Gallardón asegura la permanencia de todos los juzgados incluida la Audiencia Nacional

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, ha asegurado este martes que la nueva Ley de Demarcación y Planta no supondrá el cierre de ni una sola de las sedes judiciales de España, y ha garantizado la permanencia de la Audiencia Nacional, aunque se reducirá a tres salas. Gallardón ha querido despejar así, en la Comisión de Justicia del Congreso, las dudas expresadas por algunos grupos de la oposición, que creen que la propuesta de la comisión de expertos encargada de redactar un texto para la nueva ley prevé el cierre de juzgados. Sin embargo, el ministro lo ha negado en una intervención en la que ha dejado claro, frente a las peticiones de cierre de los nacionalistas, que la Audiencia Nacional continuará, aunque quedará reducida a tres juzgados centrales: Penal, Contencioso-administrativo y Social.

Ha reconocido que se ha planteado mucho la permanencia de este órgano judicial, pero solo desde el punto de vista de la eficiencia, y ha llegado a la conclusión de que es un instrumento "útil" para combatir la delincuencia organizada. Y aunque la realidad penal del país no es la misma que la de cuando se creó la Audiencia Nacional -ha dicho el ministro en alusión al terrorismo-, Gallardón ha insistido en que la nueva realidad justifica su permanencia.

A lo que sí se ha comprometido ante los nacionalistas es a estudiar, dentro de la nueva Ley orgánica del Poder Judicial, la creación de los consejos autonómicos del Poder Judicial que prevé siete estatutos de autonomía. Pese a que la comisión de expertos encargada de proponer un texto de esa nueva ley no incluye esa creación, el titular de Justicia ha tranquilizado a los portavoces de PNV y CiU al asegurarles que "como legisladores" tienen la opción de abrir el debate. Respecto a la nueva ley de Demarcación y Planta, también encargada a un comité de expertos, Gallardón ha señalado que se propone la creación de tribunales de instancia cuya circunscripción será provincial, una reordenación que, según ha dicho, no supondrá el cierre de ningún juzgado.

De todos modos, ha reconocido que la crisis económica no permite crear nuevas dependencias y ha explicado que el nuevo modelo permitirá la especialización y el aprovechamiento de todas las dependencias judiciales existentes. Gallardón ha comparecido para explicar las líneas generales sobre las que trabaja el Gobierno para aprobar en esta legislatura las nuevas leyes del Poder Judicial, que ya ha sufrido 42 reformas parciales en 27 años, y de Enjuiciamiento Criminal, con 47 cambios desde 1978.

Esta última pasará a denominarse Código Procesal Penal, aunque el ministro ha reconocido que tiene "dudas" sobre esa denominación. Según el texto que se propone para esta nueva ley, el fiscal asumirá la investigación en un proceso penal, en el que el juez dé garantía que adoptará las resoluciones y vigilará el procedimiento.

Algunos portavoces, como Gaspar Llamazares, de la Izquierda Plural, se han preguntado si con el actual modelo, en el que el fiscal general es nombrado por el Ejecutivo, se puede confiar en una instrucción independiente. Llamazares ha aprovechado para acusar a la Fiscalía de actuar como "un elefante en una cacharrería" en casos como el de Urdangarin, Bárcenas o Faisán. Gallardón ha garantizado la absoluta independencia de la Fiscalía y ha defendido la relación "transparente" del Gobierno, que "acertó" al nombrar a Eduardo Torres-Dulce como fiscal general del Estado, con el Ministerio Público. El ministro ha dado su respaldo a la propuesta "inteligente" de los expertos sobre la publicación de sumarios declarados secretos, que aboga por que no sea delito aunque el juez podrá pedir al medio de comunicación que deje de publicar esa información.

Desde el PSOE, el diputado Pedro Muñoz ha criticado los proyectos del Ministerio y le ha dicho a Gallardón que "será recordado como el ministro que laminó la independencia del CGPJ y dejó la demarcación judicial de España convertida en un páramo judicial".