El Ayuntamiento de Málaga paga 13 millones para garantizar el beneficio pactado con Limasa

Fracasado el intento del alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, de municipalizar Limasa, y sin abrirse la puerta a la privatización, el contrato de concesión con los socios privados se sigue alargando en el tiempo sin previsión clara de extinción. Una determinación que tiene incidencias claras sobre las arcas municipales, como la obligación de asegurar a la sociedad un 2% de beneficios antes de impuestos, carga que se tradujo el pasado año en 13.028.807 euros, algo más de 355.000 euros por encima de lo que supuso este mismo concepto el ejercicio anterior.

La losa se dispara hasta los 25 millones si se incorpora la aportación que ya tuvo que hacerse en 2017, cuando entró en vigor (la extinción del contrato estaba prevista en abril de ese ejercicio) la prórroga del contrato que está vigente en la actualidad y que, todo indica, se alargará como poco este año.

El abono de este porcentaje está recogido en el vínculo contractual desde el acuerdo adoptado por la Junta de Gobierno Local de 30 de marzo de 2005. Tomando como referencia este compromiso, la suma global que ha salido de las arcas públicas para satisfacer esta compensación puede rondar ya los 115 millones de euros.

Este es uno de los detalles principales recogidos en las cuentas anuales de Limasa, que serán objeto de debate la próxima semana. Conforme a los números totales, la cifra de negocio de la sociedad mixta (51% está en manos privadas y el 49% restantes en manos del Ayuntamiento) se disparó hasta los 96.170.200 euros, de los cuales casi 77,9 millones se corresponden con los pagos realizados por el Consistorio a cambio de la prestación de servicios, ya sea en forma de recogida de basuras o de limpieza viaria, entre otros. Esta cuantía crece en unos 5,3 millones respecto a lo ocurrido en 2017. Otra de vía de ingreso de la que dispone la empresa de es la venta de material reciclado, que permitió disponer de 5.268.448 euros.

Pero las cuentas anuales vuelven a recoger un concepto que viene siendo objeto de crítica desde hace años: la asistencia técnica. La misma, según los datos aportados por Limasa, se traduce en 2.269.436 euros, que se aportan en concepto del 2,5% de la producción del ejercicio facturada al Ayuntamiento. Al tiempo, se recogen pendientes de cobro 1.004.547,63 euros por venta de subproductos, así como casi 7,1 millones del Ayuntamiento por los servicios derivados de la concesión de la limpieza.

El año pasado, tras conocerse el detalle de las cuentas anuales, el grupo municipal del PSOE ya reclamó que se dejase de pagar por este concepto, aduciendo que en junio de 2014 la Intervención municipal dictaminó que dicho canon era sólo de aplicación a las facturas o certificaciones ordinarias, pero no podía aplicarse a la factura de compensación que se emiten para ajustar el desequilibrio económico de la empresa por los costes laborales.

Del montante global que supone a las arcas municipales el funcionamiento de Limasa, los ya referidos 96,1 millones, buena parte va a parar al pago de los 1.647 trabajadores que de media han estado relacionados con la empresa, cuyos salarios supusieron un gasto de 74,5 millones de euros, casi 5,8 millones más que el año anterior. Ello, en buena medida, como consecuencia de los litigios que actualmente mantienen la empresa y la plantilla. Por su parte, la remuneración recibida por los miembros del comité de dirección de la empresa fue de 1.088.653 euros, levemente superior a la de 2017.

Dentro de la documentación de las cuentas se mencionan, precisamente, una serie de pagos efectuados el ejercicio pasado, como los casi 2 millones abonados para regularizar las pagas de los años 2014 a 2017. El desglose de este abono fue de 867,91 euros brutos por trabajador para los ejercicios 2014, 2015, 2016 y 2017; regularización de la paga de ayuda de diciembre, por 68 euros, en este mismo periodo temporal. Asimismo, las cuentas de 2018 incluyen una provisión de 1.315.418 euros para regularizar la paga de productividad del citado ejercicio, a razón de 867,91 euros por trabajador.