El juez Castro investigará la venta de fincas que Hacienda atribuye a la infanta

Palma de Mallorca/El juez instructor del caso Nóos, José Castro, ha pedido a cuatro registros de la propiedad que le faciliten las datos de las fincas que según la Agencia Tributaria la infanta Cristina vendió en 2005 y 2006 por un valor total de 1,4 millones de euros. Castro ha dictado una providencia en la que solicita a los registradores de la propiedad de Alicante, Almagro (Ciudad Real), Arenys de Mar (Barcelona) y Pilar de la Horadada (Alicante) que le informen de las hojas registrales referentes a siete inmuebles para comprobar si fue la infanta quien los vendió en los dos años siguientes a la adquisición de su vivienda de Pedralbes junto a Iñaki Urdangarin. Con esta solicitud a los registros de la propiedad donde figuran inscritas las fincas referidas por la Agencia Tributaria, Castro intenta constatar si efectivamente la infanta figuraba como su propietaria y si fue responsable y beneficiaria de su venta.

La Agencia Tributaria entregó el pasado viernes al juez un informe en el que daba cuenta de la venta de siete inmuebles en 2005 y cinco en 2006 supuestamente propiedad de doña Cristina, aunque la infanta, a través de la Casa del Rey, negó de forma tajante ese mismo día las operaciones que le atribuía Hacienda. Estas transmisiones, que la Agencia Tributaria facilitó al juez bajo el epígrafe "información notarios-registradores", se referían en el año 2005 a dos inmuebles en Playa de San Juan (Alicante), de los que la hija menor del Rey sería copropietaria y vendió a una misma persona, y de otras cinco propiedades en la localidad ciudadrealeña, de las que sería titular única y que supuestamente tuvieron un solo comprador.

En 2006, de acuerdo con los datos aportados al instructor del caso Nóos por Hacienda, la infanta habría vendido una vivienda en Calella (Barcelona), y cinco propiedades en Pilar de la Horadada (Alicante), inmuebles de los que figuraba como copropietaria. En el desmentido de esta información que hizo el viernes por la noche, el portavoz de la Casa del Rey subrayó que la atribución de esas ventas a la infanta debía ser fruto de un error.

Por su lado, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha explicado que la Fiscalía Anticorrupción estudiará el informe de la Agencia Tributaria que atribuye operaciones inmobiliarias a la infanta Cristina. "Voy a esperar primero a que la Fiscalía Anticorrupción, a través de los fiscales que están actuando en este proceso, examinen el informe de la Agencia Tributaria, y una vez que ellos lo valoren me lo transmitirán y podremos opinar", ha contestado Torres-Dulce a los periodistas al ser preguntado por este asunto. En relación a este tema, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, ha afirmado que desconoce el informe de la Agencia Tributaria que atribuye a la infanta Cristina la venta de varias propiedades, pero ha dicho que habrá que ofrecer explicaciones "en la medida en que se hubiera producido algún tipo de error". "No conozco el fundamento de ese informe ni en relación con la infanta ni en relación con ningún contribuyente", ha dicho el ministro.

Además, el juez Castro ha dado traslado a las partes de nueva documentación aportada en su defensa por la representación de Diego Torres, ex socio de Iñaki Urdangarin, entre la que se incluyen facturas de los gastos de los foros organizados por el Instituto Nóos, han informado fuentes jurídicas.

Hacienda aclara que sus datos sobre las fincas de la infanta son de terceros

La Agencia Tributaria asegura que remitió al juez Castro los datos que obran en su poder y que son suministrados "por terceros" respecto a las ventas inmobiliarias de la infanta Cristina, sin que fueran objeto de "valoración jurídico-tributaria". La Agencia Tributaria ha explicado que recibió un oficio del juez Castro requiriendo información de las cuentas de la infanta, así como de sus bienes muebles e inmuebles, fondos de inversión, activos financieros y depósitos de los que fuera titular desde el año 2002.

Explica que el pasado 14 de junio remitió al juzgado la información que figuraba en sus bases de datos recalcando que había sido facilitada "por terceros en cumplimiento de los deberes de suministro que les impone la normativa tributaria". La contestación al juzgado, añaden las fuentes, se ha atenido a los estrictos términos de la petición de datos efectuada, comunicando los datos aportados a la AEAT por terceros, sin que hayan sido objeto de valoración jurídico tributaria. "Por lo tanto, no cabe extraer directamente de los propios datos efectos ni consecuencias directas en materia jurídico tributaria", afirman las fuentes.

Explican así que la Agencia hizo un mero traslado de datos, entre los que se encuentran los aportados por notarios y registradores de la propiedad, e insisten en que la AEAT se ha limitado a recopilarlos sin llevar a cabo ningún procedimiento de validación. Las fuentes recuerdan que las facultades de la Agencia para comprobar la situación tributaria de los contribuyentes están afectadas por el plazo de prescripción de cuatro años previsto en el artículo 66 de la Ley General Tributaria. "La Agencia Tributaria rechaza de forma tajante la insinuación publicada en un medio de comunicación de que los datos hubieran sido alterados intencionadamente para restar credibilidad a la investigación y que se tratara de una intoxicación premeditada", señalan las fuentes, que subrayan que "dicha alternativa sólo podría haberse llevado a cabo con la complicidad de algunos de los funcionarios encargados de confeccionar y enviar el informe patrimonial al juez".