Expertos afirman que la Ley de Vivienda reduce la oferta y aumenta los precios en Málaga

Málaga/La Ley de Vivienda ha puesto en boca de todos una serie de conceptos que, hasta el momento, quedaban restringidos a los técnicos: limitación de precios, zonas tensionadas, grandes tenedores... Y que, pese a venir de la mano de una norma de carácter nacional, tienen un gran impacto a todos los niveles. También, naturalmente, en cuanto a la provincia de Málaga se refiere.

El tema ha sido abordado desde el despacho de abogados Andersen, con oficina desde hace unos meses en la capital, en la jornada La Ley por el Derecho a la Vivienda, a fondo, celebrada este jueves, que contó con la participación tanto de socios y asociados de la firma de las ramas de Inmobiliario y Urbanismo, como de expertos del Grupo Insur y de la Asociación Provincial de Promotores y Constructores de Málaga (ACP).

De esta manera, José Miguel Soriano, socio de procesal y director de la oficina de Andersen en Málaga, actuó de maestro de ceremonias del encuentro y brindó el contexto de las materias más controvertidas de la nueva norma: desde los aspectos urbanísticos, hasta la limitación de rentas, pasando por la regulación de los desahucios, así como la regulación de la vivienda pública.

Por su parte, Juan Luis Vives, asociado senior de inmobiliario, puso el acento durante su intervención en el "difícil" encaje de la Ley en el ordenamiento jurídico, puesto que "invade las competencias de las comunidades autónomas", que, al cabo, son las administraciones competentes en materia de vivienda y contra las que algunas regiones (Andalucía, por ejemplo), ya han presentado recursos de inconstitucionalidad. Una convivencia con el resto de normas que, en cualquier caso, la haría "quedar sin aplicación". Asimismo, abordó las limitaciones en concepto de vivienda protegida y “vivienda asequible incentivada”.

La secretaria general de la ACP, Violeta Aragón, explicó que esta legislación cambiante deriva en un escenario de "incertidumbre" que, unido a escollos como "el aumento de las cargas urbanísticas", la "falta de suelo finalista" y el "alto porcentaje de VPO requerido por promoción", están haciendo que el capital "se vaya retirando" del sector del ladrillo haciendo caer la oferta disponible y elevando los precios. También aprovechó la ocasión para destacar que debería potenciarse la colaboración público-privada, sobre todo en cuanto a suelos, de forma que se vayan desarrollando las gestiones pertinentes para hacerlos aptos para la construcción con mayor celeridad.

Entretanto, el director de promoción de Andalucía Oriental de Grupo Insur, Juan Conejo, detalló que las exigencias a las promotoras en distintas materias, "cada vez mayores", se traducen en una subida "instantánea" de los costes que suponen "acabar con el margen" de estas empresas y que la vivienda se esté convirtiendo "en un bien de lujo".

Mientas que Ignacio Sáenz de Santamaría, socio de inmobiliario, se centró en la regulación de los arrendamientos e indicó que, "de acuerdo a la historia y la estadística", las leyes que han contemplado su limitación han tenido "el efecto contrario". En lo referido a ésta, sólo contempla topes de cuotas en las zonas calificadas como tensionadas, generando "una subida de los precios fuera de ellas", pero también que los propietarios "pongan mayores trabas" a sus arrendatarios, que alquilen sus propiedades "en fraude de ley", que aumente la "obsolescencia" de las viviendas y que, finalmente, "retiren sus inmuebles del mercado".

Desde un punto de vista urbanístico, Javier Martín-Merino, socio del área de urbanismo, puso de manifiesto algunas claves concretas que, desde el punto de vista puramente legal, generan falta de definición y de conceptos jurídicos de la Ley, que en esa "invasión de competencias" dejan demasiada amplitud a una interpretación "arbitraria basada en criterios no definidos, ni aplicables, provocando inseguridad jurídica".

Eduardo González, socio del área de inmobiliario, por su lado, analizó los criterios básicos que fija la Ley en el ámbito de la ordenación territorial y urbanística para ampliar la oferta de vivienda social y pública, "con el fin de facilitar el acceso a una vivienda digna".