La defensa de Porras y Pomares dice que el fiscal desvincula el delito de malversación del caso Villas del Arenal

Málaga/La defensa de los concejales del Ayuntamiento de Málaga Teresa Porras y Francisco Pomares ha informado de que la Fiscalía Anticorrupción "desvincula" el delito de malversación de fondos públicos de los hechos por los que están siendo investigados los dos ediles, así como el gerente de Urbanismo, José Cardador. Así lo ha dado a conocer el abogado José Carlos Aguilera al término de la declaración que los tres investigados en esta causa han prestado ante el juez encargado de la instrucción y que se ha alargado algo más de tres horas y media.

"El posible delito de malversación ya no es objeto de investigación", ha expuesto el letrado, que ha informado, además, de que en el caso de Porras el ministerio fiscal "da un paso más y se cae también el delito de falsedad documental". Conforme a las explicaciones aportadas, tanto Pomares como Cardador, a ojos al menos de la Fiscalía, seguirían estando posiblemente relacionados con los delitos de falsedad documental, tráfico de influencias y prevaricación, mientras que Porras solo lo estaría en estos dos últimos.

Según Aguilera, al inicio de las declaraciones solicitó al fiscal que precisase los delitos por los que se iba a preguntar a sus defendidos, dado que la denuncia original correspondió a la Fiscalía de Medio Ambiente, siendo posteriormente asumida la causa por Anticorrupción. Ante esta petición, el fiscal, Valentín Bueno, habría apuntado que no iba a tener en consideración la malversación para todos los implicados, además de la falsedad documental en el caso de Porras.

Otras fuentes judiciales, por el contrario, han negado que tal pronunciamiento se haya producido, apuntando que que lo que habría hecho es sugerir una vía para esclarecer rápidamente el perjuicio económico que habría supuesto para las arcas municipales el hecho de que hayan caducado expedientes urbanísticos sancionadores. El Ministerio Público, según las fuentes, pretendería evitar así que se eternice la instrucción de la causa pidiendo informes a otras administraciones para aclarar este extremo.

A la espera de las declaraciones fijadas para el próximo 30 de abril y el 7 de mayo de los ex jefes de Urbanismo que denunciaron la existencia de "injerencias políticas" por parte de los ediles y del directivo municipal, Aguilera ha anunciado su intención, compartida por la defensa de Cardador, de "pedir el sobreseimiento y el archivo de la causa”.

De la diligencia con la que se produzca el pronunciamiento del juez dependerá en buena medida que el asunto Villas del Arenal entre o no de lleno en campaña. Cabe recordar que tanto Pomares como Porras forman parte de la candidatura con la que el alcalde, Francisco de la Torre, optará de nuevo a la reelección en los comicios locales del 26 de mayo.

La posición del regidor hasta la fecha ha sido de defensa a ultranza de los ediles, una posición que podría verse obligado a modificar de mantenerse la situación de investigados de ambos avanzada la instrucción. Sobre este particular, el abogado defensor cree posible que la decisión por parte del juez sea rápida, considerando incluso la posibilidad de que tenga lugar antes del inicio oficial de la campaña electoral de las municipales.

Otra de las principales aportaciones que deja la jornada de declaraciones de hoy es que, según Aguilera, la apertura de los más de 200 expedientes abiertos por la Gerencia de Urbanismo en Villas del Arenal pudo tomar como punto de partida unas pruebas obtenidas de manera "ilícita". Ha aducido, en concreto, que el vuelo realizado por la que fuera jefa de Disciplina Urbanística Teresa Domingo, junto a un inspector y a un fotógrafo, a bordo de un helicóptero de la Polícía Nacional se hizo sin que existiera protocolo de colaboración alguno ni autorización judicial.

"Hemos puesto de manifiesto cómo se inician los expedientes, cómo no hay autorización judicial que ampare ese vuelo; hay jurisprudencia para afirmar que las pruebas de cargo en los expedientes sancionadores y de restablecimiento se han obtenido de forma ilícita, con lo que la consecuencia es la nulidad de unos y otros expedientes", ha apostillado, añadiendo su intención de plantear este asunto no solo en el juzgado sino también ante la Gerencia de Urbanismo. Preguntado por las consecuencias que puede tener respecto a sus defendidos, no ha sabido precisar cuáles pueden ser los efectos en el procedimiento penal, aunque sí ha considerado que en caso de archivarse los expedientes y se comunica al juzgado "alguna repercusión tiene que tener, es una obviedad".

En este punto, ha admitido su sorpresa por el hecho de que "nadie haya reparado en ello" hasta ahora. Sirva de referencia que los expedientes cursados tiene ya unos seis años de antigüedad. Y ante esta situación, ha sido concluyente: "tengo la certeza jurídica de que los expedientes deben archivarse".

Lo expuesto por el abogado de Pomares pone en evidencia la actuación de Urbanismo en la tramitación de las irregularidades encontradas en Villas del Arenal, restando la posible responsabilidad del concejal de Ordenación del Territorio y del propio gerente. "El gerente tiene un jefe de departamento, uno de negociado, uno de servicios jurídicos y a buen seguro tiene otras tareas diferentes a testar si la corrección de los expedientes es buena o no y tiene 16.000; para eso están los jefes de servicio y de departamento y los servicios jurídicos", ha añadido.