Cerco a las viviendas turísticas

Málaga/Alquilar viviendas particulares a turistas, independientemente de que estén en un chalé individual o en un edificio lleno de residentes, ha sido la gallina de los huevos de oro en los tres últimos años. Miles de clientes recibidos a través de plataformas en internet, dinero fácil y un vacío legal que ha dado alas a numerosos propietarios que ni tenían registrado ese alquiler ni, por supuesto, los ingresos, estableciendo un evidente fraude a Hacienda. Las administraciones se están empezando a poner las pilas ahora y se quiere regularizar una situación que estaba siendo continuamente denunciada por los hoteleros y por los vecinos sin que se les haya prestado apenas atención. La bola de nieve ya es un alud en toda regla. La Junta de Andalucía tenía registradas, oficialmente, 24.342 viviendas turísticas con 127.218 plazas en 65 municipios de la provincia de Málaga este pasado viernes, aunque desde el organismo autonómico precisan que hay que sumarle un millar de viviendas más que están a punto de inscribirse porque ha habido una avalancha de registros en los últimos días ante el temor de los propietarios de que se endurezcan las condiciones.

El cerco sobre las viviendas turísticas se ha estrechado en apenas dos semanas por dos flancos. El primero ha sido el Ayuntamiento de Málaga, que el pasado 14 de septiembre presentó su ordenanza fiscal para 2019 y establecía una tasa por recogida de basura para los propietarios de viviendas turísticas que oscila entre los 63,9 y los 255,6 euros anuales. Esa tasa, que fue aprobada el jueves en el Pleno por el equipo de gobierno del PP, Málaga para la Gente y el edil no adscrito Juan José Espinosa con la abstención del resto, establece que los propietarios de viviendas turísticas legales deberán abonar 63,9 euros al año si su vivienda tiene de una a cuatro plazas; 127,8 euros anuales si posee entre cinco y ocho plazas; 191,7 euros entre 9 y 12 plazas; y 255,6 euros con más de 12 plazas. "Se genera más basura y deben colaborar también", dijo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Cabe señalar que, al margen del número de plazas oficial de cada vivienda, lo habitual es que se metan más personas de las permitidas en los inmuebles, por lo que la basura que se generaría podría ser mayor. En cualquier caso, la Asociación de Viviendas Turísticas de Andalucía (AVVA) se está planteando recurrir esta tasa en los tribunales porque, según explica su presidente, Carlos Pérez-Lanzac, "las tasas tienen que estar bien justificadas y tendría sentido si hay datos que corroboren que un turista en una vivienda genera más basura que una familia en una residencia normal".

El segundo flanco abierto lo ha protagonizado esta semana el Gobierno central, que se ha reunido con todas las partes implicadas, incluyendo los vecinos, para intentar encontrar un solución. La secretaria de Estado de Turismo, Isabel Oliver, puso sobre la mesa una medida que, en principio, puede suponer un duro golpe al sector pero que los vecinos creen insuficiente porque piensan que llega tarde. El Gobierno propuso que sean las comunidades de vecinos las que decidan si en sus edificios se pueden instalar viviendas de uso turístico o no con una mayoría de tres quintos frente a la unanimidad actual. En estos momentos, con que un vecino -normalmente el propietario de una vivienda que quiere alquilarla a turistas- vete la decisión del resto de vecinos se pueden destinar pisos a turistas sin ningún problema. Si la idea lanzada desde el Gobierno fuera aprobada por el Parlamento -algo que los administradores de fincas llevan años reclamando- solo sería necesario que las tres quintas partes de los vecinos voten que no quieren inmuebles turísticos en su edificio. Pero los vecinos denuncian que, después de tres años de un crecimiento desaforado, ya hay muchos edificios en los que los propietarios de vivienda turística son mayoría o, al menos, sí alcanzan tres quintos. También critican que sean los vecinos los encargados de pelearse unos con otros en unos ambientes que ya están muy tensos.

Pérez-Lanzac denuncia que se está intentado "criminalizar" al sector de viviendas turísticas, que se atenta contra la propiedad privada y que generan riqueza. Precisamente ese último punto es lo que defienden los hoteleros y los vecinos para que sean declaradas actividades económicas y los ayuntamientos, a través de los PGOU, puedan regular la situación.