Editorial: Responsabilidades políticas

TAL como estaba previsto, Francisco Álvarez-Cascos y Javier Arenas, secretarios generales del PP desde 1989 al año 2002, arrojaron poca luz sobre la financiación de este partido durante esos años: malo. A demasiados dirigentes políticos se les llena la boca con la palabra transparencia, pero nunca la emplean cuando se trata de sus partidos. Básicamente, Arenas y Cascos declararon lo mismo: no había contabilidad B en el PP; ellos no cobraron sueldos de modo ilegal -no declarados a Hacienda- y, eso sí, admitieron el descontrol en la entrega de donativos al partido. Sobre la contabilidad B y los papeles de Luis Bárcenas, el ex tesorero, pocas dudas caben de que, en contra de lo que afirmaron Arenas y Cascos, existían.

Minutos antes de su declaración, un ex gerente, Cristóbal Páez, había admitido cobrar 12.000 euros en negro de Bárcenas, un apunte que se encuentra registrado en los papeles de su contabilidad paralela. Ya son varios los militantes y cargos del PP que han admitido haber cobrado algunas de las entregas apuntadas por Bárcenas. Hay que considerar que Arenas y Cascos, como hoy María Dolores de Cospedal, acuden ante el juez Pablo Ruz como testigos, por lo que no se les ha interrogado por asuntos que puedan incriminarlos; eso sí, tenían la obligación de contar la verdad, por eso la frase más repetida fue un recurrente "no me acuerdo". Si al final se demuestra que en el PP hubo, en efecto, una contabilidad paralela, con entregas ilegales de dinero y pagos de sobresueldos en negro, al menos a algunas personas, las responsabilidades penales no serán tantas: un posible caso de delito fiscal del PP en caso de que se considerase que los donativos ilegales superaban los 120.000 euros y un menos demostrable cohecho, porque para ello habría que tener la prueba segura de que algunas entregas se hicieron para buscar contraprestaciones.

Caso distinto es el de Luis Bárcenas que, de momento, ha admitido un posible delito contable, no penado con más de seis meses, aunque sus penas podrían venir del caso Gürtel, asunto por el que está encarcelado. Las responsabilidades serían, pues, básicamente políticas: el PP se habría financiado de modo irregular durante dos décadas sin que ni sus presidentes ni sus secretarios generales supieran pararlo -en caso de desconocerlo, casi sería peor- y, además, habrían ocultado a la opinión pública que en ese partido se cobraban sueldos además de los públicos, de parlamentario o senador. Aunque el PP asegure que eran para gastos de representación, el hecho de que se entregasen en 14 pagas hace pensar que eran sueldos maquillados como gastos. Los papeles de Bárcenas se saldarán, al final, con responsabilidades políticas que el PP parece que se prepara para afrontar en otoño. Aunque lo llamen renovación.