Minera Los Frailes mantiene su hoja de ruta pese a la suspensión temporal de la Autorización Ambiental Unificada
El permiso ha sido paralizado al no haber respondido la Junta en los plazos establecidos a un recurso presentado por Ecologistas en Acción
La Junta firma la autorización ambiental unificada de la nueva mina de Aznalcóllar
Sevilla/Minera Los Frailes (MLF), participada por Grupo México, mantiene su hoja de ruta para la reapertura de la explotación de Aznalcóllar (Sevilla) y la previsión de iniciar la fase constructiva en el primer trimestre de 2025. Así lo han confirmado a este diario en fuentes de la compañía, tras conocerse que la Autorización Ambiental Unificada (AAU) ha quedado suspendida de forma temporal al no haber respondido la Junta en los plazos establecidos a un recurso administrativo de alzada presentado por Ecologistas en Acción.
La Consejería de Sostenibilidad y Medio Ambiente, que tiene como nueva titular a Catalina García, ha explicado este lunes en un comunicado que el pasado 12 de agosto recibió un recurso administrativo de alzada de la citada organización conservacionista solicitando la suspensión de la mencionada AAU a Minera Los Frailes, que fue firmada por el Gobierno regional el pasado de 11 julio y publicada en el BOJA con posterioridad.
Sin embargo, al haber transcurrido un mes sin haber respondido a este requerimiento por parte de la Junta y, de conformidad con la normativa vigente, la autorización queda en “suspensión automática”.
"Esta suspensión es temporal y no implica una cancelación definitiva de la Autorización Ambiental Unificada. Una vez que el recurso sea debidamente evaluado y resuelto por los servicios competentes, se procederá según lo que determinen los servicios jurídicos", han asegurado desde el Gobierno regional. "Actualmente, se está ultimando su resolución, siempre de acuerdo con los preceptos legales y la máxima seguridad jurídica", han precisado.
Desde la Consejería han añadido que "reiteramos nuestro compromiso con la transparencia y con el cumplimiento estricto de la normativa medioambiental vigente, y confiamos en que este recurso se resolverá en próximas fechas, garantizando tanto la protección del medio ambiente como el adecuado desarrollo de los proyectos que se someten a nuestra autorización".
Cuestión administrativa
Esta paralización “no afecta al proyecto”, según han señalado las fuentes de Minera Los Frailes, porque es “una cuestión administrativa que se va a solventar con relativa rapidez”. De este modo, una vez que se obtengan los permisos por parte de la Consejería de Industria, Energía y Minas -previstos para finales de 2024- y las correspondientes licencias y trámites municipales, se mantiene el calendario establecido de arrancar la preoperativa para ejecutar el proyecto minero en el primer trimestre del próximo ejercicio, un proceso que llevará unos tres años, para iniciar la explotación a finales de 2027.
El proyecto de Aznalcóllar se diferencia del anterior a cielo abierto en que es subterráneo y constituye la primera incursión en Europa del citado grupo mexicano, que cuenta con quince minas en operación en Estados Unidos, Perú y México y que explotará este yacimiento sevillano a través de la empresa Minera Los Frailes, en la que también tiene una participación minoritaria la compañía andaluza Magtel. La iniciativa conlleva una inversión global de unos 450 millones de euros y la creación de 2.000 empleos en la fase de construcción y de 450 estables en los veinte años de operación.
La explotación de la mina, que ocupa 900 hectáreas, cuenta con reservas de 45 millones de toneladas de cobre, plomo y sobre todo de zinc y se prevé procesar 2,7 millones de toneladas de estos minerales cada año para obtener 170.000 toneladas anuales de concentrado de zinc, 55.000 toneladas de plomo, 13.000 toneladas de cobres
"Graves irregularidades"
Por su parte, Ecologistas en Acción ha explicado que en el recurso registrado el pasado 12 de agosto argumentó suficientemente las "graves irregularidades legales" en las que había incurrido la autoridad ambiental al otorgar esa AAU y que "constituyen motivos de nulidad de pleno derecho” de la misma. En consecuencia, con objeto de evitar que se ejecutara esa autorización, "se solicitó la suspensión de la ejecución de la autorización".
Según la organización conservacionista, los motivos de impugnación incluidos en el recurso de alzada son, entre otros, el incumplimiento de la obligación de información y participación pública previa del condicionado ambiental que se incluye en la AAU; el incumplimiento de la obligación de realizar una evaluación ambiental estratégica en todos los términos municipales afectados; o la modificación de las cantidades anuales del vertido tóxico al Guadalquivir, sin información pública, desde 2.600 a 4.000 millones de litros anuales durante la fase operativa de 17 años.
En definitiva, Ecologistas en Acción considera que la suspensión obtenida resulta "el paso previo imprescindible" para que las consejerías competentes en materia de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul, y en materia de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, reconsideren y revisen la Autorización Ambiental Unificada otorgada.
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