Educación exige "máxima celeridad" para desalojar a los 'okupas' del colegio de Torre del Mar
La delegación subraya que es un "problema de seguridad pública" que debe abordar el Ayuntamiento de Vélez-Málaga, que tiene las competencias
Asegura que la situación supone "conflictos de seguridad y salubridad" y lamenta que aún no se haya resuelto
'Okupas' en el patio de un colegio
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La Delegación territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de Málaga ha exigido al Ayuntamiento de Vélez-Málaga “la máxima celeridad” en los “trámites ya iniciados” para desalojar a las personas que han ocupado ilegalmente las antiguas casas de los maestros que colindan con el CEIP Custodia Puga de Torre del Mar. El delegado, Miguel Briones, ha contactado con el alcalde de Vélez-Málaga, Antonio Moreno, y con el comisario principal de la Policía Nacional, Enrique Barón, “para mostrar su colaboración y apoyo” ante esta situación.
En un comunicado remitido después de que este periódico se hiciera eco de la denuncia de la Asociación de Padres y Madres del centro educativo sobre la “peligrosidad” a la que están sometidos los niños de Infantil, que han presenciado “peleas, golpes y detenciones policiales”, Educación, que hasta ahora no se había pronunciado al respecto, aboga por garantizar la “seguridad” de toda la comunidad, especialmente en los horarios de entrada y salida al centro, durante el recreo y cuando se realizan actividades complementarias y extraescolares.
Una detención delante de las ventanas de las clases de Infantil
Se trata, según recoge el escrito, de un “problema de seguridad pública que tiene que ser abordado desde el Ayuntamiento a través de la Policía Local y, en todo caso, por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado como medida preventiva y reactiva”, ya que, a comienzos de marzo, uno de los okupas de estas viviendas fue detenido por la Policía Nacional. Según el AMPA del colegio, el arresto ocurrió en plena jornada lectiva. Aquel día, con casi 500 alumnos en el centro, se produjo "una persecución que acabó con la detención delante de las ventanas de Infantil de 3 años". La intervención policial, reconoce el colectivo de padres, "fue rápida y lo más discreta posible", pese a la “agresividad” que mostró el arrestado cuando salió del colegio e iba a ser introducido en el vehículo.
Educación recalca que el centro ha informado de lo ocurrido al Consistorio veleño “en reiteradas ocasiones”, y asegura que el problema persiste desde hace años”, con los “consecuentes conflictos de seguridad y salubridad que conlleva”. Lamenta así que, pese a ello, “no haya sido resuelto”.
El día en el que la Policía practicó la detención de uno de los okupas, las clases de las dos primeras plantas próximas a una de estas casas de maestros "tuvieron que bajar persianas y cerrar ventanas", para así evitar que los alumnos -unos 120 menores de entre 6 y 11 años- escucharan los golpes y vieran lo que estaba ocurriendo a su altura". El inmueble está situado a "escasos centímetros de las aulas".
Lanzan preservativo, cuchillas y pastillas
La asociación de padres insiste en el "miedo" que sintieron tanto los maestros y conserjes como los menores por los "golpes y caídas de macetas debido a la violencia y agresividad vivida a lo largo de cinco horas". Los niños tienen que "convivir cada día en su patio de Infantil, en sus clases de psicomotricidad, en sus horas de Educación Física o en el recreo, con personas con comportamientos violentos". Y mientras, contemplan cómo se lanzan "preservativos, cuchillas, pastillas y alimentos". En una ocasión, una de las okupas llegó a exhibir "un martillo" en presencia de los menores.
El edificio okupado, de seis plantas, se ubica en el patio del colegio. Son viviendas que, en los años 80, estaban destinadas al profesorado que venía de otras ciudades para impartir clases en el centro educativo. Con el tiempo, quedaron deshabitadas y pasaron a estar ocupadas de forma ilegal por una familia con conductas "conflictivas y peligrosas".
El colectivo de padres y madres explica que, desde que los maestros dejaron de hacer uso de estas casas, "ya no hay una verdad documentada de por qué fueron cedidas, habitadas u ocupadas por familias que no pertenecen" al colectivo para el que estaban destinadas. No obstante, quieren dejar claro que, aunque cuatro de las cinco viviendas "llevan años siendo habitadas por las mismas familias", uno de los moradores falleció y entonces pasaron a ocuparla un grupo de personas que son quienes "exclusivamente" están protagonizando estos conflictos con el centro educativo.
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