Juan Calvo, fiscal jefe de Málaga: "La Justicia es la Cenicienta de la administración"

–Cuando fue nombrado fiscal jefe de Málaga pidió más medios materiales y personales. ¿Qué hace falta?

–La administración de Justicia en general, y ahora lo hemos visto con la convocatoria de huelga que al final no se ha concretado, está necesitada de medios tanto personales como materiales desde hace mucho tiempo. Así lo vengo apreciando desde que hace 37 años entré en la carrera. En esos momentos hablábamos de que no teníamos ni un Código Penal y hoy hablamos de falta de ordenadores y de otro tipo de medios en consonancia con los avances tecnológicos. Pero, la realidad es que la inversión en la administración de Justicia no es suficiente. Necesitamos más personal y cuando hablo de personal también me refiero a funcionarios. Esto es una maquinaria que no puede funcionar sin alguna de las patas que lo sustentan. Resulta evidente que las patas son los jueces, fiscales, los letrados de la administración de justicia, médicos forenses y por supuesto funcionarios, tanto del cuerpo de tramitación, de gestión, como del cuerpo de auxilio. Cualquiera de las patas que falte hace que el edificio se tambalee. También necesitamos los programas adecuados. Encontramos mucha deficiencia a la hora de registrar procedimientos, de que se adecuen a lo que realmente tenemos. Necesitamos programas que nos permitan comprobar y controlar el procedimiento desde el principio. Ahora la mesa, como ves, no está mal, se ha aliviado un poco. Después de los tres días de huelga estaba mucho peor, pero lo de papel 0 todavía para la Fiscalía no.

–Siempre destaca la complejidad de Málaga. ¿Qué lo hace especialmente difícil con respecto a otras provincias?

–Hay que distinguir la falta de medios en la administración de Justicia en general, que es lo que estaba explicando, de la particularidad de Málaga en concreto. Yo he estado toda mi vida profesional en Málaga, salvo el periodo de fiscal jefe en Córdoba. Allí aprecié la misma falta de medios. Si bien, es verdad que además de esa falta de medios en general, Málaga tiene una particularidad porque estamos en la costa y eso siempre implica más problemática. Además, la Costa del Sol tiene unas connotaciones muy altas. Se plantea que los delincuentes vienen cada vez más a Málaga atraídos por su clima, su gente, la situación en la que nos encontramos y muchas otras cosas. La realidad es que tenemos una delincuencia más compleja que en otros sitios.

–¿Destaca entonces tanto el volumen como el trasfondo de los asuntos?

–En volumen por supuesto. Pero lo que aquí apuntamos siempre es que el problema de la delincuencia en Málaga no solo es el volumen, que ya es una cosa seria, sino la complejidad. Yo puedo decir que los fiscales en prácticas que están aquí unos meses y luego se van a sus destinos siempre destacan lo que han visto en Málaga, que la mayoría de veces no tiene nada que ver con lo que ven algunos de sus compañeros en otros sitios. Evidentemente procuramos que los asuntos más complejos los lleven fiscales con más experiencia, pero el trabajo hay que repartirlo y el fiscal que llega tiene que tener acceso. Ojalá no tuviéramos que decir esto pero la experiencia que se adquiere en Málaga tarda mucho tiempo en adquirirse en cualquier otra parte.

–¿Está el narcotráfico detrás la mayoría de ocasiones detrás de las conocidas como macrocausas?

–Málaga evidentemente tiene muchas causas relacionadas con el narcotráfico que son macroprocesos, pero también muchas relacionadas con la corrupción. De hecho, tenemos tres delegados relacionados con la corrupción y puedo asegurar que no están parados, o sea, que esas macrocausas tienen mucho que ver con el narcotráfico, pero quizás más con la corrupción. Ahora mismo el más sonado y con el que estamos es el caso Astapa.

–Usted ha velado siempre por la transparencia y abogado los entresijos de la Justicia, pues el no conocerlos puede dar lugar a malinterpretaciones. Muchas veces vemos operaciones policiales en la que se incautan toneladas de droga y después tardan años en enjuiciarse o ni tan siquiera llegan a ello. ¿Por qué ocurre esto?

