Dietario de España
Antonio Hernández Rodicio
Un otoño incierto
País Vasco
El proyecto de ley de la consulta planteada por el lehendakari sostiene que su convocatoria no precisa de la previa autorización del Estado y prevé un procedimiento similar a la celebración de unas elecciones, con la participación de organismos dependientes de la administración central.
Este proyecto de ley de consulta, aprobado ayer por el Ejecutivo de Vitoria, ha sido entregado hoy a la presidenta del Parlamento Vasco, Izaskun Bilbao, por el lehendakari, Juan José Ibarretxe, acompañado por los miembros de su Consejo Político, Joseba Azkarraga (EA) y Javier Madrazo (EB).
El texto, que se tramitará ahora en la Cámara de Vitoria por lectura única, sin posibilidad de enmendarlo, recoge las dos preguntas hechas públicas ayer como artículo único.
El proyecto contiene además, en ocho páginas, una exposición de motivos, en la que se explica el proceso que ha llevado al lehendakari a convocar la consulta tras fallar el proceso negociador con el presidente Rodríguez Zapatero, una disposición adicional y tres finales.
En el proyecto se hace referencia a ETA exclusivamente en la primera pregunta y en la exposición de motivos, ya hechas púbicas ayer.
Allí se explica que el objetivo de la consulta es saber si la ciudadanía apoyaría la "apertura de un proceso de negociación para alcanzar la paz y la normalización política, es decir, para exigir a ETA el fin de la violencia".
La convocatoria de la consulta se basa en el artículo 9.2 del Estatuto de autonomía, que establece la obligación de los poderes públicos vascos, en el ámbito de sus atribuciones, de facilitar "la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social".
En varias ocasiones se sostiene que la consulta no tendría carácter vinculante y que, al no tratarse de "una consulta popular por vía de referéndum, en cualquiera de sus modalidades" no le afecta la Ley orgánica de regulación de los referendos, ni "precisa, por tanto, la previa autorización del Estado para su convocatoria".
De hecho el proyecto de ley, ya en su disposición adicional, prevé que la oficina del Censo electoral, dependiente del Instituto Nacional de Estadística, participe en la consulta, remitiendo la documentación necesaria para emitir el voto por correo.
En el proyecto también se prevé el trabajo de las juntas electorales provinciales, que remitirían el resultado de la consulta a la de la Comunidad autónoma, que se lo comunicaría al lehendakari y a la Presidencia del Parlamento Vasco.
También se contemplan las subvenciones a los partidos políticos con representación en el Parlamento Vasco en sus "gastos electorales" originados por el envío directo y personal a los electores de propaganda, sobres y papeletas o cualquier otro elemento de propaganda.
Un anexo incluye la papeleta mostrada ayer por el lehendakari y un calendario que recoge los plazos de nombramiento del personal implicado en la consulta o de otros momentos del proceso, de forma similar a la celebración de un proceso electoral.
De hecho, el proyecto contempla los quince días de campaña electoral y un día de reflexión previo al 25 de octubre.
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