Rogelio Velasco
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La piratería podría causar la pérdida de más de 300.000 empleos en España durante los próximos cuatro años. Así lo avanzó ayer el abogado Javier Cremades, con motivo de la inauguración del II Foro Iberoamericano de la Propiedad Intelectual, que reúne desde ayer en Madrid a más de 200 expertos de 20 países. El dato sirvió para abrir un debate entre los asistentes al encuentro, que reclamaron "un debate en profundidad para adaptar la normativa a la continuamente cambiante Sociedad de la Información".
En este sentido, destacaron el peso de la industria cultural y de ocio en la economía nacional, subrayando que es de las más productivas. Según un estudio editado por Datautor, en este sector se concentran el 7,8% de los asalariados españoles, registrando además, incrementos anuales "considerables" en la creación de puestos de trabajo. Los ponentes advirtieron, a este respecto, que la propiedad intelectual contribuye de una forma "importantísima" al avance de esa industria y que es "uno de los motores de la innovación tecnológica, que ha hecho posible alcanzar el grado de desarrollo actual de la Sociedad de la Información".
Precisamente, la presidenta de la Asociación de Editores de Diarios Españoles, Pilar de Yarza, incidió en la paradoja que existe entre las oportunidades que brinda la sociedad digital y el hecho de que los propios avances tecnológicos "atenúen, difuminen y dificulten" el ejercicio de los derechos de la propiedad intelectual. "La piratería, la suplantación y el simulacro se han instalado entre nosotros. Suponen una distorsión y un espejismo, porque en ese maremágnum digital el verdadero talento, la creatividad, la reflexión y las ideas siempre salen perdiendo", dijo. De Yarza apuntó que muchos contenidos de la prensa continúan explotándose sin autorización por terceros en los ámbitos analógico y digital, y consideró crucial extender a la prensa las campañas y la protección de derechos obtenidas por el sector audiovisual o los editores de libros.
Por su parte, la directora general de Cedro, Magdalena Vinent, instó a las instituciones educativas a "comprometerse con el respeto a los derechos de autor". A su juicio, el uso de copias ilegales "genera un gran empobrecimiento cultural".
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