El juez Castro amplía la investigación de la infanta Cristina por un supuesto delito fiscal

El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha decidido ampliar y profundizar la investigación sobre la participación de la infanta Cristina en la sociedad Aizoon, que compartía con su marido, Iñaki Urdangarin, para aclarar si pudo cometer delitos fiscales o de blanqueo de capitales. Castro, titular del juzgado número 3 de Palma, ha dictado un auto en el que ordena a la Agencia Tributaria nuevas diligencias sobre la actividad de Aizoon, el uso de sus fondos, sus ingresos y sus liquidaciones fiscales, y ha reclamado también un informe sobre las cuentas corrientes en las que la infanta sea titular o apoderada y su patrimonio mueble, inmueble y financiero.

El juez basa su petición en el auto de la Audiencia de Palma que el pasado 7 de mayo dejó sin efecto la imputación de la hija menor del Rey pero expresó "recelos -dice Castro-" sobre el informe de la Agencia Tributaria de Cataluña que descartaba que pudiera haber cometido delitos contra la Hacienda Pública como socia de Aizoon. Por ello, ordena que se aclaren las objeciones de la Audiencia y que se practiquen "cuantas diligencias de investigación" sean precisas para "descartar de plano" que la infanta Cristina haya sido partícipe del delito fiscal que la Agencia Tributaria sí atribuye a Iñaki Urdangarin por sus declaraciones de la renta de 2007 y 2008.

El instructor, que también requiere que se cuantifique "la cuota supuestamente defraudada" por el esposo de la infanta, ha decidido que las declaraciones del IRPF de doña Cristina que aportó la Agencia Tributaria sean incorporadas a la causa. Castro aclara que la prescripción del fraude que se le pudiera atribuir a la infanta se interrumpe el pasado día 7, una vez que la Audiencia Provincial "hizo patente su parecer sobre la posibilidad" de que doña Cristina "hubiera cometido delito fiscal y/o de blanqueo de capitales". El juez define el pronunciamiento de la Audiencia como una invitación a "asumir" la investigación del supuesto delito fiscal y agrega que este ofrecimiento "es sin reservas aceptado a través" de la resolución dictada ahora. El instructor incluye en su resolución la petición a la Agencia Tributaria para que adscriba a su juzgado como asesor "en materia tributaria y de blanqueo de capitales" a un determinado funcionario de Vigilancia Aduanera al que elogia por su "eficaz labor" en la investigación.

El auto, en su último punto, solicita al presidente de las Cortes Valencianas, Juan Cotino, que certifique si el ex presidente de la Comunidad, Francisco Camps, y la alcaldesa de su capital, Rita Barberá, tienen acta de diputados autonómicos. Camps y Barberá han sido señalados por algunos encausados como los responsables últimos de las negociaciones que condujeron a la celebración en Valencia de tres foros deportivos que organizó el Instituto Nóos y que la Fiscalía Anticorrupción considera que fueron una fuente de malversación de fondos públicos.

Por otro lado, Castro requiere a la representación legal de Diego Torres, el ex socio en Nóos de Urdangarin, que "se abstenga de presentar cualquier documento que implique una intromisión en la esfera de la intimidad ajena", en referencia a los correos electrónicos que viene aportando. No obstante, descarta establecer una fecha límite para que presenten todos los correos que quiera incorporar a la causa, como le sugería la Audiencia, ya que aunque en la instrucción se ha producido "todo el repertorio de desviaciones abusivas de las garantías procesales", no puede limitar el derecho a la defensa de un procesado.

El juez instructor introduce en el mismo escrito, que cuenta con veintisiete puntos en su parte dispositiva, la citación como imputado de Miguel Zorío, un empresario que colaboró con Nóos, el próximo día 10. Ordena también la declaración como testigos de 25 de las 35 personas que la defensa del ex presidente del Gobierno balear Jaume Matas, imputado en la causa, había solicitado para tratar de demostrar la utilidad pública de los foros sobre turismo y deporte que organizó el Instituto Nóos en Palma. Castro desestima además los recursos contra la admisión como acusación particular del grupo municipal socialista de Valencia y rechaza el archivo de la causa en relación al ex director de Illesport Gonzalo Bernal.