Estepona dará preferencia a los empadronados para acceder a una VPO

El Ayuntamiento de Estepona ha iniciado la tramitación para modificar la Ordenanza reguladora del Registro municipal de demandantes de vivienda protegida, con el objetivo de dar preferencia a los empadronados en el municipio, el contar con un mínimo de 3 años de residencia administrativa en el municipio, según ha informado este martes el Consistorio.

La medida fue avanzada por el alcalde, José María García Urbano, en el Pleno del pasado mes de agosto, y una vez que se ha adaptado la normativa municipal, que data de 2012, el proyecto de modificación ha salido a consulta pública.

Según han detallado desde el Consistorio, la modificación tiene por objeto incluir como criterio de selección de adjudicatarios y suplentes el empadronamiento en Estepona, teniendo preferencia aquellos con residencia administrativa igual o superior a 3 años al momento de la solicitud. Entre los demandantes que cumplen este requisito, se dará prioridad a la mayor antigüedad de la inscripción, han agregado.

Para ello, el Ayuntamiento de Estepona adapta su Ordenanza reguladora del Registro público municipal de demandantes de vivienda protegida a la Ley 1/2010, Reguladora del Derecho a la Vivienda en Andalucía.

Medidas para favorecer la vivienda protegida

Por otro lado, el Consistorio ha iniciado los trámites para dotar al municipio de viviendas protegidas, destinadas a atender la demanda existente, especialmente de personas vulnerables, para lo que el Pleno del pasado marzo dio luz verde a una serie de medidas encaminadas a la agilización de proyectos.

Entre ellas, se encuentra el destinar parcelas que actualmente tienen la calificación de equipamiento público en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a la construcción de viviendas protegidas en régimen de alquiler, han recordado desde el Ayuntamiento.

Para ello, toma como base el Decreto-Ley 1/2025, de 24 de febrero, de medidas urgentes en materia de vivienda, aprobado por la Junta de Andalucía, donde se contempla la posibilidad de construir viviendas públicas en alquiler en parcelas de equipamientos. Todo ello sin la necesidad de modificar los instrumentos de planeamiento, cuando estos suelos no tengan uso específico o estén calificados con el uso genérico de interés público y social, es decir, que no estén reservadas para uso sanitario o educativo.

De este modo, el Consistorio va a realizar, a través de sus servicios técnicos municipales, un estudio y un inventario de aquellas parcelas más idóneas para asignar, conforme a lo dispuesto a la citada ley y al PGOU municipal, el uso residencial para vivienda o alojamiento dotacional. Así, esos suelos se podrán destinar a viviendas en régimen de alquiler o cualquier otra forma de ocupación temporal de naturaleza rotatoria, destinadas a atender necesidades temporales de colectivos con especiales dificultades de acceso a la vivienda.