Citan como testigo al excomisario Villarejo en el juicio de Astapa para esclarecer el origen de la instrucción

Las supuestas irregularidades del comisario jubilado José Manuel Villarejo en el caso Astapa debido a la "elaboración de informes falsos" para "sus intereses personales y urbanísticos" en Estepona, tal y como han señalado durante las defensas de los acusados, lo sitúan en el ojo del huracán. Es por ello que la Sección Tercera de la Audiencia de Málaga lo ha citado como testigo, según han informado fuentes judiciales.

Aunque todavía no hay fecha confirmada, Villarejo tendrá que declarar ante el tribunal de la Sala en calidad de testigo. Y es que la mayoría de letrados que han expresado sus cuestiones previas durante las dos primeras jornadas lo han acusado de elaborar informes falsos a través de un grupo de policías con el que contaba, además de asegurar que poseía información restringida de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional.

Por ello, la mayoría de abogados de los imputados insisten en la nulidad de la instrucción en su totalidad debido al "comportamiento absolutamente ilegal de las Fuerzas y Cuerpos de seguridad del Estado", lo que ha derivado -según sus palabras- en "un efecto devastador sobre cualquier análisis de valoración de pruebas", pues defiende estar basada en una "construcción artificial".

El origen del caso

La investigación de Astapa se inició en 2007, a raíz de la denuncia de dos concejales del PSOE, partido que por aquel entonces gobernaba en coalición con el Partido de Estepona (PES). Las primeras detenciones por este caso se produjeron un año después, en junio de 2008.

La causa llegó a tener más de 100 personas imputadas, aunque finalmente se sientan en el banquillo medio centenar. Se han investigado fundamentalmente delitos de cohecho, blanqueo de capitales, malversación de caudales públicos, fraude y prevaricación.

El fiscal apunta a que cuando en junio de 2003 tomaron posesión de sus cargos en el Ayuntamiento "tuvieron que hacer frente a la desastrosa situación económica" en el municipio, pero "en vez de programar políticas de austeridad optaron por mantener e incluso aumentar un gasto público inasumible con los recursos presupuestarios".

"Para eludir cualquier mecanismo de control interno o externo optaron por financiar buena parte de ese gasto con la creación de una 'Caja B', que básicamente se nutriría de aportaciones de promotores y empresarios con intereses inmobiliarios", dice la Fiscalía.

La Fiacalía entiende además que presuntamente los acusados "también aprovecharon" para contribuir, junto a otros procesados, "a la financiación subrepticia de actividades electorales de sus respectivos partidos políticos por parte de empresarios favorecidos por resoluciones municipales y para obtener un lucro personal", con supuestos incrementos patrimoniales de algunos acusados. En la causa se han investigado convenios tanto de planeamiento como de aprovechamiento "y se han detectado medidas "tendentes a beneficiar a ciertos empresarios a costa del interés público".