Colectivos despiden a discapacitados por los que recibieron subvenciones

Dos de los colectivos integrantes de la Federación Provincial de Asociaciones de Discapacitados Físicos y Orgánicos de Málaga FAMF Cocemfe Málaga, Grupo Corporativo FAMF y el Grupo Corporativo Adiscar, han despedido de manera "improcedente" en los últimos meses a al menos tres trabajadores con alguna minusvalía y por los que, al parecer, recibieron subvenciones de la Junta de Andalucía.

Así queda acreditado en varias sentencias judiciales y documentos entregados a este periódico por algunos de los afectados, que, verbalmente elevaban la cifra a cinco contratos rescindidos, al tiempo que sospechan que tras sus despidos está el interés de la federación por contratar "nuevo personal discapacitado con el único fin de recibir las ayudas por fomento de empleo". Este extremo fue desmentido por el presidente de estos grupos, Joaquín Fernández Recio, quien justificó la acción de los ex trabajadores en un intento de represalia contra la federación.

De acuerdo con la orden de incentivos de ayudas a centros especiales de empleo, de 4 de octubre de 2002, la Administración autonómica aporta 12.021 euros "por cada puesto de trabajo que se cree a jornada completa", a lo que se suman bonificaciones como la totalidad del 100% de la cuota patronal a la Seguridad Social.

Uno de los afectados es Pascual Bueno, quien durante unos seis años trabajó como informático de la FAMF y el Grupo Corporativo FAMF y fue despedido el 19 de noviembre de 2007. Finalmente, alcanzó un acuerdo con la empresa, que reconoció la "improcedencia" del despido y le indemnizó con una cuantía económica. "Se contrata, se despide, la propia empresa lo reconoce, pero ni se le advierte, ni se le sanciona... Hablamos de mucho dinero", comentó Bueno a este periódico. Asimismo, Francisco Domínguez, despedido de manera improcedente por Adiscar, percibió 1.000 euros en compensación.

Otro de los afectados, Antonio José Guillén Bernal, fue contratado de manera indefinida por la FAMF el 29 de abril de 2006 como conductor del eurotaxi para el que la federación disponía de licencia municipal desde 2001 y despedido el 11 julio de 2008 después de no aceptar una serie de exigencias por parte del colectivo, como la necesidad de sufragar parte de los costes de mantenimiento del vehículo, según expuso el interesado. Los hechos fueron denunciados en la vía judicial y con fecha 10 de diciembre de 2008 el juzgado de lo Social número 7 de Málaga admite la "improcedencia" del despido.

Guillén puso también en conocimiento de la Inspección Provincial de Trabajo y Seguridad Social su sospecha sobre el "percibo de subvenciones indebidas por parte de la empresa", respecto a lo que el organismo estatal informó de que "se realizarían las investigaciones correspondientes y que en el caso de apreciar infracción a la normativa vigente en la materia se iniciaría el correspondiente procedimiento sancionador". No obstante, según fuentes consultadas, el organismo no detectó anomalía en relación al tipo de contrato. Lo que sí hizo fue reconocer que las actuaciones de "comprobación" del cumplimiento de las obligaciones de los beneficiarios correspondían a la entidad concedente, es decir a la Consejería de Empleo de la Junta, y el control financiero a la Intervención General de la Junta de Andalucía.

Interpelado por este asunto, el delegado provincial de Empleo, Juan Carlos Lomeña, dijo tener constancia de la existencia de un único despido improcedente entre los hechos denunciados, respecto al que se ha iniciado el procedimiento para que el ente beneficiado por la subvención regional devuelva la bonificación percibida, que no supo precisar. Y eludió cualquier otra acción de mayor envergadura: "Lo que no podemos es quitarle veinte o treinta subvenciones", apostilló. Asimismo, dudó de la existencia de una estrategia por parte de estos grupos con el fin de beneficiarse de nuevas ayudas autonómicas y aludió más a un enfrentamiento interno en la federación.

No obstante, sí admitió que no existe control sobre los despidos improcedentes salvo denuncia, aunque "sí comprobamos que hay un contrato detrás de la subvención que damos". A este respecto, los afectados criticaron el nulo seguimiento que hace la Junta de las ayudas económicas que aporta por la contratación de personas con discapacidad.