El exalcalde de Estepona Barrientos, tras la sentencia de Astapa: "La Sala reconoce la legalidad de todos los convenios urbanísticos"

Trece días después de que la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga leyera el fallo sobre Astapa, la última macrocausa sobre corrupción política y urbanística de la Costa del Sol (tras casi 18 años de instrucción), el que fuera el principal acusado, el exacalde socialista de Estepona Antonio Barrientos, ahora condenado a suspensión de empleo o cargo público durante cinco meses y a multa de 40.000 euros, ha convocado a los medios de comunicación en el AC Hotel Málaga Palacio para defender que fue un regidor "honesto, íntegro y decente. Pude meter la pata, pero jamás la mano". "Y la sentencia viene a corroborar ello". Ha indicado que la Sala reconoce la "legalidad de todos los convenios urbanísticos firmados y aprobados durante mi época al frente del Ayuntamiento y constata unas plusvalías de más de cien millones de euros para las arcas públicas".

En un principio, el pilar sobre el que pivotaba la acusación era la infravaloración de los convenios urbanísticos para el enriquecimiento personal y la financiación del partido político, por lo que la Sala pedía diez años y nueve meses de prisión, además de un millón de euros de multa, para Barrientos. "De eso ha quedado claro que la actuación no es que no fuera negligente, sino que fue, vamos, inmaculada". Destaca, asimismo, que de la sentencia se desprende que actuó "dentro de la máxima legalidad". "Solamente dice que acepté unos regalos que no es así".

A pesar de que la pena se ha desinflado sustancialmente, Barrientos ha informado de que ya ha presentado recurso contra la resolución judicial y anunciado que continuará pleiteando en defensa de su "inocencia". "Llegaremos hasta donde tengamos que llegar para que a mi hijo nadie le pueda decir que su padre tuvo una mancha en el traje".

La causa arrancó con más de un centener de acusados. La mayoría han quedado absueltos. Solo 15 han sido los condenados, casi dos décadas más tarde, a penas mínimas, que han quedado rebajadas dos grados al aplicar la atenuante de dilaciones indebidas debido al excesivo tiempo que ha transcurrido hasta obtener el dictamen judicial. "Ha habido gente que se ha quedado en el camino, que se ha suicidado. Ruinas a nivel profesional. Gente que ha tenido infartos. Destrucciones de muchas familias por esta infamia, como ha quedado demostrado al final", ha manifestado Barrientos mientras sostenía la selección de folios que ha hecho de los más de 3.000 que componen la sentencia.

En este sentido, ha considerado que tendrá que ser indemnizado por los seis meses que permaneció de manera preventiva entre rejas, ya que, finalmente, no ha sido condenado "ni a un solo día de prisión". "A mí madre la sacaron del procedimiento, pero estuvo once años imputada, y murió el año pasado con la pena y el sufrimiento de no saber lo que le iba a pasar a su hijo".

"Me gustaría que destacaran, se los pido por favor, la labor de mi madre y de mi mujer, que ha sido fundamental en esta historia. Yo sin mi mujer hoy quizás no estaría en este mundo porque fueron momentos muy complicados y siempre ha estado mi lado". También ha contado que ella lo ha apoyado a seguir hacia "adelante hasta el final, porque nos lo merecemos".

Barrientos no duda cuando se le pregunta si volvería a la política. "No", ha respondido tajante. "Le decía a muchos amigos que si eso sucede les daba un certificado para que me ingresaran en un psiquiátrico", ha bromeado para continuar explicando que es médico y ejerce como investigador. "Nunca me fui de Estepona. He seguido allí con la cabeza alta". "Pero, tengo que seguir luchando y, se lo digo de verdad, sin ningún miedo. No soy una persona que tenga rencor ni odio. Tengo dolor, lógicamente, porque, en fin, esto no se lo deseo a nadie".

Cabe recordar que el juicio del caso Astapa ha durado más de un año y medio desde su arranque el 9 de enero de 2023, por el que han desfilado más de medio centenar de acusados, que finalmente quedaron en 37 tras sobreseer la causa el tribunal a dos de ellos y pedir la Fiscalía retirar la acusación para otros nueve. En el proceso se investigaron presuntas irregularidades cometidas entre los años 2003 y 2008 relacionadas con convenios urbanísticos, financiación de partidos políticos o el enriquecimiento de algunos acusados, entre los que se encontraban funcionarios de carrera o empresarios. Algunos de los delitos que se dirimieron: blanqueo de capitales, malversación, cohecho, fraude y prevaricación.

La investigación comenzó en el año 2007, cuyo origen las defensas lo vincularon con el ex comisario José Manuel Villarejo; y 16 años después arrancó el juicio prolongándose hasta el final de julio de 2024, cuando quedó visto para sentencia tras celebrarse la sesión en la que se otorgó a los acusados la oportunidad de ejercer su derecho a la última palabra.

La vista oral quedó dividida en 10 bloques debido al volumen de la causa, con un sumario de 55 tomos y 1.500 folios, comenzando el juicio con las cuestiones previas en enero del pasado año, tras las que el tribunal anuló las escuchas telefónicas. Ello generó que no se hayan podido acreditar en el proceso determinadas actuaciones y pagos considerados inicialmente como supuestamente irregulares, según el escrito definitivo de la Fiscalía Anticorrupción.

En el escrito de conclusiones definitivas, dado a conocer en junio, la Fiscalía rebajó las penas de los acusados y pidió la absolución para nueve de ellos, a los que se retiró la acusación. En el documento, el fiscal mantenía la existencia de dilaciones indebidas que entonces consideró “extraordinarias”, por lo que instaba a aplicar esta situación que atenúa la pena como muy cualificada.