Desmantelan una red responsable de un fraude del IVA estimado en 2.200 millones de euros

La Fiscalía Europea, contando con la cooperación de autoridades de 14 Estados Miembros de la Unión Europea, ha coordinado actuaciones conjuntas entre las que se incluyen numerosos registros en empresas y domicilios, en relación con un complejo esquema de fraude de IVA relacionado con la venta de productos electrónicos.

Esta acción ha tenido lugar de forma simultánea en Alemania, Bélgica, Chipre, Eslovaquia, España, Francia, Grecia, Hungría, Italia, Lituania, Luxemburgo, Países Bajos, Portugal y Rumanía. En España las actuaciones han sido desarrolladas por distintas unidades especializadas de la Guardia Civil en las provincias de Málaga y Barcelona.

La estimación del fraude investigado en el marco de la operación, a la que se ha denominado Admiral, asciende aproximadamente a 2.200 millones de euros.

Inicio de la investigación

En abril de 2021 las Autoridades Tributarias portuguesas de Coimbra iniciaron la investigación por sospecha de fraude en el IVA de una empresa de venta de teléfonos móviles, tabletas, auriculares y otros dispositivos electrónicos. Tras la entrada en funcionamiento de la Fiscalía Europea en junio de 2021, y en base al nuevo marco legislativo, ésta se hace cargo de la investigación lusa.

A través de la cooperación internacional, los Fiscales Europeos, los Fiscales Europeos Delegados, los analistas de fraude financiero de la Fiscalía Europea y de Europol, así como las autoridades nacionales involucradas, establecieron gradualmente conexiones entre la empresa inicialmente investigada en Portugal con cerca de otras 9.000 entidades jurídicas y más de 600 personas físicas en diferentes países.

Dieciocho meses después de recibir el informe inicial, la Fiscalía Europea ha identificado el mayor fraude carrusel del IVA hasta el momento investigado en la UE.

Las actividades delictivas investigadas se extienden a los 22 Estados Miembros que reconocen la jurisdicción de la Fiscalía Europea, así como Hungría, Irlanda, Polonia y Suecia, y terceros países como Albania, China, Islas Mauricio, Serbia, Singapur, Suiza, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y Estados Unidos.

Implicación de la delincuencia organizada

Más allá de la magnitud del fraude del IVA investigado, lo que destaca en esta investigación es la extraordinaria complejidad del entramado de empresas implicado, conformado a grandes rasgos por empresas que actúan como proveedores de los dispositivos electrónicos y otras que reclaman la devolución

del IVA a las autoridades fiscales nacionales una vez vendidos los dispositivos a particulares a través de plataformas de comercio electrónico, para posteriormente canalizar los beneficios de estas ventas al extranjero antes de disolverse (empresas trucha o missing traders).

Estas actividades no serían posibles sin la participación de varios grupos de delincuencia organizada altamente cualificados, cada uno de los cuales desarrolla funciones específicas en el entramado, lo cual les habría permitido evitar ser detectados durante años.

La lucha de la Fiscalía Europea contra el fraude

Según datos de Europol, el fraude carrusel del IVA o fraude intracomunitario de operadores desaparecidos (MTIC, por su sigla en inglés), es el delito que más beneficios proporciona al crimen organizado en la UE, con un coste de unos 50.000 millones de euros anuales para los Estados Miembros. Siendo este tipo

de fraude un fenómeno delictivo transfronterizo por definición, una vez que alcanza un nivel de complejidad comparable al investigado en la operación ADMIRAL es casi imposible de detectar.

La actuación de la Fiscalía Europea ha permitido investigar esta organización de forma global en toda Europa, haciendo uso de las herramientas y bases de datos nacionales y europeas y con el apoyo de la capacidad analítica y de investigación de la Oficina Central de dicha Fiscalía, así como de Europol y de

las distintas autoridades nacionales involucradas.

En España, la Fiscalía Europea contó con el apoyo de efectivos de las unidades de la Guardia Civil, realizándose un total de cuatro entradas y registros en una empresa de Barcelona y en dos domicilios y un despacho de abogados de Marbella, habiéndose intervenido dos vehículos de alta gama y

diversa documentación mercantil.

Han participado en la Operación ADMIRAL, además de Europol, la Guardia Civil junto con distintos cuerpos policiales especializados de Europa.