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Juicio en el Tribunal Supremo
Tras la confusa declaración del ex ministro Juan Ignacio Zoido el viernes pasado en el Tribunal Supremo, quien fuese su número dos, José Antonio Nieto, ha desplegado ante los magistrados el relato acusador de la rebelión en la que incurrieron los dirigentes del procés. Valga como contextualización una de las respuestas que el ex secretario de Estado de Seguridad ha dado al fiscal: "Todo fue muy surrealista, todo, pero lo que más esa reunión de la junta de Seguridad de Cataluña, porque nos habíamos reunido para impedir el referéndum del 1 de octubre con quienes lo habían convocado". Si no se rompe, como ha hecho Nieto, el espejismo de la hipocresía es imposible siquiera entender qué ocurrió esos días en Cataluña, con independencia de si se incurrió o no en un delito de rebelión.
En esa junta de Seguridad a la que se ha referido Nieto, que se celebró el 28 de septiembre, asistieron entre otros el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, su consejero de Interior, Joaquín Forn, y los responsables operativos y políticos de los Mossos. Según ha declarado Nieto, se les advirtió que "había riesgo real de violencia" el 1 de octubre, porque, previamente, las intervenciones de la Guardia Civil en los registros para incautar material del referéndum habían sido contestadas de manera hostil. Y, en ocasiones, con el uso de la fuerza, tal como ocurrió en los registros del 20 de septiembre en la Consejería de Economía.
En respuestas al fiscal Zaragoza, Nieto ha explicado que los grupos que esperaban a los guardias en esas actuaciones habían sido alertados, previamente, por "medios de comunicación" y estaban organizados por los comités de defensa del referéndum (CDR), "amparados a su vez por otras organizaciones". ¿Y cuáles eran? La Asamblea Nacional de Cataluña y Omnium Cultural, las dos organizaciones dirigidas por Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, ha contestado Nieto, las dos organizaciones a las cuales la Generalitat había encomendado la movilización popular con magníficas subvenciones.
La declaración de Nieto es importante para argumentar que sí hubo violencia, si se entiende ésta como la amenaza permanente del disturbio callejero y que, además, se llegó a materializar en algunos casos, no sólo el 20 de septiembre en la Consejería de Economía. "La violencia la pudimos ver todos", indicó Nieto al referirse a estos sucesos que obligaron a la secretaria judicial a escapar por un teatro anexo al edificio oficial.
A la pregunta del fiscal de si él advirtió del riegos de violencia, aseguró: "Fue peor, porque eran ellos quienes nos dijeron que podía haber choques" el 1 de octubre.
El ex secretario de Estado de Seguridad ha aportado un relato más coherente que el de Zoido sobre las cargas policiales del 1 de octubre. Poco después de las 9 de la mañana, el cuerpo de Mossos envió un mail a la Delegación del Gobierno en Cataluña, donde estaba Nieto y el coronel Pérez de los Cobos, donde se daba cuenta de que había dos centenares de colegios donde no se podían cumplir la orden judicial de impedir la votación. Fue entonces cuando salieron los distintos equipos de la Guardia Civil y de la Policía Nacional, y cuando se produjeron los choques con los electores. Al llegar a los colegios, no había equipos de Mossos esperándolos y, en alguna ocasión, ni la pareja de policías que había avisado.
Nieto ha sostenido que no hubo cargas en sentido estricto, sino que se impidió con fuerza, cuando fue necesario, que los concentrados o rodeasen a los agentes o algunos de ellos quedasen aislados. El ex secretario de Estado ha defendido que quienes recibieron a los agentes en los colegios no sólo eran los electores, sino otro tipo de activistas. "Se encontraron a personas cuyo objetivo era impedir el trabajo de los agentes", ha sostenido. “Hubo agresiones a policías y guardias civiles. Un número importante de agentes recibieron golpes o les tiraron vallas”, indicó. “La resistencia, en algunos colegios electorales, llegaron a la violencia”, subrayó Nieto.
El testimonio que ha prestado José Antonio Nieto va a pesar sobre los acusados, puesto que el requisito del delito de rebelión es que haya habido violencia o la amenaza de ésta. En el caso del intento de golpe de Estado del 23-F, se consideró que la amenaza de utilizar las armas que portaban los guardias civiles ante un Congreso secuestrado bastaba para argumentar que sí hubo violencia.
Hasta la declaración de Nieto, las testificales de Zoido y del ex presidente Mariano Rajoy pocos datos se habían aportados sobre este recurso a la fuerza.
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