Aspromanis denuncia a 12 trabajadores por "trato degradante" a discapacitados
Ya son 16 los cuidadores denunciados y 14 las supuestas víctimas
Detectives detectaron "empujones y algún insulto", y descubrieron a empleados "que dormían descaradamente"
Málaga/Cuando sabían que eran observados, tenían "un comportamiento exquisito". Pero las ocho cámaras que los detectives contratados distribuyeron por la zona de habitaciones evidenciaron, en palabras de la directora de la residencia La Milagrosa, Antonia Díaz, que su actitud con los usuarios, discapacitados gravemente afectados, no era la adecuada. La Asociación Malagueña Pro-Minusválidos Psíquicos (Aspromanis), a la que pertenece el centro, ha denunciado a otros 12 trabajadores por el posible "trato denigrante" que supuestamente han recibido 14 personas de las que cuidaban en la residencia. En total, son 16 los empleados que figuran en los informes elaborados por una agencia de detectives y que ayer los responsables presentaron en el Juzgado de instrucción número 5 de Málaga tras el visionado de varias horas de grabación.
Las imágenes, según la directora de La Milagrosa, recogen "empujones y algún insulto", además de otros comportamientos que consideran "intolerables". "Los usuarios son personas completamente desvalidas, algunos de ellos ni siquiera pueden comunicarse y por tanto, no se quejan de lo que les pasa. Velamos por su calidad de vida, es nuestro objetivo", precisó el presidente de Aspromanis, Alfonso Rubio, que destacó, a modo de ejemplo, que no se debe tardar en secar a una persona después de la ducha y que ésta "no puede quedar mojada". "Es un trato que en sí mismo no constituye una agresión pero es degradante para alguien que necesita que lo lave y le dé de comer. Eso no se puede consentir en la organización", aseveró.
La Policía Nacional ya detuvo a finales de abril a cuatro empleados de la residencia por un presunto delito de maltrato en el ámbito doméstico. En total, son cinco los cuidadores a los que se les ha impuesto una orden de alejamiento del centro, que cuenta con 46 residentes, algunos de los cuales forman parte de él desde hace 40 años.
La investigación se inició a raíz de la denuncia de la directora, que comenzó a detectar que un grupo de trabajadores no cumplían, supuestamente, su jornada laboral. "Nuestra primera sospecha era que en el turno de noche algunos dormían descaradamente, lo cual no es solo una falta laboral sino que supone dejación de cuidados. El que va allí lo hace para trabajar", apostilló Alfonso Rubio. La responsable añade que echarse a dormir en tales circunstancias "es un maltrato pasivo" e implica "negligencia en el cuidado" dado que los usuarios son personas necesitadas de apoyo "en todo momento". "Yo veía amabilidad, y también las familias...", se lamenta.
Fue entonces cuando pusieron el caso en manos de unos detectives, que tras colocar varias cámaras en las habitaciones se percataron de que, supuestamente, se había producido una agresión, lo que podría constituir un delito. "Nuestro abogado está recabando información y formalizando los despidos de estos trabajadores. Ya están apartados y no tienen contacto con los discapacitados. La residencia funciona sin las personas que han deteriorado la calidad del servicio. Había personal con más de 20 años de historia en la empresa", se lamentó el presidente, convencido de que los hechos ocurridos "va a sentar un precedente en la organización" y una "renovación importante desde el punto de vista de la gestión". Asimismo, insiste en la "tolerancia cero" que mantienen con estos casos. "Aspromanis no va a considerar como normales comportamientos que no vayan en sus exigencias en cuanto a la exquisitez en el trato y en el amor y respeto a las personas con discapacidad intelectual, además de la profesionalidad que se les exige", indicaron en un comunicado.
El centro instalará cámaras y revisará los protocolos
La situación a la que la residencia La Milagrosa se ha tenido que enfrentar obliga a los responsables, según el presidente de Aspromanis, Alfonso Rubio, a revisar los protocolos para evitar que hechos como lo supuestamente ocurridos vuelvan a repetirse. "Me preocupa cómo organizar un sistema para prevenir y estar absolutamente seguros de que no se producirán más. Hay que implementar algunos procesos y, si no, los tendremos que inventar", aseveró. Una de las medidas que la organización tiene previstas es la instalación de cámaras de videovigilancia en todo el centro. El portavoz mostró además su disposición a colaborar con la Policía en la investigación. "Ahora, los jueces y magistrados decidirán", agregó la directora.
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