–Por la falta de medios. La provincia de Málaga es especial en esos delitos, pero también en la carencia de medios pese a su complejidad. Aún así hay que distinguir los juzgados de Málaga capital y los de los pueblos. En los de Málaga capital suele haber juzgados con experiencia, con guardias muy controladas de 24 horas, además de fiscales y los funcionarios también con mayor experiencia, por lo que cuando cae un asunto de esta índole se nota muchísimo, pero bastante menos que en un pueblo. En un municipio más pequeño suele haber jueces y fiscales que todavía no tienen la experiencia suficiente. Además, tienen menos juzgados que en la capital y muchas veces son mixtos, es decir, llevan civil y penal, por lo que tienen que conocer de absolutamente todo. Por tanto, cuando en estos juzgados cae un asunto como Astapa los hunde irremediablemente porque ni siquiera hay gente para atender los asuntos diarios y normales, y normalmente no se refuerza ni con el tiempo ni con la intensidad necesaria.

–¿La legislación está adaptada a la realidad del narcotráfico y la corrupción? ¿Habría que crear nuevos tipos delictivos?

–Más que nuevos tipos delictivos, lo que echamos en falta son las reformas procesales. Nuestra ley de enjuiciamiento criminal es del 14 de septiembre de 1.882. Ha sufrido muchas reformas, pero seguimos teniendo un cuerpo base muy antiguo. Es obvio que necesitamos una reforma.

–¿Debería la Audiencia Nacional implicarse más en la instrucción de estas macrocausas?

–El problema sobre las leyes procedimentales es que no nos permite que todo vaya a la Audiencia Nacional, pero sí es cierto que lo que necesitan esos juzgados es el apoyo que la Audiencia Nacional tiene como órgano único con jurisdicción en toda España, ya que cuenta con unos medios, unos profesionales y unas competencias que no son las de los juzgados pequeños. Evidentemente esos juzgados pequeños no se pueden convertir en Audiencias Nacionales ni es necesario, pero sí es necesario un plan de refuerzo que esté contemplado en tiempo y en necesidad, y eso desgraciadamente ahora no se da. Necesitamos que cuando ocurren esos casos haya unos refuerzos previstos en la ley, que no tengamos que estar como solemos estar siempre pidiendo refuerzos puntuales. Mandan un fiscal para tres meses, para cuatro.

–Entonces, cuándo piden, ¿sí suelen atender sus solicitudes?

–Nos escuchan en función de los medios. No olvidemos que dependemos tanto los juzgados como la Fiscalía de la administración, bien sea la del Estado o la autonómica. Nosotros pedimos y a veces se nos conceden y otras no. Ahora, para la celebración del juicio Astapa, tenemos un refuerzo, pero han pasado 16 años desde que se inició el proceso. Ha habido mucho tiempo en el que la instrucción no ha tenido ese refuerzo. No puedo decir que la administración no nos escuche, pero no siempre nos da porque no siempre puede. Yo comprendo que la administración tiene unos medios limitados y todos pedimos más. Pero, es cierto que la Justicia es la Cenicienta de la administración.

–Otra de las cuestiones difíciles de comprender para la ciudadanía es la rebaja de penas. Uno de los casos más recientes, contra el conocido como clan de los suecos. El Ministerio Fiscal pedía para cuatro de ellos la prisión permanente revisable y finalmente han sido condenados a entre dos y tres años de prisión, excepto para el autor material de los dos asesinatos juzgados, quien finalmente tiene una condena de prisión de doce años.

–Damos por hecho que la primera petición está bien hecha y la que está mal es la segunda. Podríamos dar por hecho lo contrario. Cuando se inicia el procedimiento y se hace el escrito de acusación, se lleva a cabo en función de las circunstancias que en ese momento existen. Cuando llegamos al juicio, las circunstancias han cambiado y las pruebas pueden ya no estar con tanta claridad, y eso es por lo que a veces se hacen esas conformidades. No hay ningún objetivo por parte de la Fiscalía en que haya más o menos conformidades. Nosotros no funcionamos exclusivamente siguiendo los principios de legalidad e imparcialidad.

–En cuanto a la ley del solo sí es sí. ¿La polémica con la rebaja de penas y la posterior hubieran sido evitables con una mejor redacción de la norma?

