Condenada la directora de Parque Animal a casi cuatro años de cárcel

Málaga/La directora de Parque Animal de Torremolinos, Carmen Marín, ha sido condenada a tres años y nueve meses de prisión por el caso del exterminio masivo de miles de animales durante años destapado por el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil en noviembre de 2010. El Juzgado de lo Penal número 14 de Málaga ha declarado culpable a la presidenta de la llamada Protectora de los horrores de un delito continuado de maltrato animal y por el que le impone una pena de un año de cárcel, mientras que por el delito de falsedad documental la condena es de dos años y nueve meses de prisión además de una multa de 9.000 euros y otra de 10.800 euros por el delito de intrusismo profesional.

La sentencia, dada a conocer ayer y a la que tuvo acceso este periódico, también incluye la inhabilitación de Carmen Marín durante tres años para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales, así como a la indemnización de todos los afectados denunciantes con la cantidad de cien euros a cada uno en concepto de daño moral, 3.000 euros a uno de los veterinarios que trabajó para ella y el pago de las costas judiciales incluidas todas las acusaciones personadas en el procedimiento que se ha prolongado durante seis años.

El juez también ha condenado a Felipe Barco, el otro imputado en este caso y ex trabajador de la protectora de Torremolinos, como "cooperador necesario criminalmente responsable" de un delito continuado de maltrato animal a la pena de un año de cárcel y la inhabilitación especial durante tres años, así como de un delito de intrusismo profesional con una multa de 3.600 euros.

En la sentencia, el titular del Juzgado de lo Penal 14 considera como hechos probados que al menos desde principios de 2008 y hasta octubre de 2010 la todavía presidenta de la Asociación para la Protección de Defensa de los Animales Parque Animal y su colaborador "ejecutaban los sacrificios de los animales personalmente, sin control alguno veterinario, sabedores del sufrimiento que infligían y a pesar de ser responsables de su bienestar". Así, explica que el modo de proceder consistía en que Carmen Marín inyectaba al animal sin previa sedación y por intramuscular el eutanásico Dolethal, mientras que Felipe Barco sujetaba al animal si era preciso inmovilizándolo con su rodilla o empleando un lazo para que "aquella pudiera pincharle en el abdomen, el pulmón, el lomo o donde tuviera por conveniente con menor dosis del medicamento de la que está indicada".

Todo ello, asegura el juez en su sentencia, provocaba "una muerte lenta con dolorosa y prolongada agonía a los animales", lo que a su juicio se trataba de "unos padecimientos totalmente injustificados antes de morir". Además, considera probado que los condenados realizaban estos sacrificios "de forma sistemática y regular en el tiempo, en ocasiones hasta varias veces a la semana, incrementándose en los meses estivales y pudiendo llegar a sacrificar hasta varias decenas de animales en una sola sesión", con una finalidad que apunta a que era lucrativa pues de esta forma "las instalaciones de la asociación quedaban siempre libres para poder albergar y recibir animales" por los que cobraba.

Hasta ocho testigos directos declararon en el juicio celebrado el pasado mes de noviembre que presenciaron directamente el modo de proceder de los dos acusados en cuanto a los sacrificios masivos que la sentencia incide en que se producían con "ensañamiento". Sin entrar a valorar el número exacto de animales que pudieron ser sacrificados de esta forma, el titular del juzgado concluye que fue "masivo" y relata que no distinguían entre cachorros, adultos o hembras embarazadas lo que revela "una crueldad e iniquidad en su conducta de grado sumo y un completo desprecio hacia la vida animal especialmente en el caso de Carmen Marín que presidía una asociación cuya misión era precisamente proteger y cuidarlos".

No obstante, el juez comparte con el fiscal que delegado de Medio Ambiente y urbanismo de la Fiscalía de Málaga, Fernando Benítez, que ha ejercido la acusación, la elevación de la pena en el Código Penal en casos de extrema gravedad como éste. En cuanto a la falsedad documental, el juez explica en su fallo que no ha quedado probado que la condenada firmara recetas a nombre de veterinarios ni que firmara los certificados de eutanasia, pero sí que "manipuló" los listados de animales muertos que presentaba, junto a la factura por su incineración, al Ayuntamiento de Torremolinos que tenía adjudicado el servicio municipal de recogida, transporte y albergue de animales abandonados y perdidos a Parque Animal al que pagaba los gastos. De hecho, añade que la "clara manipulación" de estos documentos se debía a "un intento de dar apariencia de licitud a los sacrificios que venía ejecutando".