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El segundo aniversario del referéndum unilateral del 1 de octubre de 2017 llega en pleno rebrote de la tensión política en Cataluña, a raíz del encarcelamiento de siete miembros de los Comités de Defensa de la República (CDR) y en vísperas de la sentencia del Tribunal Supremo sobre el procés.
Éstas son las diez claves que dan contexto a la efeméride:
El factor más determinante de los próximos días será la sentencia del procés que dictará el Supremo, previsiblemente antes del 16 de octubre, cuando se cumplen los dos años en prisión preventiva de Jordi Cuixart y Jordi Sànchez y habría que prorrogarla, un asunto que no gusta entre los jueces.
Desde las filas independentistas reclaman la absolución de los 12 encausados -nueve de ellos en prisión provisional- que afrontaron el juicio del procés entre febrero y junio, pero a la vez dan por hecho que habrá condenas, por lo que desde hace meses hay conversaciones para intentar pactar una respuesta unitaria.
Tanto Puigdemont como los otros seis dirigentes independentistas que huyeron de España para evitar el juicio están muy pendientes del desenlace de la sentencia, ya que el juez instructor, Pablo Llarena, puede decidir reactivar las euroórdenes de detención que él mismo retiró tras la negativa de un tribunal alemán de entregar al ex president.
Los contactos discretos aún no han servido para que partidos y entidades soberanistas acuerden una estrategia de respuesta si hay condenas, más allá de prever masivas movilizaciones de protesta, que podrían incluir un paro de país y ocupaciones de espacios clave.
El Parlament aprobó el jueves una resolución de la CUP, apoyada por JxCat y ERC, que avala la "desobediencia civil e institucional" para defender derechos civiles, políticos y sociales, pero no hay acuerdo en cómo traducir esas palabras a los hechos, y en ciertos sectores existen serias dudas sobre la conveniencia de ese camino.
Aparcada la idea de un Gobierno de concentración sugerida por ERC y descartado de momento otro referéndum, los independentistas apuestan por reclamar una "amnistía" y ejercer la autodeterminación, sin aclarar todavía en qué formato se ejercería.
La conmemoración del 1-O llega bajo el impacto de la Operación Judas, que implicó el ingreso en prisión de siete miembros de los CDR por presuntamente integrar una organización "jerarquizada" que pretendía instaurar la república catalana por "cualquier vía, incluso la violenta".
JxCat, ERC y la CUP denunciaron que detrás de la operación hay una voluntad del Estado de infundir "miedo" a las puertas de las movilizaciones que puede desatar la sentencia, mientras que los partidos constitucionalistas les recriminan que no se desmarquen de unos detenidos a quienes se acusa de preparar sabotajes violentos.
El independentismo oficial hace tiempo que se siente incómodo con el protagonismo que puntualmente tienen los CDR, con una estructura anarquizante, descentralizada y sin cabezas visibles, acostumbrados a actuar sin supeditarse a estrategias institucionales.
Sus choques con los Mossos en algunas manifestaciones ya habían puesto en alerta a los partidos del Govern por el temor a que las acciones incontroladas de los CDR agrietaran el relato de la no violencia, y las detenciones del pasado lunes no hacen más que confirmar que el riesgo es real.
El 1 de octubre de 2018, en el primer aniversario de la efeméride, el presidente de la Generalitat, Quim Torra, se dirigió a "los amigos de los CDR" para animarlos a seguir presionando para hacer efectiva la independencia: "Apretad, hacéis bien en apretar", dijo en Sant Julià de Ramis (Gerona), unas palabras que se han convertido en munición para la oposición.
Torra ha sido uno de los más vehementes a la hora de restar crédito a las acusaciones que pesan sobre los CDR detenidos, e incluso ha dirigido una carta al presidente en funciones, Pedro Sánchez, para mostrar su "indignación", al considerar que todo forma parte de una estrategia oculta para vincular el movimiento independentista al terrorismo.
No ha esperado a conocer, pues, cuáles son los indicios recabados durante un año por la Guardia Civil, pese a que según el juez los detenidos podían haber incurrido en los delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos.
El primer efecto de la entrada en prisión de los CDR fue una tensa bronca en el Parlament entre diputados independentistas y de Cs, con cruce de insultos y crispadas discusiones en el hemiciclo.
El presidente del grupo parlamentario de Cs, Carlos Carrizosa, acabó siendo expulsado tras ser llamado cuatro veces al orden, después de manifestar su "inmensa vergüenza" por las muestras de apoyo de los diputados de JxCat y ERC a los encarcelados.
Tanto Cs como el PP-C han alertado de la deriva "violenta" de un movimiento independentista que hace bandera del carácter pacífico de sus reivindicaciones.
Se avecinan semanas complejas para el cuerpo de los Mossos y para un conseller de Interior, Miquel Buch, más cuestionado que nunca entre las bases soberanistas tras las cargas recientes contra unos manifestantes que trataban de impedir un desahucio en Barcelona y tras la polémica por el posible uso de gas pimienta para atajar altercados este otoño.
El propio Torra se ha mostrado a menudo más sensible con quienes critican la actuación de los Mossos que con los argumentos de su conseller, que antes del verano se mostraba dispuesto a desempeñar un papel relevante al frente de JxCat y que ahora se ve debilitado.
Más allá de un octubre que ya se prevé caliente, hay en el horizonte dos juicios que pueden remover todavía más el tablero político en Cataluña.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) fijó para el 18 de noviembre el juicio a Torra, que puede ser inhabilitado por no retirar a tiempo los lazos amarillos en campaña electoral.
Entre los días 19 y 22, el TSJC juzgará a los miembros soberanistas de la Mesa del Parlament durante la legislatura del 1-O y a la ex diputada de la CUP Mireia Boya por permitir la tramitación de las leyes de desconexión en 2017.
Octubre se verá también condicionado por la repetición de las elecciones generales. El PSC las afronta con buenas expectativas y con la esperanza de arrebatar a ERC la victoria que consiguió el 28A.
El proceso de reordenación del espacio político de JxCat tenía que culminar en julio, pero las discrepancias internas sobre el proyecto estratégico y los nombres que deberán liderarlo obligaron a aplazarlo a septiembre; al final, nada se ha desencallado y la cita del 10-N ha forzado a posponer de nuevo cualquier solución.
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, apuntó ayer que no puede "condenar lo que no existe", ya que "el independentismo siempre ha sido pacífico" y por ello "choca contra la violencia de manera natural": "Nosotros no somos violentos", aseguró. En su intervención en un acto de JxCat frente a la prisión de Lledoners (Barcelona), el president afirmó que él "siempre" ha rechazado la violencia, eso sí, "cuando se ha producido". Por su parte, el ministro del Interior en funciones, Fernando Grande-Marlaska, evitó pronunciarse ayer sobre el presunto vínculo entre los CDR detenidos y Torra y pidió que se deje actuar a los tribunales. "Dejemos que estas cuestiones se vayan desarrollando donde se tienen que desarrollar, que es en el ámbito judicial", afirmó.
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