios turísticos, participación en la recaudación por IVA en zonas turísticas, etc. Diferentes opciones para un mismo problema: el turismo genera costes de muy diversa naturaleza, muchos de ellos con repercusión directa sobre el gasto de las diferentes administraciones públicas, que normalmente se financian con impuestos que pagan los residentes. Pero lo cierto es que también obtienen beneficios indirectos, aunque los directos y más cuantiosos se quedan en manos de las empresas del sector. Cuando en Cataluña y en Baleares se plantearon esta misma reflexión, tuvieron claro que la respuesta adecuada era la implantación de la ecotasa, un impuesto que han de pagar los turistas por pernoctar en sus establecimientos hoteleros. El precio varía según la localidad y la categoría del establecimiento y van, en el caso de Barcelona, desde menos de un euro hasta 6,25 euros por persona y noche en los hoteles de mayor categoría.

En Baleares, donde se denomina Impuesto de Turismo Sostenible (ITS), el mecanismo es similar, aunque con matices, como el ajuste estacional de la cuantía, que lógicamente aumenta en temporada alta. Para el Gobierno balear el ITS es un recurso cuyo rendimiento debe contribuir a la sostenibilidad y a la competitividad del sector en torno al cual se levanta la economía del archipiélago. Puesto que el turismo consume recursos y genera externalidades negativas en forma de costes sociales derivados de la presencia de turistas y de actividades que existen para atender sus demandas, el ITS se concibe como un impuesto de carácter pigouviano (su finalidad es corregir el efecto de las externalidades negativas).

Modalidades alternativas a la tasa por pernoctación son el pago único a la de entrada en el país, a veces en el propio puerto o aeropuerto, o el pago por estancia con independencia de la duración y en forma de porcentaje sobre la factura del establecimiento donde se hospeda (5% en Berlín, 7% en diferentes ciudades holandesas). También existe la discriminación por edad o por tipo de viajero, como la exención de menores o en viajes de carácter social, o el impuesto sobre el acceso de turistas a bienes de carácter cultural, por ejemplo a la entrada de museos, del que a veces queda eximido el residente. La cuestión es que la implantación de diferentes formas de impuestos al turismo se extiende y ya existe, según una recopilación reciente, en 137 ciudades y 20 países europeos.

En Andalucía ha sido propuesta por diferentes ciudades y en algunas de ellas, como Sevilla, Granada, Málaga o Córdoba, el debate sigue abierto y en el caso de Sevilla la polémica sugerencia del alcalde de cobrar a los turistas por acceder a la plaza de España va en esa misma dirección. La posición momentánea de la Junta de Andalucía es de rechazo, con el pretexto de evitar enfrentamientos con el sector, pero la realidad es que los argumentos a favor de su implantación tienden a imponerse con contundencia sobre los que están en contra.

El principal obstáculo es la oposición de las empresas que alegan un posible impacto negativo sobre la competitividad, pero la realidad es que en otros destinos que compiten con Andalucía por los mismos mercados, como Cataluña o Baleares, el efecto de la tasa sobre la competitividad relativa ha sido nulo o inapreciable. El establecimiento del impuesto supone un aumento en el precio que ha de pagar el turista que nos visita, pero dos características singulares de este mercado ayudan a entender que su impacto final sobre la demanda resulte tan limitado. La primera es la contrastada rigidez de esa demanda, que determina que su reacción frente a variaciones en el precio sea muy reducida. La segunda, que en el turismo están presentes algunas características propias de los mercados irracionales. El aumento del precio no provoca necesariamente una fuga de clientes sino que incluso puede dar lugar al efecto contrario, siempre que mercado perciba la subida como un freno a la masificación o como indicador de mejora en la calidad del servicio.

El principal argumento a favor de la tasa es que el turismo genera costes para toda población, pero la mayor parte de los beneficios se queda entre los agentes del sector. No se discute que su elevado efecto multiplicador de actividad sobre el conjunto de la economía hace que todos nos beneficiemos, pero no está tan claro que para una gran parte de la población los inconvenientes de la masificación sobre la movilidad, los aparcamientos, la cesta de la compra o el acceso a la vivienda den como resultado un saldo ventajoso para la población local. La lógica del impuesto sobre el turismo se refuerza cuando se tiene en cuenta el impacto sobre el gasto público en limpieza o seguridad y en otros servicios públicos, así como en la conservación del patrimonio cultural y natural que el residente financia con sus impuestos, pero que el turista puede disfrutar de forma gratuita o mediante precios públicos.

El establecimiento de cualquier tipo de nuevo impuesto encaja con dificultad en el ideario fiscal de la Junta de Andalucía, pero la resistencia a conducirse por derroteros de eficacia contrastada en un número cada vez mayor de destinos turísticos de primer orden parece condenada a desaparecer. Sobre todo tras el pronunciamiento de los alcaldes de algunos de los principales municipios turísticos y el rechazo creciente al turismo de viviendas vacacionales por los inconvenientes sobre la convivencia. El reto es hacerlo correctamente y decidir el grado de autonomía de los municipios para desarrollar la norma básica que en su momento establezca la Junta y en la medida en que los recursos obtenidos se empleen en iniciativas relacionadas con el turismo o se amplía el enfoque a la mejora de las condiciones generales de convivencia entre residentes y turistas.