Dietario de España
Antonio Hernández Rodicio
Un otoño incierto
Las protestas en Cataluña por la condena a los líderes del procés vuelven a poner a prueba la coordinación de los Mossos d'Esquadra con la Guardia Civil y la Policía Nacional y sitúan en el punto de mira a la policía catalana, que, a diferencia del 1-O, será la que coordine la respuesta ante posibles incidentes.
Las entidades soberanistas, agrupadas por la plataforma Tsunami Democràtic, han preparado varios días de movilizaciones en respuesta a la sentencia del Supremo, a las que se sumarán las protestas que acompañen a la huelga general convocada para el próximo viernes y las acciones imprevistas que puedan organizar a través de las redes sociales los Comités de Defensa de la República (CDR) y otros colectivos independentistas.
Para garantizar el orden público en dichas protestas, que el independentismo tiene intención de prolongar en el tiempo, los Mossos d'Esquadra han reforzado su dispositivo Minerva -que se puso en marcha en abril del año pasado, a raíz de las protestas por la detención de Carles Puigdemont en Alemania- y ha movilizado a su plantilla de antidisturbios al completo.
Paralelamente, la Policía Nacional y la Guardia Civil han enviado a Cataluña a cerca de 2.000 efectivos de orden público, cuya coordinación con los Mossos d'Esquadra se ha planificado en las reuniones operativas que mandos de los tres cuerpos han mantenido en los últimos días.
Dichas reuniones han servido para organizar el despliegue policial ante incidentes en infraestructuras consideradas sensibles y en edificios pertenecientes al Estado, que estarán custodiados por una primera línea de policías nacionales y guardias civiles y una segunda de mossos d'esquadra, que, según lo previsto, será el cuerpo que estará en todo momento en contacto con los manifestantes.
Responsables de los tres cuerpos estarán presentes en el Centro de Coordinación (CECOR) que comandará los dispositivos de orden público, bajo la dirección del comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, a diferencia del 1-O, cuando fue el exalto cargo del Ministerio de Interior Diego Pérez de los Cobos el encargado de organizar la respuesta policial para impedir el referéndum.
De esa forma, será el Departamento de Interior el que decida si es necesario intervenir, y de qué forma, ante posibles incidentes y ocupaciones, reservando a la Policía Nacional y a la Guardia Civil para funciones de apoyo a los Mossos d'Esquadra, en caso de necesitar esos refuerzos.
Ello sitúa de nuevo en el disparadero a los Mossos d'Esquadra, un cuerpo al que la gestión policial del 1-O ha costado el procesamiento por rebelión de su mayor Josep Lluís Trapero y de los exresponsables del Departamento de Interior, así como la imputación de los comisarios que integraban su cúpula durante el referéndum por supuesta pasividad ante la votación.
De hecho, en vísperas del segundo aniversario del 1-O y en puertas de un otoño que se teme tenso en las calles, dimitió como director de los Mossos d'Esquadra Andreu Martínez, a quien el presidente catalán, Quim Torra, ya corrigió públicamente en diciembre del año pasado al cuestionar unas cargas policiales en una protesta contra Vox que el responsable de la policía catalana había avalado.
Tras esos relevos, el comisario jefe de los Mossos d'Esquadra, Eduard Sallent, recordó este fin de semana que la policía catalana cumplirá "en todo momento" las órdenes de jueces y fiscales, en una carta remitida a todos los agentes del cuerpo, donde el año pasado, en el primer aniversario del 1-O, en algunos sectores se dispararon las alarmas por el "apretad" con que Torra animó a los CDR.
El CECOR permanece activo desde el sábado con motivo de la movilización del 12-O, y en los próximos días seguirá la evolución de las protestas por la sentencia, con la intención de garantizar el derecho de manifestación y de actuar con proporcionalidad para dispersarlas cuando comprometan la seguridad, como en cortes de carreteras o intentos de ocupación de infraestructuras.
Las que más preocupan, las movilizaciones espontáneas y las no comunicadas como la llamada "sexta columna" que los CDR han convocado para unirse a las marchas organizadas por Tsunami Democràtic y que saldrá de Castelldefels (Barcelona) el viernes, día de la huelga general, en un recorrido que podría llevarles cerca del aeropuerto de El Prat.
En previsión de incidentes, el aeropuerto es ya una de las infraestructuras más blindadas -con Guardia Civil en el interior y Mossos d'Esquadra en los accesos-, junto a las estaciones de tren, el puerto o el recinto de la Ciutadella que alberga el Parlament.
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