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ACABAMOS de vivir un acontecimiento histórico: el relevo en la Jefatura del Estado español. Un hito que cierra una etapa trascendental que permitió a nuestro país romper las ataduras de la dictadura para iniciar un periplo de progreso y modernidad al abrigo de la democracia.
Juan Carlos I pasará a la historia como uno de los artífices del Estado de Derecho que entre todos alumbramos tras cuarenta años de dictadura. La implantación y consolidación de la democracia, la promulgación de la Constitución de 1978, la generosidad de los partidos políticos al aparcar sus idearios en nombre del bien común y el deseo de la mayoría social de vivir en libertad e igualdad, conforman el valioso legado de una etapa histórica fundamental para España, que no podemos permitirnos el lujo de olvidar o minusvalorar. Constituyen los sólidos pilares que nos sostienen a la hora de afrontar las adversidades del presente y construir los proyectos de futuro.
El relevo en la Jefatura del Estado se enmarca en la normalidad del desarrollo del modelo de país establecido en la Constitución, y viene a sumarse a ese nuevo tiempo que tantos españoles demandan. El proceso de sucesión se ha planteado con plenas garantías democráticas y con escrupuloso cumplimiento de lo que dicta nuestro Estado de Derecho. Y al estar este relevo liderado por una nueva generación, invita a pensar que Felipe VI asume su reinado con renovadas energías y pleno conocimiento de los retos que tiene por delante.
En la actual coyuntura de crisis económica, institucional y territorial, los representantes públicos tenemos la obligación de estar a la altura de la ciudadanía. Demostrar que somos capaces de recuperar la estabilidad económica del país y generar la confianza suficiente para sellar nuestra democracia con legitimidad social.
Los ciudadanos demandan instituciones útiles y transparentes. Y representantes públicos que no sólo les escuchen, sino que les atiendan y respondan de manera eficaz a sus necesidades.
La monarquía, como todas las instituciones, ha perdido valoración ciudadana en los últimos años. La recuperación del prestigio de la Casa Real tendrá que ir ligada al avance en transparencia y rendición de cuentas y al ejercicio de su responsabilidad de Jefe de Estado dentro de las funciones que le otorga nuestro marco constitucional. Nuestro país necesita estabilidad económica, política y social y el nuevo Rey puede colaborar a crear el clima necesario de diálogo para afrontar los desafíos que tenemos por delante.
Desde Andalucía defenderemos siempre dos premisas innegociables: la igualdad de todos los españoles y el respeto por la diversidad de sus territorios. Ése fue el gran regalo que Andalucía, a la par que conquistaba su autonomía, le hacía a toda España aquel 28-F de 1980, sentando las bases que nos han proporcionado cohesión social todos estos años. Un legado que no podemos dilapidar.
España debe seguir siendo un proyecto común, un proyecto de futuro. Y Andalucía ayudará, como siempre, a que así sea. Para poder avanzar, defiendo una reforma de la Constitución que, desde el más amplio consenso, modernice el actual modelo de Estado, para que todos nos sintamos cómodos, y blinde derechos fundamentales como la sanidad, la educación, los servicios sociales y la atención a las personas con dependencia.
Son muchos e importantes los retos que afronta nuestro país. A la urgencia de la recuperación económica y del empleo, debemos sumar la recuperación de derechos y libertades. No podemos permitirnos mirar atrás con añoranza ni mirar adelante sin esperanzas.
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