El abogado demandante no comunicó a Garzón que iba a hablar con Correa y Crespo

El abogado Ignacio Peláez, autor de la querella contra Baltasar Garzón por las escuchas del caso Gürtel, ha admitido que no comunicó al juez que iba a entrevistarse en la cárcel con los cabecillas de la trama, Francisco Correa y Pablo Crespo, pese a que el reglamento penitenciario así lo requiere.

A preguntas del abogado de Garzón, y en su declaración como testigo, Peláez -que representa al constructor José Luis Ulibarri, imputado en el caso Gürtel - tampoco ha podido acreditar la existencia del volante expedido por el Colegio de Abogados que certificaría que había sido "expresamente llamado" por esos internos para entrevistarse con ellos en prisión. Tras reconocer que "documentalmente" no ha podido demostrar que Correa o Crespo le llamaran, Peláez ha añadido, sobre las visitas que hizo a la cárcel de Soto del Real el 25 de febrero y el 6 de marzo de 2009: "Lo que sí puedo decir es que el funcionario me ve entrar en el locutorio, que Crespo no puso inconveniente y que los funcionarios no me dijeron nada. Entiendo que estaba autorizado".

El reglamento penitenciario establece que los letrados que acuden a prisión presenten "un volante de su respectivo Colegio, en el que conste expresamente su condición de defensor" del interno, requisito exigido también cuando, sin representar a éste, sean "expresamente llamados" por el recluso. En este último supuesto, que es en el que Peláez enmarca su visita, el reglamento exige también que el abogado presente "autorización de la autoridad judicial correspondiente (en este caso, Garzón) si el interno fuera un preventivo", como lo eran Crespo y Correa.

El abogado de Garzón, Francisco Baena, ha señalado además que las conversaciones intervenidas en las que Peláez basó su querella, conocidas después de que se levantara el secreto del sumario, estaban ya expurgadas. A este respecto, Peláez ha dicho que lo que le preocupa no es lo que figura en la causa, sino los datos a los que el juez y la Fiscalía pudieron tener acceso y que no se trasladaron a la misma. "Lo que me preocupa es que no tengo datos, yo no sé todo lo que se ha oído. No todo se ha transcrito, ese es mi gran problema. Estoy convencido de que hay elementos incriminatorios que yo he mencionado y se están utilizando. El simple hecho de que se me esté escuchando ya me parece grave", ha señalado el letrado. Peláez ha recalcado que las conversaciones con Correa y con Crespo eran para preparar la defensa de su cliente, "y no para blanquear", y que pudieron ser conocidas por la Policía, la Fiscalía y el juez instructor.

Preguntado por si el día que su cliente declaró ante Garzón, el 4 de marzo de 2009, se le formuló alguna pregunta relacionada con lo hablado en prisión, el abogado ha respondido: "El informe de la Policía ya estaba en su poder. Ya sabía (Garzón) qué iba a declarar mi cliente. Él conocía las respuestas. No iba a preguntar lo que ya sabía. Sería estúpido". El testigo ha sostenido que los datos obtenidos en las conversaciones siguieron utilizándose después y ha asegurado que se sintió extrañado por la "sagacidad" de la Fiscalía en los interrogatorios cuando Ulibarri volvió a declarar ante el magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Antonio Pedreira. "O habían escuchado las conversaciones o no entiendo cómo hacían esas preguntas", ha dicho.

A preguntas de otro de los acusadores de Garzón, el abogado José Antonio Choclán -que defiende a Correa-, Peláez ha dicho que quizá fue "un poco ingenuo" al pensar que se encontraba en un ámbito que le garantizaba una total confidencialidad, porque de haber sabido que no era sí no habría dicho todo lo que dijo.