Dietario de España
Antonio Hernández Rodicio
Un otoño incierto
La crisis catalana
Madrid/La demanda civil que el ex presidente de la Generalitat Carles Puigdemont y sus consellers fugados a Bélgica han interpuesto en aquel país contra el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena gira en torno a unas declaraciones del magistrado que se han falseado en la traducción.
Llarena nunca dijo ante los medios de comunicación que los investigados por el procés fuesen culpables, una supuesta afirmación que motiva la demanda por un delito contra el honor y la reputación impuesta en un juzgado de Bruselas por Puigdemont y el resto de políticos independentistas huídos allí.
El problema estaría en la traducción al francés de las citadas declaraciones pues, mientras Llarena habló ante la prensa sobre los delitos que está investigando utilizando el condicional, en el texto en francés que los abogados de los consellers han presentado la comisión de esos delitos se da por sentada. Se cambia así, el sentido de sus palabras.
"No es el caso que estamos llevando ahora en el Tribunal Supremo, se trata de comportamientos que aparecen recogidos en nuestro Código Penal y que, con independencia de cuál haya podido ser la motivación que les haya llevado a las personas a cometerlos, si es que esto ha sido así, pues tienen que ser investigados", dijo Llarena a la prensa al término de un curso en Oviedo en el que participaba.
Sin embargo, la afirmación que recoge la denuncia es "peu importe ce qui peut avoir été la motivation qui a conduit a des personnes à les commettre, et oui c’est ce qui s’est produit, il faut faire une enquête", es decir: "Con independencia de cuál haya sido la motivación que les haya llevado a cometerlos, como en efecto sucedió, tienen que ser investigados", informó ayer El Confidencial.
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boyle, admitió el martes que la demanda presentada en Bélgica contra Llarena contiene un "error" en la traducción. En declaraciones a Efe, el abogado del ex president glosó "un mero error de traducción" y restó importancia al fallo, ya que no existe ningún tipo de intencionalidad ni cambia el sentido de la demanda. "Por supuesto que es un error", incidió.
Christophe Marchand, otro de los abogados encargados de la defensa de Puigdemont, negó que exista intención de falsear la traducción.
Marchand afirmó desde Bruselas a Efe que se trata de una "traducción jurada", hecha por profesionales, y que no ha existido ninguna voluntad de cambiar el significado ni los hechos, ni de falsear una traducción.
"No entendemos la polémica. Estoy viendo que se centran en una pequeña frase, pero esas palabras se enmarcan en unas declaraciones más extensas en las que el juez (Llarena) se pronuncia sobre lo que es o no un delito político que él mismo está instruyendo y que es el corazón de este caso", agregó.
Para este letrado es "grave" que en sus declaraciones en Oviedo Llarena definiera lo que es o no un delito político, máxime cuando está instruyendo.
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