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Málaga/Agentes de la Policía Nacional, en el marco de la operación Erario contra la corrupción y el fraude a la hacienda pública desarrollada en Málaga, han desarticulado un grupo criminal dirigido por un funcionario de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Málaga.
Han sido detenidas 12 personas -seis hombres y seis mujeres con edades comprendidas entre los 27 y 57 años- por su presunta implicación en los delitos de pertenencia a grupo criminal, falsedad documental, contra la hacienda pública y cohecho.
La operación se ha llevado a cabo con la práctica de siete registros en la provincia de Málaga -cuatro domicilios y tres despachos profesionales- en los que se decomisaron varios ordenadores y documentos probatorios. Además en el transcurso de la investigación se han bloqueado, a requerimiento de la autoridad judicial, varias cuentas bancarias y se han intervenido un total de 122.522 euros.
La operación, según han informado desde la Policía Nacional a través de un comunicado, ha puesto al descubierto la involucración en el entramado delictivo investigado de un despacho de abogados y una asesoría de la ciudad y distintas personas físicas, además del despacho profesional del cabecilla de la trama.
La investigación se inició a mediados del pasado mes de marzo con la denuncia de un ciudadano a quien un funcionario de la Agencia Estatal Tributaria en Málaga le había propuesto no abonar a la agencia los tributos que le correspondería pagar en el marco de una inspección tributaria, a cambio de pagarle a él una cantidad mensual fija y una cantidad porcentual al supuesto ahorro.
Las indagaciones realizadas permitieron acreditar que el investigado dirigía y coordinaba una organización criminal asentada en la capital malagueña e integrada por siete personas en la que cada uno de sus miembros realizaba una función determinada que él mismo distribuía y supervisaba, asimismo se pudo acreditar la existencia de otras personas físicas y jurídicas que se beneficiaban de esta estructura criminal para evitar o disminuir el pago de los tributos a la Agencia Estatal Tributaria.
Para la obtención de los objetivos marcados, la red contaba con el asesoramiento mercantil y financiero y la participación de distintas personas físicas y despachos profesionales de la capital malagueña.
El investigado se valía de su puesto como funcionario público para acceder a las bases de datos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, allí obtenía información que posteriormente utilizaba para cometer los ilícitos. Igualmente los investigadores constataron que esta persona falsificó facturas y manipuló declaraciones de determinados contribuyentes.
Asimismo se descubrieron las relaciones del funcionario investigado con un despacho de Madrid para expandir el negocio, llegando a abrir un despacho profesional del que formaba parte junto a otras dos personas.
Como consecuencia de la actividad desarrollada, los defraudadores -identificados y detenidos en el transcurso de las investigaciones- obtenían beneficio económico, justificando fraudulentamente u ocultando datos en las declaraciones de impuestos presentadas ante la Hacienda Pública tanto por sociedades como personas físicas.
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