El PSOE propone limitar por ley la acusación popular y suprimir el delito de ofensas religiosas

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha avanzado que su proposición de ley orgánica de garantía y protección de los derechos fundamentales "frente al acoso derivado de acciones judiciales abusivas", registrada este viernes, busca "impedir los mecanismos de acoso" por parte de grupos "ultras" que usan la acusación popular para fines propios y suprimir el delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, que es utilizado "permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas y periodistas".

López ha añadido que esta iniciativa parlamentaria también recoge que se inadmitan las querellas que se basen en recortes de prensa -asumiendo así "la doctrina del Tribunal Supremo"- y una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) que contemple una nueva causa de recusación para que los magistrados que hayan realizado manifestaciones a favor o en contra de determinados partidos, sindicatos u organizaciones concretas no puedan participar en procesos en los que los mismos formen parte.

López ha destacado que en la actualidad se llevan a cabo acciones judiciales "de forma abusiva con el único fin de atacar a quienes no comulgan" con unos planteamientos determinados, y por este motivo el Grupo Socialista incluye en esta iniciativa cuatro frentes.

"No sólo en España sino también en muchos otros países estamos asistiendo a la persecución y difamación sistemática de artistas, de creadores, de científicos, de periodistas y adversarios políticos por parte de sectores extremistas, sectores de ultraderecha que pervirtiendo las herramientas del Estado de Derecho utilizan las acciones judiciales como vehículo de sus objetivos", ha lamentado.

A su juicio, esta estrategia va cada vez a más y ha puesto como ejemplo el caso de la presentadora del especial de las Campanadas en TVE Lalachus. "Pero en los últimos meses la lista de personas perseguidas y acosadas no ha hecho más que aumentar y en el fondo lo que hacen estos ultras con esta estrategia es vulnerar nuestros derechos fundamentales: el derecho a la libertad de expresión, el derecho a la creación, el derecho al honor, el derecho a la intimidad o el derecho a la tutela judicial efectiva", ha añadido.

La acusación popular, fuera de la instrucción

Sobre el primer bloque que contempla la iniciativa, la reforma de la acusación popular, ha manifestado que se busca que su participación en procedimientos "quede circunscrita a la fase de juicio oral y a la formulación inicial de la querella" porque en la instrucción deben tener protagonismo la Fiscalía y los perjudicados directos por el delito.

López ha resaltado que de esta manera se lograría "acabar con las filtraciones interesadas y constantes de las diligencias por parte de esas acusaciones que tienen objetivos políticos" y "con los intentos abusivos de pedir diligencias desconectadas del objeto de la investigación con el único fin de dar un perfil mediático a un proceso judicial".

Con todo, ha hecho una salvedad, y es que las acusaciones populares sí que podrían recurrir el auto de sobreseimiento si no está conforme con la decisión. Ha indicado, además, que la norma "exigirá que para personarse como acusación popular debe existir un vínculo concreto, relevante y suficiente con el interés público tutelado en el proceso penal correspondiente". "Y el juez deberá comprobar si ese vínculo existe y denegará la personación si no es así", ha resaltado.

Los partidos no serían acusación popular

Pero, además, buscan que los partidos políticos o asociaciones o fundaciones vinculadas con los mismos no puedan ejercer esa acusación popular.

El segundo "mecanismo" que recoge la proposición de ley es "la obligación de inadmitir querellas basadas exclusivamente en recortes de prensa". López ha puntualizado que lo que se busca es incluir en la ley de manera expresa lo que ya es doctrina del Tribunal Supremo (TS), y es que no se puede abrir un proceso penal con meros recortes de prensa sin el menor indicio de irregularidad.

Por otro lado, sobre la supresión del delito de ofensas contra los sentimientos religiosos, el portavoz ha destacado que quieren suprimir el artículo 525 del Código Penal (CP) porque no registra apenas condenas y sin embargo "es utilizado permanentemente por organizaciones ultras y fundamentalistas para perseguir a artistas, a activistas, a representantes electos, haciéndoles pasar por procesos penales que son muy costosos a nivel económico pero, sobre todo, a nivel personal, sin fundamento alguno".

Ha resaltado, no obstante, que con esta eliminación no se despenaliza el ataque o el acoso por motivos religiosos si se ataca o se acosa por su fe en la reputación de una persona, porque para eso está el delito de injurias.

"Si se alienta la violencia o la discriminación contra los católicos, están los delitos de odio. Y si se trata de impedir con violencia la libertad religiosa o la libertad de culto, está el artículo 522 del Código Penal", ha matizado.

En cuanto al cuarto punto relevante de la norma, la abstención y recusación de jueces por declaraciones de contenido político, ha comentado que todos los mecanismos de acoso tienen un denominador común, "que es la judicialización de la política". "Y la judicialización de la política corre el riesgo de desembocar en una politización de la justicia, porque hay sectores que animan a jueces y magistrados a significarse políticamente para así poder iniciar procesos donde partan con ventaja", ha explicado.

La politización de la Justicia

Para López esto tiene una consecuencia "fatal" para la imagen de la imparcialidad del Poder Judicial, "donde la inmensa mayoría de los profesionales, en cuanto se ponen la toga, toman distancia de sus propias convicciones ideológicas y religiosas".

Por eso, para "asegurar esa imagen de neutralidad y el derecho a un juez imparcial y a la tutela judicial efectiva" reformarán la LOPJ para incluir una nueva causa de abstención o de recusación, de manera que un juez o magistrado que "haya realizado públicamente manifestaciones a favor o en contra de partidos políticos, de sindicatos, de asociaciones u otras entidades públicas o privadas, no podrá participar en un proceso en el que estas personas u organizaciones formen parte".

Tras exponer estos cuatro puntos, López ha esperado "contar con una mayoría suficiente, con una gran mayoría, para sacar --la iniciativa-- adelante", y ha subrayado que no espera que desde el Poder Judicial, los propios jueces "vean con buenos ojos que lo que se hace es garantizar su prestigio, su neutralidad y su buen hacer frente a injerencias de otro tipo".

Sobre el modo de tramitar su iniciativa, que al ser una proposición de ley no precisa de informes del CGPJ y ni del Consejo de Estado, López ha resaltado que la decisión les parece "urgente e importante" para frenar "el acoso de grupos ultras". "Ahora estamos convencidos de que ya hay una sensibilidad social mayoritaria para entender que esto hay que frenarlo", ha añadido.