–Al fiscal le corresponde seguir la ley. No entramos en sí es mejor o peor, en si nos gusta o no. Es la ley que está en vigor, es la que ha aprobado el poder legislativo y nosotros formamos parte con autonomía funcional del poder judicial, por lo que lo único que nos queda es interpretar y aplicar. Nosotros al final somos los promotores de la acción. Evidentemente si la legislación aprobada tiene una técnica adecuada y depurada mucho mejor. Cuando no la tiene es un problema porque la interpretación es más variable. En este caso nos gustará más o menos, pero la realidad es que cuando yo pongo una pena de cuatro a diez en lugar de seis a diez la estoy bajando. Le podremos dar las vueltas que queramos. Pongo estas cifras como ejemplo. Por tanto, si no se hubieran bajado las penas, la polémica se podría haber evitado.

-En vuestro caso, habéis resistido bastante a la reducción de penas a diferencia de los jueces. ¿Son machistas y fachas con toga cómo se les ha llamado?

-Eso se ha discutido cientos de veces. Si ven las cifras de la carrera judicial y fiscal, la mayoría son mujeres. Yo no me considero machista por aplicar una ley, yo no tengo la culpa de que la ley esté hecha como esta. Yo llevo ya 37 años en la administración y creo que ninguna mujer ha tenido ningún problema relacionado con la igualdad. La fiscal superior es una mujer y a ninguno de los fiscales jefes hombres nos supone ningún problema. La presidenta de la Audiencia Provincial de Málaga es mujer y a ninguno nos supone ningún problema. No digo que no haya nadie que no haya podido tener un problema en algún momento, pero el hecho de que se interprete la ley de una manera no tiene nada que ver con eso.

-¿Acoge por tanto favorablemente la reforma de la ley?

-Al fiscal ni le gusta ni le deja de gustar. Yo aplico lo que el legislativo ha decidido. Si han decidido endurecer o favorecer, es lo que hay. Estoy convencido de que el fiscal no ha de tener opinión, sino aplicar la ley que esté en vigor.

-En el último mes ha habido un repunte de la violencia ejercida por menores.

-La estadística siempre es complicada. No se puede extraer un dato de manera aislada. Sí es real, eso no se puede discutir, que hay más supuestos de violencia porque me parece que la sociedad en general es más violenta y eso es porque los componentes de la misma son más violentos. Los menores están ahí. Tanto en la que ejercer como en la que reciben. ¿Hay un repunte? Sí. ¿Qué está fallando? La educación, indudablemente no hemos sabido realizar los pasos adecuados en la educación para que esta violencia disminuya. De hecho, al contrario, tenemos una sociedad bastante violenta.

-Por los casos que ve, ¿las redes sociales tienen mucho que ver?

-Es cierto que las redes sociales le dan más difusión y puede haber distintas personalidades que quieren tener más notoriedad y las redes sociales se la dan de manera mucho más fácil. Pero tampoco se pueden demonizar los avances tecnológicos, el problema es la utilización adecuada de los mismos. A lo mejor lo que nos hace falta es invertir en educación y que sea esa educación la que nos enseñe a convivir con esos avances. Cuando se hace un avance tecnológico en la educación y resulta que eso se emplea para mejorar algunos aspectos de medicina y casualmente también sirve para destruir y se usa indebidamente no podemos decir que el avance sea malo, lo que es malo es su utilización.

-Había unas puertas abiertas para abordar los grandes problemas de la administración, que es lo que realmente importa. Lo llamativo es la subida salarial, pero esa es solo una de las cuestiones.

-Los funcionarios de la Administración critican que las reivindicaciones sí hayan sido escuchadas y atendidas mientras que las suyas no.

-Yo entiendo las reivindicaciones de los funcionarios porque la administración de Justicia somos todos los que formamos parte de ella y que en la escasez de medios que yo digo no me refiero exclusivamente a jueces y fiscales. De hecho yo aquí en Málaga echo de menos fiscales, pero también muchos funcionarios porque si faltan ellos nosotros tampoco podemos realizar bien nuestro trabajo. El fiscal tiene que tener uan labor de dirección y los funcionarios de ejecución. Si no tenemos quien ejecute, por mucho que intente dirigir no puedo hacerlo. Por tanto, siempre que haya una mejora de jueces y fiscales diremos que nos viene muy bien, pero si esa mejora no va acompañada de la mejora del resto de los funcionarios probablemente no nos sirva de mucho. Ahora mismo hay que mejorar tanto en medios como en personal a la administración de Justicia y no distingo colectivos.