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Málaga/Y en esta Málaga en la que el Ayuntamiento arremete contra los ciudadanos que prefieren un bosque urbano a un rascacielos, volvemos a celebrar el Día Internacional contra el Cambio Climático, el 24 de octubre, para fomentar la concienciación sobre esta problemática con el objetivo de extender la lucha contra el cambio climático a todo el año. Por manido que pueda parecer es necesario insistir en esta serie de referencias. Ya sabemos que el cambio climático es una variación a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos, y que esta puede ser natural o provocada por el ser humano, habiendo en los tiempos recientes muchas más evidencias en este último sentido, es decir, la incidencia antrópica. La cuestión es que ya lo estamos padeciendo en tiempo real. Desde el siglo XIX la quema de combustibles fósiles como el carbón, el petróleo o el gas ha sido su máximo responsable, al emitir gases de efecto invernadero (dióxido de carbono o metano) que envuelven la Tierra, reteniendo el calor del sol y, en última instancia, generando el aumento de las temperaturas.

Las consecuencias de esta subida de las temperaturas terrestres ya las estamos viendo: escasez de agua, sequías, incendios, olas de calor, deshielo de los polos, aumento del nivel del agua, tormentas e inundaciones catastróficas, desertificación, etc. Todo ello, como fenómeno global, puede provocar cambios en la dinámica demográfica de muchos países y así no pocos autores están vinculando la crisis en el África subsahariana, con la pérdida de capacidad productiva de los suelos, incapaces de abastecer a familias que se ven obligados a emigrar buscando una realidad mejor a la que padecen. El resto lo conocen perfectamente. Y es que el mediterráneo se está convirtiendo en una gran fosa común. Es decir, tiene efecto sobre las personas. Además, tiene capacidad para afectar a nuestra salud, al cultivo de alimentos y, en definitiva, a nuestra forma de vida. Una prolongada sequía puede crear el riesgo de importantes hambrunas, mientras que el aumento del nivel del mar sin duda obligará a la población a tener que reubicarse. El mediterráneo es zona de especial afección.

La Agenda 2030 es una hoja de ruta universal que están siguiendo muchos gobiernos, también el español, a través de la aplicación de 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). En este contexto, parece tener sentido la celebración de un Día Internacional contra el Cambio Climático, porque es indispensable que la sociedad esté concienciada sobre los riesgos de esta problemática, dado que nos afecta a todos en mayor o menor medida, no es algo que solo concierne a otros y de cuyas consecuencias sabemos por las redes sociales o los medios de comunicación. Somos todos agentes y víctimas, de tal forma que aunque creamos que la lucha contra cambio climático es tarea de otros, especialmente de los gestores del territorio a través de determinadas políticas geoambientales, a nivel individual se puede actuar aportando en el día a día nuestro granito de arena para frenar las consecuencias. Empezando por la reducción de residuos, la reutilización y el reciclaje, la reducción de emisiones de dióxido de carbono, el ahorro de energía en una situación como la que estamos atravesando, el consumo de productos kilómetro cero, locales o de cercanía, y evitando los plásticos, entre otras.

Pero, evidentemente, la administración mediante su marco normativo tiene mucho que decir en la lucha contra el cambio climático. La revisión, actualización y modificación del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) recientemente aprobada por el consejo de gobierno de la Junta de Andalucía puede ser una buena oportunidad de ser respetuoso con los recursos naturales y con la calidad de vida futura de los andaluces en el marco de la sostenibilidad a la que tanto se aduce. Parece que el objetivo es adaptar dicho plan a la nueva Ley de Impulso a la Sostenibilidad del Territorio de Andalucía (Lista), que vino a agilizar la aprobación de los planes generales urbanísticos de los municipios, que ahora tardan de media nueve años.

El POTA tiene que ser esa herramienta útil para ordenar el territorio, y eso supone una reflexión muy seria referida sobre cuál debe ser la Andalucía que queremos en el corto, medio y largo plazo, porque si bien en algunas zonas de la comunidad autónoma se puede seguir planteando un cierto crecimiento, es imprescindible extremar la protección. Mientras hay algunas zonas que ya están saturadas, en las que no se puede construir nada más, en las que no se debe seguir polarizando el crecimiento con conceptos en desuso, hay otras en las que es necesario reordenar suelo agrícola, o evitar un serio problema de despoblación, o de recalificaciones o de reforzar la protección que existía porque no es suficiente. Equilibrio población-recursos como gran reto de la sostenibilidad.

El POTA nació en 2006, en pleno boom inmobiliario, pero casi 500 municipios, el 77% del total, no tiene adaptado su PGOU a la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía (LOUA), y otros 113 ni siquiera lo han iniciado, generando una situación desigual en la dinámica territorial de los mismos. Por tanto, esta revisión debiera sentar las bases en las que se desenvuelva la acción pública y privada, orientando los procesos de ocupación y uso del territorio hacia los objetivos de cambio climático y de desarrollo sostenible de acuerdo con los nuevos postulados internacionales y contribuir así a la consecución de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.

Recientemente, el presidente de Aehcos reclamaba a los gestores territoriales cabeza, ingenio y talento a la planificación; ¡casi nada! Aunque parezca en algunos casos más fácil encontrar uranio enriquecido, no perdamos la esperanza, porque va mucho en juego, y confiemos en que se imponga el sentido común en la ordenación del territorio.