Dietario de España
Antonio Hernández Rodicio
Un otoño incierto
Bruselas/El Grupo de Estados contra la Corrupción (Greco) del Consejo de Europa ha lamentado este lunes la falta de avances en la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y ha instado a las "autoridades" a desbloquear esta situación "crítica" de bloqueo que ayer domingo alcanzó los cuatro años ante la incapacidad de las formaciones políticas de llegar a un acuerdo para nombrar a los 20 vocales del órgano de gobierno de los jueces.
"Esta es una situación altamente insatisfactoria; se insta a las autoridades a tomar medidas decididas en esta área clave", ha señalado el Greco en las conclusiones de su informe de evaluación sobre las recomendaciones que en materia de corrupción se hicieron a España a raíz de la Cuarta Ronda de Evaluación en 2014 con respecto a los parlamentarios, jueces y fiscales.
En el documento, el Grupo de Estados ha recordado que ya en el pasado recomendó a España que llevara a cabo una evaluación del marco legislativo por el que se rige el CGPJ, así como de sus efectos sobre la "independencia real y percibida" del órgano de gobierno de los jueces frente a "cualquier influencia indebida" para que subsanara las deficiencias detectadas.
En esta edición, como ya hizo en informes anteriores, el Grupo ha concluido que dicha recomendación aún no ha sido implementada y ha reiterado nuevamente la necesidad de eliminar la selección del turno judicial por parte de los políticos. A su juicio, el sistema de selección del CGPJ y la politización que se percibe de este "no es una preocupación menor".
Al margen, ha indicado que considera "muy preocupante" que el CGPJ en funciones no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial a raíz de la reforma de a Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que se aprobó en marzo de 2021.
Según ha precisado el Greco, en esta ocasión, las autoridades españolas han avisado que las negociaciones sobre la renovación del CGPJ se reanudaron el pasado octubre, pero se frustraron a finales de ese mismo mes.
El Grupo de Estados ha lamentado la "falta de resultados positivos para implementar la recomendación" y ha hecho hincapié, nuevamente, en las normas del Consejo de Europa sobre la elección del turno judicial en los consejos judiciales.
El Greco ha insistido en que, cuando hay una composición mixta de los consejos judiciales, las normas establecen que "los jueces deben ser elegidos por su pares" y que las autoridades políticas no deben estar "involucradas" en "ninguna etapa" del proceso de selección.
"Por último, pero no menos importante, el estancamiento de cuatro años en la designación del CGPJ es un tema de preocupación crítica, que debe abordarse con carácter prioritario", ha subrayado el Consejo.
En el marco del documento, el Greco ha recordado que también había recomendado a España que se establecieran en la ley criterios objetivos y requisitos de evaluación para el nombramiento de los altos cargos del Poder Judicial para garantizar que dichas designaciones "no ponen en duda la independencia, imparcialidad y transparencia de este proceso".
El Grupo de Estados contra la Corrupción evaluó esta recomendación como parcialmente implementada en el Segundo Informe de Cumplimiento. Aunque reconoció los pasos tomados para aumentar la transparencia en el sistema de designación de los rangos más altos de la judicatura, consideró que se podría haber hecho más para simplificar los requisitos y procedimientos aplicables en este ámbito.
En esta ocasión, no ha habido avances porque las autoridades españolas han indicado que –dado que no se ha producido la renovación del CGPJ– "no hay nada nuevo que informar en esta materia". Así las cosas, el Greco ha lamentado "la falta de nuevos desarrollos en este ámbito".
La ministra de Justicia, Pilar Llop, acudirá el próximo 12 de enero al Parlamento Europeo para explicar la situación en España con la reforma del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que este domingo ha cumplido cuatro años en funciones tras un nuevo intento fallido del PP y el PSOE de negociar su renovación.
Fuentes parlamentarias confirmaron que la ministra de Justicia ha aceptado la invitación para comparecer ante la comisión de Libertades Civiles del Parlamento Europeo sobre este órgano y su reforma, aunque los diputados podrán preguntar a la titular española sobre otros asuntos de su cartera.
El grupo de vigilancia de la Democracia, el Estado de derecho y los Derechos Fundamentales de la Eurocámara ya analizó el pasado mes de septiembre a puerta cerrada en una sesión ordinaria la situación del Estado de derecho en España y la renovación del CGPJ, pero a ese encuentro no acudió ningún representante del Gobierno español pese a que la ministra de Justicia estaba invitada.
Las fuentes señalaron que Llop había mostrado una preferencia por comparecer ante la comisión de Libertades Civiles al completo en lugar de ante el grupo específico de Estado de derecho, por lo que se ha consensuado que acuda a Bruselas el próximo 12 de enero.
La Comisión Europea urgió en julio por tercer año consecutivo a España a desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial y a emprender una profunda reforma para reforzar su independencia, una petición que recogió el informe anual 2022 sobre el Estado de derecho en la Unión Europea (UE).
Aunque el informe reconoce algunos progresos en el sistema judicial español para mejorar su calidad, por ejemplo en la digitalización, alerta de que la renovación del Consejo de la judicatura "sigue pendiente desde diciembre de 2018".
En paralelo, el PP planea este mismo lunes llevar a la reunión de coordinadores de la Comisión de Libertades Civiles una solicitud para que Llop comparezca también sobre las propuestas de reformas que afectan al Código Penal, como la del delito de sedición o la posible del delito de malversación, así como las consecuencias de la entrada en vigor de la conocida como "ley del solo sí es sí".
La petición popular se tratará esta tarde a partir de las 18.30 horas.
La comisión parlamentaria a la que acudirá Llop es también la que ha pedido la comparecencia del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que explique la gestión del Gobierno de la tragedia del 24 de junio en Nador (Marruecos), donde 23 inmigrantes murieron al intentar cruzar la valla de Melilla.
Al menos dos grupos políticos, populares e Izquierda, han solicitado que se envíe una nueva carta al titular español de Interior, una posibilidad que también se debatirá esta tarde.
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