La investidura de Sánchez se abre paso

La montaña rusa de la negociación entre ERC y el PSOE para posibilitar la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno parece que está entrando en terreno llano ante las últimas informaciones que llegan desde Madrid, aunque las urgencias de los socialistas se contrarrestan con la calma de los independentistas.

Según fuentes cercanas a los negociadores citadas este domingo por la Cadena Ser y Eldiario.es, la cuadratura del círculo ya se ha completado al dar la formación independentista por bueno el informe de la Abogacía del Estado -que sigue sin ver la luz pública-, un documento que esperan los socialistas como agua de mayo para desencallar la investidura tras el súbito parón que supuso la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre Oriol Junqueras, que le concedió la inmunidad como eurodiputado que le negó el Tribunal Supremo tras los comicios del 26 de mayo.

Según una nota que ha difundido la emisora, la formación soberanista ya estaría dispuesta a que sus 13 diputados en el congreso se abstengan para posibilitar la investidura de Sánchez.

Acuerdo "inminente"

Es más, estima "inminente" el acuerdo entra las dos partes, que al cabo de tres intensas reuniones volvieron a verse las caras el pasado viernes en un hotel de Madrid para reactivar una negociación que entró en barrena tras la sentencia del TJUE.

ERC puso entonces la pelota en el tejado de la Abogacía del Estado, a la que exige un gesto, a despecho de su viejo mantra de que la justicia española está "politizada" .

El caso es que la sentencia del TJUE reconoce la inmunidad de la que debía haberse beneficiado Junqueras para tomar posesión de su escaño tras ser proclamado electo el pasado 13 de junio, pero también lo es que para entonces el juicio del procés estaba visto para sentencia y que ahora su situación es la de condenado por sedición y malversación.

ERC reclama, enarbolando la bandera del fallo del Tribunal de Luxemburgo, la puesta en libertad inmediata de su líder y la anulación del juicio a los responsables del procés por considerarlo "injusto".

No es probable en todo caso que las alegaciones de la Abogacía del Estado puedan llegar tan lejos.

El nudo gordiano del embrollo estriba en la dificultad de conjugar el respeto estricto a la legalidad con los gestos que reclama ERC en beneficio de Junqueras como condición necesaria para facilitar con la abstención de sus 13 diputados la investidura de Pedro Sánchez por mayoría simple en una segunda votación.

De confirmarse el trato con el PSOE y que ERC ve con buenos ojos el pronunciamiento de la Abogacía del Estado, la formación que dirige Junqueras convocará de inmediato a su Consell Nacional. Esquerra descarta reunirlo antes de fin de año, un paso “imprescindible” para cerrar un acuerdo de gobernabilidad con el PSOE, han explicado fuentes republicanas a europa Press.

Así las cosas, se van a reajustar de nuevo los tiempos de un debate de investidura cuyas fechas se preveían, en el último capítulo, para el 2,3 y 5 de enero, lo que no es imposible, pero se antoja difícil.

La última palabra sobre Junqueras la tiene el Supremo, pero el informe de la Abogacía, una institución que depende del Gobierno, goza de un enorme valor político. Se baraja que emitirá su informe sobre la inmunidad de Junqueras planteando su posible excarcelación temporal para recoger la credencial de eurodiputado. Lo que, por cierto, no sería ninguna novedad, puesto que los servicios jurídicos del Estado ya defendieron eso mismo el pasado junio.

La última curva a la vista en esta recta final de la culminación del trato entre ERC y PSOE es la decisión de la Junta Electoral Central sobre los recursos del PP para que comunique al Parlamento Europeo la pérdida de condición de diputado de Junqueras, por un lado, y para retirar el acta de Torra en el Parlament... Decisión prevista para el 3 de enero, en pleno proceso de investidura posiblemente.

Cualquier chispa puede incendiar una autopista de la gobernabilidad en la que los socialistas van a estar permanentemente en el alambre bajo el yugo de los independentistas.

Mientras tanto no ha dejado de arreciar la ofensiva de la derecha política y mediática sobre las presuntas presiones a la Abogacía del Estado por parte del Ejecutivo socialista. Lo que ha obligado a la asociación que les representa a emitir este domingo un comunicado "ante las recientes informaciones publicadas" en el que rechaza "cualquier intento de injerencia o presión y especialmente de amenaza que tenga por finalidad desvirtuar o condicionar" el ejercicio de sus funciones.

Comunicado de la Abogacía del Estado

El comunicado, de apenas siete líneas, reivindica que los abogados del Estado deben actuar en sus escritos procesales e informes "con estricta sujeción a criterios técnico-jurídicos", tras lo cual reivindica: "Somos profesionales del derecho y servidores públicos por oposición que garantizamos desde 1881 el sometimiento a la ley y al derecho" y "eso es lo que nos une", concluye.

El Abogado del Estado -como su nombre indica- es un letrado, no un fiscal o un juez. No es una perogrullada, porque implica que el abogado lo es de parte, y por tanto su función no es, como la del Ministerio Fiscal, defender el principio de legalidad en un procedimiento y mucho menos, como la del juez, dictar una sentencia ajustada a Derecho. Cierto es que su cliente no es el partido político de turno, ni siquiera el Gobierno de turno, sino el Estado.

Aunque el que tiene que decidir los intereses de la Administración General del Estado y cómo se defienden mejor en un procedimiento determinado es el Gobierno de turno.

La propia actuación procesal de la Abogacía del Estado en el caso de Iñaki Urdangarín y la infanta Cristina evidenciaba una determinada postura del Gobierno (acusar al cuñado del Rey y no a su hermana), postura que quizás no hubiera sido compartida por un Ejecutivo de otro signo.

La investidura de Sánchez parece que está servida, sin presiones a la Abogacía presuntamente, aunque su demora en emitir el informe Junqueras ha desatado tipo de cábalas.