La Defensora del Pueblo no recurre ante el Constitucional la ley antidesahucios

La Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, ha decidido este viernes no recurrir ante el Tribunal Constitucional (TC) la ley antidesahucios, a pesar de la petición de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), aunque "seguirá trabajando para reforzar la protección de los deudores hipotecarios".

En una nota, la institución ha justificado la decisión, tomada tras reunirse la Junta de Coordinación, en que ya lo han hecho parlamentarios socialistas y su intervención no es "necesaria" para garantizar los derechos fundamentales y las libertades públicas o para salvaguardar la adecuación constitucional del ordenamiento jurídico. Tampoco ve "asumible" el deseo de la Plataforma de que la institución se adhiriera a su propuesta de recurso, que la PAH no ha podido presentar ante el TC al no estar legitimada para ello.

En el día en que concluía el plazo legal para recurrir la ley ante el Constitucional, el Defensor del Pueblo propone que se cree un procedimiento de insolvencia de las personas físicas y que se faciliten acuerdos entre las partes. La institución dirigida por Becerril explica que se ha tomado la decisión tras analizar "detenidamente" la petición recibida desde la PAH y Stop Desahucios contra la Ley 1/2013, de 14 de mayo, y por la que deseaban que se presentara como recurso un texto cerrado preparado por ellas. "El Defensor del Pueblo, de acuerdo con la Ley Orgánica que lo regula, está obligado a actuar con plena libertad e independencia de criterio", dice la nota.

La institución reitera que es necesario "reforzar más la protección de los deudores hipotecarios para impedir los efectos nocivos" y, aunque señala que la ley contiene "elementos positivos" respecto de la regulación anterior, ve necesario establecer "un procedimiento de insolvencia de las personas físicas para facilitar pagos más flexibles y que exista una segunda oportunidad". Asimismo, propone aumentar las facultades de los jueces para facilitar acuerdos entre acreedores y deudores e imponer, en su caso, una solución razonable.

El pasado mes de abril, la institución presentó en el Parlamento actuaciones y propuestas para una reforma profunda en la regulación de las deudas hipotecarias, pidió limitar los elevados intereses de demora y gastos de ejecución, y establecer un proceso previo de conciliación entre las partes. Asimismo, solicitó a la Asociación Española de Banca (AEB) y a la Confederación Estatal de Cajas de Ahorros (CECA) que se comprometieran a informar a los deudores hipotecarios de las nuevas posibilidades que les asisten tras la entrada en vigor de la Ley.