La Fiscalía mantiene que los acusados quisieron matar a Pablo Podadera con "un ataque por sorpresa"
Tribunales
Según el relato de las acusaciones, el joven medió en una pelea en la calle para "apaciguar los ánimos" en una pelea en la calle, y recibió por detrás "violentos puñetazos"
Málaga/La Fiscalía de Málaga y la acusación particular, que representa a la familia del joven muerto tras mediar en una pelea en Málaga en 2017, han mantenido que dos acusados de estos hechos quisieron matar a Pablo Podadera con "un ataque por sorpresa" y una conducta "traicionera" al ser por detrás; con lo que le dejaron "totalmente indefenso". Por contra, las defensas sostienen que no hubo tal intencionalidad.
Los hechos sucedieron en abril de 2017 a la salida de una discoteca. El juicio se ha celebrado esta semana con un Tribunal del Jurado y este jueves tanto la Fiscalía como la acusación particular han ratificado su petición de que estos jóvenes sean condenados por un delito de asesinato.
Según las acusaciones, el día de los hechos, la víctima salió para celebrar su 22 cumpleaños y fue a un local donde estaban los acusados, uno como portero y los otros como clientes. El joven medió para "apaciguar los ánimos" en una pelea en la calle, poniendo una mano en el torso a uno, tras lo que recibió por detrás "violentos puñetazos" supuestamente por parte de otros dos acusados y luego patadas estando en el suelo, lo que le ocasionaron la muerte.
La representante del ministerio fiscal ha reiterado en su informe final que fue un "ataque por sorpresa" ya que los golpes fueron por detrás, dejando "sin capacidad de reacción" a la víctima. Además, ha indicado que los acusados "crearon una situación agresiva", recordando que algunos practican boxeo y que los golpes se dirigieron a la cabeza, tras lo que le "siguieron pateando" en el suelo.
Esta acción, ha dicho la acusación pública, "no se puede hilar" con un delito de lesiones en concurso con otro de homicidio imprudente", que es lo que sostienen las defensas de los acusados; insistiendo en que en las imágenes de una cámara de seguridad se observa todo lo ocurrido. Además, ha rechazado que se les pueda rebajar la pena por ir borrachos y drogados.
Por su parte, la abogada que representa a la familia ha calificado la conducta de estos dos acusados de "traicionera", por cómo se realizó la agresión en la que la víctima quedó "totalmente indefensa". Así, ha insistido en que decir que no sabían la fuerza o la gravedad de la agresión "es inverosímil" y en que "generaron un peligro con esos golpes que no puede calificarse de lesiones".
Por su parte, las defensas han reiterado lo que han venido manteniendo y es que sus clientes no tenían intención de matar al joven, recordando que han asumido "lo que hicieron" en cuanto a reconocer que le golpearon, aunque han negado que fuera de forma sorpresiva, sino en el transcurso de una pelea. Además, han considerado que se debe aplicar la atenuante de drogadicción.
Por este caso también han sido juzgados dos jóvenes por un delito de encubrimiento, pues según las acusaciones, ayudaron a los acusados a esconderse; aunque para ellos se dictará una sentencia absolutoria, ha comunicado la magistrada-presidenta del Tribunal del Jurado, en virtud de un mecanismo previsto en la ley por el que el juez "puede evitar someter a deliberación del jurado un delito cuando tiene claro que no se dan los requisitos del mismo o no hay pruebas", ha dicho el abogado de uno de estos procesados.
Así, el letrado Alfonso Sell ha explicado que en este caso la magistrada profesional "ha considerado que no existen pruebas para entender que se ha cometido el delito de encubrimiento o que concurren todos los requisitos de ese delito", apuntando que este mecanismo "forma parte de la propia naturaleza" del procedimiento de Tribunal del Jurado y permite en ese supuesto que el juez decida "no exponer a deliberación de los jurados este delito".
Por eso, en este caso los jurados solo emitirán un veredicto respecto a la culpabilidad o no de los dos acusados del delito de asesinato, para los que la Fiscalía solicita una pena de 18 años de prisión, mientras que la acusación particular lo eleva a 20 años de cárcel. Las defensas considera que la pena debe ser de dos años de prisión.
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