La Fiscalía abre una investigación por supuestas "injerencias" en Urbanismo

Málaga/La Fiscalía de Málaga abrió diligencias de investigación a raíz de la denuncia presentada por el grupo municipal de Ciudadanos en el Ayuntamiento tras las acusaciones de dos ex jefes de Urbanismo en la comisión de investigación sobre la tramitación de expedientes de infracciones urbanísticas respecto a presuntas "injerencias políticas".

Así lo apuntaron fuentes fiscales, quienes indicaron que la Fiscalía acordó iniciar dichas diligencias para llevar a cabo las actuaciones necesarias para el esclarecimiento de los hechos denunciados, verificar si se corresponden con algún delito y también en lo relativo a determinar posibles responsabilidades penales.

En la última sesión celebrada de dicha comisión, dos ex jefes del área, Alberto Íñiguez y Teresa Domingo, aludieron a supuestas "injerencias políticas" en la tramitación de expedientes sancionadores o de disciplina urbanística, en especial en el relativo a la promoción Villas del Arenal, respecto al que dijeron que responsables políticos les instaron a "mirar para otro lado".

En este sentido, el fiscal tomará declaración como testigos a estos dos ex altos cargos de urbanismo y a otra persona más; al tiempo que instará a la Gerencia de Urbanismo a que remita copias de los expedientes de disciplina urbanística, ya sean sancionadores o de restablecimiento de legalidad, que se iniciasen sobre dicha promoción.

En el escrito presentado por la formación naranja se señalaba que uno de los ex cargos, Alberto Íñiguez, apuntó a la existencia de "injerencias políticas" en expedientes administrativos, "citando que en una reunión en la que estaban los ediles Teresa Porras y Francisco Pomares, ésta le dijo que 'allí había que mirar para otro lado' y que ella era la concejala".

Otra funcionaria Teresa Domingo aseguró que el gerente de Urbanismo, José Cardador, le dijo en una visita a Villas de Arenal "que si no podíamos mirar para otro lado y dejar prescribir las infracciones". Asimismo, afirmó que puso al alcalde, Francisco de la Torre, al corriente "de lo que estaba sucediendo", apuntando "que Pomares y Cardador nunca me dijeron prevarica, pero sus órdenes me obligaban a ello".

Por su parte, Pomares, Porras y Cardador están estudiando la posibilidad de ejercer a título personal las acciones legales que en derecho les puedan corresponder por las manifestaciones de los comparecientes y defendieron que se actuó "de forma impecable" y "dentro de la legalidad vigente".