Los papeles de Bárcenas multiplican las batallas legales y los frentes judiciales

La asignación al juez Pablo Ruz de los denominados "papeles de Bárcenas" unifica en parte el frente judicial del caso, aunque no impedirá que otros dos aspectos colaterales, la responsabilidad de la publicación y las cuitas laborales entre Bárcenas y el PP, sigan su propio camino en los tribunales.

Tras la decisión de la Audiencia Nacional de resolver en favor de Ruz el conflicto de competencias con Javier Gómez Bermúdez, este último deberá ceder las diligencias relativas a la querella presentada por IU y varias asociaciones y colectivos contra Luis Bárcenas, el también ex tesorero del PP Álvaro Lapuerta, los ex dirigentes del PP Rodrigo Rato, Angel Acebes y Federico Trillo, así como ocho empresarios.

Ruz ya había asumido la causa que el juzgado número 30 de Madrid abrió a raíz de una denuncia presentada por el sindicato Manos Limpias contra el ex tesorero del PP por un delito contra la Hacienda pública, falsedad documental y alzamiento de bienes. En ese juzgado se había concentrado previamente otra denuncia, ésta del Observatorio para el Cumplimiento de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, presentada en el juzgado número 10 con el mismo objeto. Ruz centralizará, en una pieza separada del caso Gürtel, todas estas iniciativas sobre la presunta contabilidad ilegal en el PP, además de la investigación que abrió de oficio la Fiscalía Anticorrupción.

Hay un segundo frente: la demanda por vulneración del derecho al honor interpuesta por el PP contra El País y el autor de esos apuntes contables publicados el 31 de enero. Varios dirigentes del PP suscribieron esa demanda a título individual. Se trata de Ángel Acebes, Javier Arenas, Jaime Mayor Oreja y Rodrigo Rato, cuyo nombres aparecían en las informaciones de El País como perceptores de supuestos pagos en negro. El juzgado de primera instancia número 83 de Madrid se ha hecho cargo de este asunto.

Otros dirigentes y ex dirigentes del partido, por su cuenta, han demandado al diario por la aparición de sus nombres en "los papeles de Bárcenas". Un juzgado de Toledo admitió a trámite la presentada por la secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, y uno de Pozuelo de Alarcón (Madrid) entiende de la demanda interpuesta por Aznar contra el periódico en defensa de su honor. Además, en la Audiencia Provincial de Madrid se estudia la apelación de la ex ministra Ana Palacio, una vez que el juzgado número 38 de la capital no admitiera a trámite la demanda que presentó por injurias, falsedad documental y cohecho.

Tercer flanco: el ex tesorero demandó al PP por despido improcedente y por acceder sin permiso al despacho que asegura que mantenía en la calle Génova, así como por el robo de dos ordenadores. Bárcenas sostiene que siguió trabajando como asesor del PP hasta el 31 de enero, fecha en la que asegura que fue dado de baja sin su consentimiento y que coincide con la publicación en El País de la supuesta contabilidad B del partido.

El PP ha negado en todo momento esa versión e insiste en que la relación laboral con Bárcenas finalizó en 2010, tras su imputación en el caso Gürtel. Tras acabar sin acuerdo el acto de conciliación entre las partes, demandó al PP ante el juzgado de lo Social número 16 de Madrid y reclamó una indemnización de más de 900.000 euros.