El Ayuntamiento de Málaga aprueba el desalojo de La Casa Invisible en 15 días

Málaga/La Junta de Gobierno Local ha dado hoy luz verde al reinicio de los trámites para recuperar la posesión del inmueble que la Casa Invisible mantiene ocupado en calle Nosquera, 9 y 11. Así, se ha acordado por un lado, desestimar el recurso de reposición planteado por la Fundación de los Comunes a los acuerdos adoptados en la Junta de Gobierno Local del 22 de junio de 2018 de cara a recuperar la posesión del inmueble ocupado.

En concreto, los acuerdos que se aprobaron en esa sesión de Junta de Gobierno hacían alusión a la recuperación del edificio por parte del Consistorio, la orden de desalojo, la entrega de la posesión del inmueble, así como la clausura del mismo.

Consecuentemente con lo anterior, se ha aprobado proseguir con el procedimiento para recuperar de oficio el inmueble de titularidad municipal situado en calle Nosquera 9 y 11.

De este modo, se aprueba el desalojo del inmueble en un plazo de 15 días, advirtiéndose de que si el requerimiento no es atendido se realizará un nuevo requerimiento para que se proceda al desalojo en el plazo de 8 días. En caso de que este plazo no sea atendido se procederá al lanzamiento por el Ayuntamiento con sus propios medios, de acuerdo al procedimiento legal establecido, siendo de cuenta del ocupante los gastos del desalojo. Asimismo, se requiere la entrega de la posesión del inmueble al Ayuntamiento y se ordena la clausura del mismo.

Desde la organización de La Casa Invisible se convocó una manifestación el 27 de noviembre para defender su proyecto de rehabilitación. Esta llamada a la movilización se realizó tras reunirse con el concejal de Urbanismo, Raúl López, la concejala de Cultura, Noelia Losada y el Coordinador General de Ordenación del Territorio y Vivienda, José Cardador.

Desde La Casa Invisible se propuso "una intervención respetuosa por fases, la cual permite compatibilizar actividades culturales con las obras", según anuncian en un comunicado. Desde el Consistorio, defienden en el comunicado, la única postura fue la de encargar un proyecto de rehabilitación a sus técnicos y se planteó la posibilidad de poner a disposición del colectivo dependencias municipales para actividades puntuales.

También se ha dado luz verde en la Junta de Gobierno Local, una vez obtenida la posesión del inmueble, a la redacción del proyecto técnico a fin de dotar al mismo de las condiciones necesarias para cumplir con el destino de equipamiento comunitario fijado por el planeamiento.

Como se recoge en la propuesta que se ha aprobado, en función del presupuesto de ejecución de las obras y recomendaciones de los técnicos en cuanto a la inmediatez con la que haya de acometerse la rehabilitación del edificio, adoptar los acuerdos pertinentes que podrán ir encaminados a la ejecución directa de las obras por el Ayuntamiento y puesta en uso del edificio con carácter previo a la licitación en pública concurrencia de concesión administrativa para uso cultural del edificio, y la licitación en pública concurrencia de concesión administrativa para uso cultural del edificio, con entrega del edificio en el estado en que se encuentre y con la obligación de ejecutar las obras por el adjudicatario si ello resulta viable según la memoria económica que se realice.

Razones de interés público

Las razones de interés público por las que se justifica la inmediata ejecución del desalojo y que la posesión del edificio revierta sobre el Consistorio es necesaria debido al estado de deterioro en el que se encuentra y la necesidad de acometer la rehabilitación integral del mismo, a la luz del informe emitido por el servicio de Conservación y Arqueología de la Gerencia de Urbanismo fechado el 13 de julio de este año, tras una visita de inspección realizada el 7 del mismo mes.

En este sentido, dicho informe recuerda que “como medida de seguridad, el inmueble se encuentra clausurado desde el 19 de diciembre de 2014 a las actividades de pública concurrencia hasta que se adopten las medidas de seguridad exigibles”, además, afirma que el inmueble presenta “deficiencias respecto de la conservación y la seguridad, forjados apuntalados, desprendimientos de cielo rasos, manchas indicativas de filtraciones, tejas sueltas, revestimientos disgregados, daños estructurales puntuales e importantes carencias con respecto a la instalación eléctrica y a la protección contra incidencias”, además considera “necesario que por la antigüedad del edificio, su estado y el valor arquitectónico y patrimoniales que posee, que no se posponga durante más tiempo la rehabilitación integral de las edificaciones, procediendo a su recuperación definitiva en las debidas condiciones de seguridad y habitabilidad en base a su uso definitivo”.