El caso Astapa tendrá sentencia, 17 años después

El Tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga dará a conocer este viernes el fallo del caso Astapa 17 años después de que comenzara su instrucción y en el que hay 37 acusados a la espera de sentencia, entre ellos el ex alcalde Antonio Barrientos, además de empresarios, funcionarios o cargos municipales por la presunta corrupción política y urbanística en el Ayuntamiento de Estepona.

Así, el tribunal ha citado a las partes para la lectura pública del fallo de la sentencia en una sesión en la que han sido convocados todos los acusados en el proceso y sus representantes legales.

El juicio del caso Astapa ha durado más de un año y medio desde su arranque el 9 de enero de 2023, por el que han desfilado más de medio centenar de acusados que finalmente han quedado en 37, tras sobreseer la causa el tribunal a dos de ellos y pedir la Fiscalía retirar la acusación para otros nueve.

En el proceso se han investigado presuntas irregularidades cometidas entre los años 2003 y 2008 relacionadas con convenios urbanísticos, financiación de partidos políticos o el enriquecimiento de algunos acusados, entre los que se encuentran el ex regidor Barrientos, otros ex responsables municipales del PSOE y el Partido de Estepona (PES), funcionarios de carrera o empresarios. En el caso se investigan presuntos delitos de blanqueo de capitales, malversación, cohecho, fraude y prevaricación.

La investigación comenzó en el año 2007, cuyo origen las defensas lo vincularon con el ex comisario José Manuel Villarejo; y 16 años después arrancó el juicio prolongándose hasta el final de julio de 2024, cuando quedó visto para sentencia tras celebrarse la sesión en la que se otorgó a los acusados la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra.

La vista oral quedó dividida en 10 bloques debido al volumen de la causa, con un sumario de 55 tomos y 1.500 folios, comenzando el juicio con las cuestiones previas en enero del pasado año, tras las que el tribunal anuló las escuchas telefónicas. Ello generó que no se hayan podido acreditar en el proceso determinadas actuaciones y pagos considerados inicialmente como supuestamente irregulares, según el escrito definitivo de la Fiscalía Anticorrupción.

En el escrito de conclusiones definitivas, dado a conocer en junio, la Fiscalía rebajó las penas de los acusados y pidió la absolución para nueve de ellos, a los que se retiró la acusación. En el documento, el fiscal mantenía la existencia de dilaciones indebidas que entonces consideró “extraordinarias”, por lo que instaba a aplicar esta situación que atenúa la pena como muy cualificada, según avanzó Europa Press.

El fiscal pide para el exalcalde Barrientos 2 años de cárcel

Así, uno de los principales acusados, el ex alcalde socialista Antonio Barrientos, podría enfrentarse a una pena de dos años de cárcel, una multa de 40.000 euros y 9 años y 3 meses de inhabilitación para empleo público, frente a los 10 años y 9 meses iniciales de prisión, una multa de un millón de euros y 38 de inhabilitación que solicitaba el fiscal inicialmente. Por otro lado, el Ministerio Fiscal mantiene para Barrientos las acusaciones por los presuntos delitos de falsedad, fraude y malversación, de cohecho y prevaricación.

Asimismo, la Fiscalía retiró la petición de indemnización tras haber apartado su acusación penal del caso el Ayuntamiento de Estepona, que queda a la espera de la sentencia para “poder emprender las acciones civiles que considere”, según dio a conocer el Consistorio el pasado junio.

Supuesta existencia de una “Caja B”

El Ministerio Fiscal ha mantenido desde el inicio de la causa que los procesados políticos, a través de sus puestos de responsabilidad, supuestamente realizaron acciones “orientadas a obtener fondos de promotores y empresarios” para “financiar actividades públicas y privadas de los partidos políticos en coalición” y también presuntamente para beneficio propio, según publica Europa Press.

De esta forma, ha manteniendo la supuesta existencia de “una caja B con aportaciones de promotores con intereses inmobiliarios” a través de donaciones o patrocinios de actividad y por presuntas irregularidades en los convenios y aprovechamientos urbanísticos para “beneficiar a ciertos empresarios”.

Por otra parte, en su escrito definitivo, el fiscal matizó respecto a determinados convenios que a lo largo del juicio “no se ha probado que en la negociación de tales acuerdos los responsables municipales de Urbanismo antepusieran el interés de promotoras al del municipio” o qué “no se ha demostrado que tuvieran una causa ilícita” las aportaciones de algunas empresas para eventos deportivos o musicales. También añadió que no se han probado determinados regalos o promesas económicas.