Editorial: Imputada la hija del Rey

EL caso de corrupción política más desestabilizador del sistema institucional de la España democrática dio ayer un salto cualitativo al dictar el juez José Castro el auto de imputación en el caso Nóos de la hija menor del Rey, la infanta Cristina, adoptado por el magistrado en contra del criterio expreso de la Fiscalía Anticorrupción, que ha presentado el correspondiente recurso. Un año después de haber descartado su implicación en el escándalo por no encontrar indicios evidentes de que doña Cristina participara en la gestión del Instituto Nóos, Castro considera ahora, a raíz de los testimonios prestados en la causa y los correos electrónicos aportados por el ex socio de Iñaki Urdangarín, Diego Torres, que la Infanta prestó su consentimiento al uso ilegítimo que ambos hicieron del parentesco del primero y resulta, indiciariamente, cooperadora necesaria para la comisión de los presuntos delitos de tráfico de influencias y apropiación indebida de los que se acusa a los dos socios. Como indicó ayer la Casa del Rey en un medido pronunciamiento, el cambio de criterio del juez es, cuando menos, sorprendente. La imputación de una hija de don Juan Carlos sobre la base de los correos que, con cuentagotas y con una estrategia descarada que el juez ha admitido sin inmutarse, ha ido entregando el ex socio es un hecho de una gravedad inusitada y con un potencial de desestabilización política que el juez ha preferido no tener en cuenta. Hay que recordar la acusación que pesa sobre Urdangarín y Diego Torres: parapetados tras la pantalla de una organización sin ánimo de lucro, el Instituto Nóos, y haciendo valer su vinculación directa con la Familia Real, consiguieron que los gobernantes autonómicos de Baleares les adjudicasen contratos a dedo para organizar eventos deportivos, facturándolos por importes muy superiores a su coste real y repartiéndose las ganancias a través de empresas interpuestas de su propiedad (una de las cuales, Aizon, pertenecía a partes iguales al matrimonio Urdangarín). La noticia del auto del juez Castro impactó ayer en toda la nación. La infanta Cristina, que se ha mantenido al lado de su esposo durante todo el proceso y las penosas diligencias incoadas en su contra, fue apartada de hecho de la agenda oficial de la Familia Real. Hay que insistir una vez más en que la imputación no significa automáticamente el procesamiento y, mucho menos, la condena. Pero la posición de doña Cristina en los momentos actuales es un factor indudable de deterioro de la Monarquía, que lejos de liberarse del caso conforme avanza la instrucción acaba de sufrir un nuevo embate, después de que fuera imputado hace semanas el propio asesor legal de la Zarzuela. Ha sido un duro golpe para la Familia Real y un serio motivo de preocupación para el Rey.