De la Torre destaca el compromiso con la política de vivienda y subraya el plan "serio y realista" aprobado en Málaga

El alcalde y candidato del PP de Málaga a la reelección, Francisco de la Torre, ha afirmado este jueves que durante el próximo mandato continuará promoviendo la construcción de viviendas protegidas y libres en régimen de alquiler y venta, además de potenciar las actuaciones de ayuda al alquiler. Además, ha recordado el Plan Municipal de Vivienda y Suelo 2023-2027 aprobado y que es el resultado de un estudio "serio y riguroso" basado en la realidad de la ciudad.

"Estamos comprometidos con una política de vivienda que es ambiciosa y realista, porque son números ambiciosos pero realistas porque se plantea en términos de dónde y de qué manera podemos hacerlo", ha valorado De la Torre.

Ha incidido, por tanto, en que su grupo "no vende humo", sino que ha planteado una hoja de ruta a cinco años, que contempla el desarrollo de 13.600 actuaciones, con la construcción de 8.900 nuevas viviendas protegidas y libres en régimen de alquiler y venta y 4.700 actuaciones de ayuda al alquiler.

"Las administraciones competentes deben promover viviendas públicas y favorecer la construcción de viviendas privadas a precios asequibles", ha dicho. "Hemos hecho más vivienda social que nadie sin ser nuestra competencia y seguiremos haciéndola con ambición y realismo, sin vender humo", ha apostillado.

De la Torre ha presentado sus propuestas de vivienda en Villazo Bajo, en Jarazmín, en el distrito Este, donde estos días se están entregando las 38 viviendas construidas por el Ayuntamiento para menores de 35 años. En este punto, ha recalcado que en esa promoción se ha ofrecido un crédito del 20% para completar el importe que no cubre la hipoteca.

Dentro del plan municipal continuará el impulso y el desarrollo de sectores, de la mano de la iniciativa privada, para la construcción de 1.297 nuevas viviendas protegidas en régimen de propiedad en el 30% de suelo de reserva para viviendas protegidas en sectores como Sánchez Blanca, Repsol, Térmica, Cortijo Merino, Universidad y Buena Vista y con la construcción de otras 65 viviendas de promoción pública en San Rafael y en las calles Zurbarán, Ingeniero José María Garnica, Rosaleda y Haití.

También seguirá la promoción de viviendas protegidas en alquiler a precios asequibles. "Promoveremos la construcción de 3.104 nuevas viviendas los próximos cinco años en colaboración con la Junta de Andalucía y el Gobierno central", ha expuesto. De ellas, se culminarán las 1.006 viviendas en alquiler en el sector Universidad, de las que dos tercios serán para menores de 35 años.

En este sentido, ha aclarado que de esas 1.006 viviendas, está a punto de adjudicarse el derecho de superficie para la construcción de 530, de iniciativa público-privada; y 476 que son de promoción pública se encuentran ya en construcción. "Están financiadas en un 85% por el Ayuntamiento de Málaga con 81 millones frente a los 10,2 millones que aporta el Gobierno de España y se realizan con cargo al plan estatal aprobado por el Gobierno del PP en marzo de 2018".

De las 3.104, entre otras, el Sepes promoverá 1.362 viviendas en los suelos del sector Buenavista y el Instituto Municipal de la Vivienda impulsará 136 alojamientos para mayores. Así, ha incidido en el trabajo desarrollado desde hace 20 años por el Ayuntamiento "a pulmón" y pese a que la competencia en esta materia no es municipal. En este sentido, ha recordado que se han construido más de 5.300 VPO en venta y alquiler desde el año 2000 frente a las 98 promovidas por el Gobierno andaluz en la etapa de PSOE y competente en materia de vivienda. Por tanto, ha dicho, "ofrecemos una credibilidad clara y rotunda frente a la no credibilidad de otros".

Movilizar suelo municipal

Ha explicado que el PP seguirá movilizando suelo municipal para la promoción de viviendas libres y protegidas en alquiler con garaje y trastero y una renta de unos 500 euros a través de la fórmula de concesión de suelo mediante derecho de superficie a 75 años y a coste cero. En lo que respecta al suelo privado, se agilizará la tramitación de planeamiento y urbanización para potenciar la construcción de viviendas libres.

También promoverá un plan de activación de suelo urbanizable, mediante la colaboración público-privada, para activar suelos e impedir que permanezcan bloqueados y sin desarrollar. También se ha comprometido a impulsar un plan de promoción público-privada de viviendas protegidas a través de la cesión de suelo por parte del Ayuntamiento para la construcción de viviendas en régimen de alquiler y propiedad a precios asequibles, por parte del constructor privado, quien permutará el suelo a través de la cesión de locales o viviendas terminadas.

"Pondremos en marcha una nueva bonificación del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO) para fomentar la construcción de vivienda protegida en venta por parte de la iniciativa privada", ha explicado.

Así, dentro de las medidas para ampliar el parque y la oferta de vivienda de la ciudad, ha explicado que aumentará de forma progresiva la bonificación a aquellos promotores privados que destinen más del 30% establecido por ley a vivienda protegida en venta. La bonificación irá del 50% al 95%.

Esta medida se sumará a la nueva bonificación, de hasta el 95% de la cuota del IBI para los nuevos edificios de vivienda protegida de iniciativa privada destinados íntegramente al alquiler de larga duración.

En la línea desarrollada hasta ahora, seguirá impulsando el plan municipal de ayudas al alquiler para favorecer el acceso a una vivienda a 200 familias vulnerables a través del pago de la renta de alquiler mediante una ayuda de más de 18.000 euros durante 4 años. Además, colaboraran con las familias para tramitarles la documentación necesaria para que puedan acceder a las ayudas al alquiler de la Junta.

Plusvalía mortis causa

También incrementará el umbral mínimo para recibir la ayuda económica para mantenimiento de la vivienda habitual; y bonificará la plusvalía mortis causa para todas las familias.

En concreto, ha dicho, tras haber implantado la máxima del 95% para convivientes, reducido el período de convivencia y extendido a familiares directos en los supuestos de asistencia médica y social a los fallecidos, ha abundado en la implantación de manera progresiva de la bonificación por transmisiones mortis-causa para no convivientes, al tiempo que seguirán reclamando al Gobierno central que compense a los ayuntamientos las pérdidas sufridas a consecuencia de los cambios legislativos en este impuesto.