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El alza de los precios de los materiales de la construcción ha conducido a que hayan quedado sin adjudicar, es decir, desiertas, más de 100 obras por un valor de 93,8 millones de euros en Andalucía entre el 1 de enero de 2021 y junio de 2022, según un informe de la patronal Fadeco Contratistas.
Las hay de todos los colores y las más cuantiosas, por volumen, son la licitación de la concesión para la construcción y explotación de un aparcamiento subterráneo en Marbella por 18,8 millones de euros (Ayuntamiento de Marbella); el nuevo edificio de uso ambulatorio del hospital Torrecárdenas, en Almería, por 11,5 millones de euros (Consejería de Salud); la envolvente con la que que albergar la nueva línea de paneles planos en el astillero de San Fernando, por 7,7 millones (Navantia) y la rehabilitación energética de los edificios adscritos al hospital Virgen del Rocío de Sevilla, por 7,8 millones.
Son licitaciones desiertas que, según el secretario general de Fadeco Contratistas, Jorge Fernández-Portillo, "no entran en las cuentas de las empresas -muchas de ellas pymes- y tampoco permiten ejecutar mejoras en las infraestructuras de Andalucía".
Ello se produce porque a las empresas no les salen los números. Y eso, a su vez, tiene mucho que ver con la forma en la que se han revisado los precios. Los constructores critican el decreto del Gobierno del pasado 1 de marzo, no solo porque, afirman, llegó tarde sino porque solo contempla cuatro materiales -betún, aluminio, cobre y hierro- y no incluye las obras ya certificadas antes de la publicación del decreto, cuando la subida de precios ya era muy perceptible en la segunda mitad de 2021.
La Junta de Andalucía intentó corregir este decreto nacional con otra norma -publicada el 12 de abril- en la que todos los materiales eran objeto de revisión y sí acogía las obras certificadas en 2021. Los servicios jurídicos de la propia administración autonómica ya expresaron sus dudas por un posible conflicto de competencias con el decreto estatal y hace solo unos días el Gobierno planteó objeciones a la Consejería de Fomento y convocó una comisión bilateral para corregir el decreto andaluz. Si no hay acuerdo, es posible que haya recurso ante el Tribunal Constitucional.
Este escenario está dejando a las empresas "en una situación límite", según el presidente de Fadeco Contratistas, Rafael Sánchez Alcalá, ya que, según la patronal, la actitud del Gobierno crea inseguridad jurídica. Con el decreto de la Junta vigente, las empresas no se atreven a acudir a licitaciones sin saber cuáles serán los precios finales y también hay gran incertidumbre con las obras en ejecución. Además, ayuntamientos y diputaciones que se habían adherido a la norma andaluza se están retrayendo en las licitaciones por culpa de este conflicto. "Y esto pasa justo en el momento en que estaban empezando a animarse porque deben ejecutar fondos europeos antes de 2023 o 2024 y se les acababa el tiempo", afirma Fernández-Portillo.
Los constructores piden no esperar a septiembre -afirman que el Ministerio de Transportes ha convocado para esa fecha la comisión- y actuar ya. Así resume la situación Juan Aguilera, presidente de la patronal sevillana Gaesco: "Se están paralizando multitud de obras, no hay empresas que acuden a las licitaciones. La actitud del Gobierno está lastrando el desarrollo de Andalucía y llevando a la ruina a muchas empresas, no solo de construcción sino también auxiliares. El escenario para los próximos meses será peor que el que ahora tenemos, y se requiere una actuación rápida y urgente. Mañana mismo se tienen que poner a trabajar en la conformación de una norma adecuada".
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