El tribunal de los ERE pisa el acelerador

La sentencia del caso de los ERE se conocerá a la vuelta del verano. Los tres magistrados de la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla que dictarán el fallo en la denominada “pieza política” de esta macrocausa, en la que están procesados los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán y 19 ex altos cargos –otro fue exculpado antes de que acabara el juicio–, han pisado definitivamente el acelerador para que la resolución esté lista a la vuelta del tradicional parón de agosto en la Justicia.

Un parón que, sin embargo, no afectará a este tribunal, puesto que el magistrado ponente del caso, Juan Antonio Calle Peña, va a sacrificar sus vacaciones estivales para culminar la redacción de la esperada resolución. Según han confirmado a este periódico fuentes judiciales, este magistrado sólo va a cogerse cuatro o cinco días de vacaciones en el mes de agosto y va a retrasar el grueso de sus vacaciones para cuando se dicte la sentencia.

La idea del tribunal es que la resolución de los ERE pueda conocerse a finales de septiembre o a principios del mes de octubre, como muy tarde, y es a partir de ese momento cuando el ponente ha reservado la mayor parte de sus vacaciones. Calle Peña, magistrado muy metódico, tiene previsto acabar en esa fecha la redacción de la voluminosa sentencia, que ha sido consensuada con las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez Caselles. El magistrado lleva ya más de ocho meses encerrado en su domicilio y estudiando en maratonianas jornadas semanales de siete días.

El tribunal ha acelerado de esta forma el dictado de la sentencia de un juicio que finalizó el pasado 17 de diciembre de 2018 tras haberse prolongado la vista oral durante un año. Inicialmente la sentencia no se iba a conocer hasta finales de año, pero el esfuerzo de los magistrados por no dilatar más una macrocausa que comenzó a investigarse el 19 de enero de 2011 ha permitido ganarle varios meses al calendario.

La labor de los magistrados no ha sido fácil, porque el tribunal ha pasado por diversos avatares desde que acabó el juicio. Así, inicalmente las magistradas Pilar Llorente y Encarnación Gómez no tuvieron dedicación exclusiva a este caso una vez que acabó la vista oral, sino que tuvieron que compatibilizar las deliberaciones de esta macrocausa con la atención del resto de juicios y apelaciones que les correspondían por reparto.

No fue hasta el mes de abril pasado cuando la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) acordó que las dos magistradas quedaranexentas de nuevas ponencias y de asistir a juicio durante dos meses –entre los días 22 de abril y 28 de junio–, con la finalidad de “agilizar” la deliberación y redacción de la sentencia.

El Alto Tribunal andaluz también decidió liberar por otros seis meses al ponente, Juan Antonio Calle Peña, quien precisamente tiene de plazo hasta el mes de septiembre para dictar el fallo.

Otro de los avatares de la sentencia se produjo con motivo de una baja por enfermedad del ponente, quien no obstante siguió estudiando el caso y reuniéndose con las otras dos magistradas a pesar de no hallarse en las mejores condiciones.

Junto a estos condicionantes, los tres magistrados se han tenido que enfrentar además a la complejidad de las materias que deben ser abordadas en la sentencia, en la que los diversos peritos que comparecieron en el juicio expusieron opiniones contradictorias, y al elevado número de procesados cuya conducta debe ser analizada e individualiza para decidir si merece un reproche desde el punto de vista penal o no.

Recurrir a artículos doctrinales

Hay que tener en cuenta que sobre muchos de los aspectos que deben resolverse en la sentencia no hay ninguna jurisprudencia de los tribunales Supremo y Constitucional, por lo que el ponente debe acudir incluso a la lectura de “artículos doctrinales” sobre unas materias tan farragosas como las presupuestarias, financieras y contables.

Otra dificultad que se añade consiste en que el tribunal ha de realizar la valoración de una prueba que abarca diez años de funcionamiento de la Administración autonómica (2001-2010) y hacerlo con personas que han ocupado “diferentes cargos y responsabilidades” en el mismo periodo de tiempo, debiendo además el fallo individualizar la actuación de cada uno de los 21 ex altos cargos procesados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Asimismo, el tribunal tiene que valorar tanto lo que los acusados declararon en la fase de instrucción como su testimonio en el juicio, y junto a ello revisar las manifestaciones que en la vista oral prestaron los más de 120 testigos que comparecieron.

Puede coincidir con la sentencia del procés

El tribunal de los ERE dará en estos meses el impulso definitivo para que, salvo complicaciones de última hora, la sentencia se conozca a finales de septiembre o a principios de octubre. Se trata, sin duda, de la sentencia más esperada en los últimos años y que puede coincidir en el tiempo con otra esperada sentencia, la del juicio del procés, que también se espera para septiembre.

La sentencia del caso de los ERE desatará, sin duda alguna, la polémica, sea cuál sea el resultado. Tanto si hay muchas condenas como si hay muchas absoluciones e incluso dependiendo de quienes se vean afectados por la condena o la absolución.

La causa llegará seguro al Tribunal Supremo, que será el que tenga la última palabra, porque unos u otros, la recurrirán, pero en cualquier caso lo que no se podrá negar, más allá del resultado y de la argumentación jurídica, es el esfuerzo y la dedicación de los magistrados a los que correspondió enjuiciar este caso del que, además, dependerá el futuro de las casi 200 piezas separadas por las ayudas de los ERE que todavía están en fase de instrucción en el juzgado número 6 de Sevilla.

Peticiones de condena de hasta ocho años de prisión

En la recta final del juicio del “procedimiento específico” de los ERE, el Ministerio Público sólo introdujo cambios menores en su escrito de conclusiones definitivo. Así, la Fiscalía Anticorrupción mantuvo la acusación contra los ex presidentes de la Junta Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y contra 19 ex altos cargos más, y la retiró contra Antonio Estepa Giménez, que se enfrentaba inicialmente a una petición de diez años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

Los fiscales delegados de Anticorrupción Juan Enrique Egocheaga y Manuel Fernández Guerra reclaman una pena de diez años de inhabilitación por un delito de prevaricación para el ex presidente Manuel Chaves y otros seis ex altos cargos –Gaspar Zarrías, Magdalena Álvarez, José Salgueiro, Francisco Del Río y Antonio Vicente Lozano– y penas de cárcel de entre seis y ocho años de prisión para los otros 15 acusados, a los que atribuye además un delito de malversación, entre ellos el ex presidente José Antonio Griñán, que se enfrenta a seis años de cárcel.

El fiscal rebajó de ocho años de prisión a seis la pena que solicitaba inicialmente para dos ex altos cargos: el ex director de IDEA Jacinto Cañete y la ex secretaria general técnica de Empleo Lourdes Medina Varo.

El principal reproche de Anticorrupción a los ex presidentes y a los otros acusados sigue siendo que no tomaran a la vista de las actuaciones de la Intervención General de la Junta –que alertaban de las deficiencias en el pago de las ayudas durante una década– “decisión alguna en el ejercicio de sus funciones que pusiera freno al procedimiento” seguido por la Consejería de Empleo para la gestión presupuestaria de las ayudas sociolaborales y ayudas a empresas en crisis mediante la utilización de las controvertidas transferencias de financiación del programa 31L.

Y esa pasividad, según la Fiscalía Anticorrupción, tuvo lugar a pesar de que tenían “conocimiento de las irregularidades” que se recogían en los informes de la Intervención y de cuentas anuales de los auditores externos del IFA-IDEA, pese a lo cual siguieron “procediendo a la aprobación de los anteproyectos de presupuestos de los ejercicios siguientes y de sus modificaciones presupuestarias, en su caso”.