Cierra el último centro de menores infractores gestionado por la Junta

Málaga/El cierre del último Centro de Internamiento de Menores Infractores (CIMI) de gestión pública en Andalucía, acordado por la Junta, suscitó las críticas del PSOE y de la UGT, que lamentan que se privatice lo que consideran como un servicio público esencial.

La clausura del CIMI San Francisco de Málaga, publicada en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) la semana pasada, fue defendida por la Consejería de Justicia al precisar que ese centro era el único de la comunidad andaluza que no estaba gestionado por entidades sociales.

“Se trata de un modelo implantado por los anteriores gobiernos socialistas”, según han informaron este lunes a Efe fuentes de Justicia, que explicaron que el cierre se enmarca dentro de un plan de “redistribución de plazas disponibles” debido a que hay provincias “sobredotadas” y otras “infradotadas”, como es el caso de Málaga.

La provincias malagueña y de Granada son las que tienen mayor población infractora en Andalucía, pero –al mismo tiempo– menor número de plazas para estos menores, por lo que la mayoría de ellos debía cumplir fuera de su provincia las medidas que le habían impuesto, lo que impedía el trabajo de reeducación con sus familias, apuntan desde Justicia.

En este sentido, anuncian que se licitará un nuevo centro en Málaga con 50 plazas entre las masculinas, femeninas y terapéuticas, tipologías estas dos últimas que no existían antes en la provincia; lo que –a juicio de la consejería– permitirá “un recurso más eficaz y eficiente”.

En cuanto a los 111 trabajadores del CIMI de Málaga, la Junta anticipa que se van a destinar a ampliar servicios de la administración de Justicia, lo que se les informó en una reunión mantenida el pasado 12 de febrero con la Dirección General de Justicia Juvenil y Cooperación.

Por su parte, el secretario general del PSOE de Málaga, José Luis Ruiz, considera “inaceptable” la decisión tomada por el Gobierno andaluz y ha declarado que “se da por definitivo el desmantelamiento de este servicio publico”, lo que se produce tras la privatización el pasado año de parte de los servicios que se ofrecían en el CIMI. En este sentido, ha recordado que ya entonces “se pretendía encubrir un plan premeditado de cerrar el único centro publico de estas características que quedaba en Andalucía”.

Además de expresar su apoyo y reconocimiento a los trabajadores, el dirigente socialista ha destacado el perjuicio que este cese supone a los familiares a la hora de realizar visitas, ya que tendrán que efectuar desplazamientos, ante lo que alude a “las dificultades económicas” que pudieran tener.

“Desde el PSOE de Málaga llevaremos este tema al Parlamento de Andalucía”, anunció Ruiz, que añadió que exigirán “una rehabilitación de las instalaciones para mantenerlo como centro de referencia en materia de justicia juvenil”, así como una ampliación de plazas en “respuesta a las necesidades que tiene la provincia”.

Por otro lado, volvió a pedir “más medios y coherencia” a la Junta para seguir luchando contra la pandemia, apuntando que “el Gobierno andaluz sigue actuando de manera improvisada tomando decisiones contradictorias que generan dudas en la ciudadanía”. “Mientras que por un lado hace referencia a la peligrosidad de la cepa británica y la explosión de contagios en Andalucía, por el otro ya está hablando de salvar la Semana Santa”, dijo.

Por su parte, la UGT criticó el cierre del CIMI al argumentar que el procedimiento ha sido “arbitrario” y “opaco” por no hacer partícipes de la decisión “ni al Comité de Empresa ni al equipo directivo del centro”, al tiempo que reprocha que la Junta haya dejado “en el aire” el futuro de los trabajadores. UGT advirtió de que esta clausura “compromete el éxito del tratamiento y de la resocialización”.