La Fiscalía se opone a la libertad del bróker encarcelado en Málaga por estafas con bitcoins

La Fiscalía rechaza ahora la puesta en libertad para Javier Biosca, el bróker que permanece encarcelado en la prisión de Alhaurín de la Torre por su presunta relación con una macroestafa piramidal con criptomonedas como creador de Algoritmhmics Group. Pide así que continúe en prisión provisional, comunicada y sin fianza. El Ministerio Público cambia su criterio y se basa en la posible "existencia de indicios racionales de criminalidad, peligro de fuga, oscurecimiento de la prueba o peligro de destrucción por el investigado", además de para evitar que pueda "producir daños en los bienes de la víctima" e impedir la comisión de nuevos delitos.

La medida se conoce apenas unas semanas después de que el fiscal pidiera al juez de la Audiencia Nacional Alejandro Abascal libertad bajo fianza de un millón de euros para el investigado. La solicitud no se derivaba entonces de un escrito, sino que se trataba de una petición oral que el representante del Ministerio Público realizó aprovechando la declaración de Biosca ante el juez, celebrada ese mismo día, y en la que se acogió a su derecho a no declarar.

La defensa del acusado, por su parte, mantiene que no existe peligro de fuga al haberse levantado el secreto de las actuaciones y han sido aseguradas las órdenes internacionales de investigación, por lo que solicita que se sustituya la medida cautelar de prisión por otras menos gravosas.

Según el escrito de la Fiscalía, de la investigación realizada hasta el momento se desprende que los querellados Javier Biosca, su esposa y el hijo de ambos se presentaban como un "bróker especialista en el mercado de criptomonedas". Aseguraban tener una experiencia de más de cinco años e indicaban que su actitud se centraba en la "inversión por cuenta ajena de capitales para la obtención de rendimientos por medio de la compraventa de criptomonedas".

"Un sistema que permitía miles de operaciones por minuto"

Los acusados, en palabras del ministerio público, decían disponer de un "sofisticado sistema de algoritmos que permitía realizar miles de operaciones por minuto de compra y venta de diferentes criptomonedas

que reportaban elevadísimos beneficios". De esta forma, supuestamente "lograron captar a múltiples

querellantes, a los que prometía un interés semanal de 10% o 20%".

Biosca, como presunto líder de la organización, tras recibir el dinero de los perjudicados en las cuentas corrientes que había designado, en lugar de pagar los intereses contratados, "sacaba el dinero de estas cuentas o wallets, y los transfería a otras cuentas". Y ello, presuntamente, "sin que los perjudicados recibieran el interés financiero contratado, y tuvieran conocimiento de las transferencias efectuadas" por el bróker. La Fiscalía cifra en más de 800.000.000 euros el perjuicio originado hasta el momento, cifra que resulta del cálculo realizado por las acusaciones.

El investigado, que tenía en vigor una orden internacional de busca y captura por la presunta estafa, ingresó en prisión en junio de 2021 tras haber sido detenido en la zona de la Axarquía por otro asunto. En noviembre, el juez denegó su solicitud de puesta en libertad para devolver, según argumentaba, parte del dinero a los afectados.

El empresario había remitido un escrito a la Audiencia Nacional reafirmando su disposición a colaborar con la Justicia a fin de quedar en libertad provisional cinco meses después de su arresto. Había solicitado la apertura de una cuenta en una entidad bancaria externa a su nombre con el compromiso de reembolsar las criptomonedas y entregar a los perjudicados el dinero que inicialmente le aportaron para invertir. Se ofrecía a devolver esas cantidades iniciales y no las rentabilidades que prometió.

Pero, según consta en la providencia dictada entonces por el magistrado, el bróker podía "otorgar poder o mandato de representación a persona" (ya sea su defensa o algún miembro de su entorno familiar) para hacer cumplir esa "labor resarcitoria" que ofrecía. De esta forma, el juez valoró que no era necesaria su puesta en libertad, que ahora también rechaza la Fiscalía.