El Gobierno y la Junta chocan por la construcción de la desaladora de la Axarquía en pleno azote de la sequía
La administración andaluza acusa de “falsa” la información en torno a la financiación de los proyectos de desalación y asegura que ya han enviado toda la documentación que les han pedido
El Ejecutivo central sostiene que el Miteco ha recibido este martes los contenidos sobre esta infraestructura de Málaga en la que se da cuenta de la disponibilidad de terrenos, pero no figura el proyecto
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Uso de las desaladoras en Málaga contra la sequía
La desaladora de la Axarquía se enfanga en pleno azote de la sequía en la comarca y en el resto de la provincia. ¿El motivo? El choque de trenes entre el Gobierno de España y la Junta de Andalucía por la construcción de esta infraestructura y el cruce de acusaciones que explicaría, a juicio de cada administración, la dilación del proyecto. El Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha asegurado que este martes ha recibido la información sobre la obra de esta desaladora en la que se habla de la disponibilidad de los terrenos, pero no del proyecto. En cambio, el Gobierno andaluz sostiene que le ha remitido toda la documentación que el Ministerio ha solicitado en los grupos de trabajo creados para el impulso de esta obra.
Toda comenzó el pasado mes de mayo de 2023 cuando el Estado tomó la decisión de financiar la construcción de una desaladora en Málaga. Aseguró que iba a invertir 100 millones de euros, pero que la Junta era la encargada de cederles los terrenos para levantar esta infraestructura. Ahí fue cuando se dio a conocer que sería en la Axarquía y hasta el momento solo se conoce la posibilidad de que haya unos terrenos en el municipio de Vélez-Málaga, los cuales, su alcalde, Jesús Lupiáñez, puso a disposición de las administraciones como una posible ubicación. Hasta el momento ambas administraciones han estado trabajando de manera conjunta en unos grupos de trabajo en los que se han ido unificando todos los proyectos que había para construir esta desaladora.
La desaladora de la Axarquía la construirá Acuamed
Ahora se ha dado a conocer que las obras serán acometidas por la empresa estatal Acuamed, quien se encargará de toda la tramitación administrativa relativa al proyecto, licitación, adjudicación y ejecución de las obras, según ha asegurado la Junta de Andalucía, cuya información le proporcionó el Miteco. De igual forma, en los grupos de trabajo se estableció que la financiación sería con cargo a los fondos de Recuperación y Resiliencia, vía préstamo.
La polémica ha surgido cuando la Consejería de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo de la Junta de Andalucía ha calificado de “falsa” la información en torno a la financiación de los proyectos de desalación que el Gobierno de España tiene la obligación de acometer en el Levante almeriense y en la comarca de La Axarquía, tal y como establece el Plan Hidrológico Nacional vigente desde hace años.
Además, han incidido en que en la última de las reuniones bilaterales, la celebrada la semana pasada en Madrid, se dio cuenta del cumplimiento al cien por cien de entrega de toda la documentación requerida por parte de la Junta de Andalucía al secretario de Estado, Hugo Morán, subrayando que el proyecto y suelo de la desaladora del Bajo Almanzora II del levante almeriense se remitió en julio de 2023 y la de la Axarquía este mismo mes de enero de 2024.
Por su parte, tras la reunión del consejo de gobierno de la Junta de Andalucía, el consejero de Sostenibilidad, Medio Ambiente y Economía Azul y portavoz del Gobierno andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, ha asegurado que "las desaladoras las tiene que hacer el Gobierno", convencido de que se trata de "una competencia exclusiva" de la Administración del Estado. Asimismo, ha señalado que "la pelota está en su tejado", así como se ha quejado de que la actitud del Gobierno "tiene un punto de mala intención".
Fernández-Pacheco ha señalado que "el Ministerio se quejaba de que la Junta de Andalucía no ha pedido los 200 millones" con una afirmación de que "Andalucía ni los ha pedido ni los va a pedir". Además, ha esgrimido que en el Real Decreto 4/2023 el Gobierno "reconoce que es su competencia" acometer las dos desaladoras previstas para el Levante almeriense y la Axarquía malagueña. Sobre los pasos que ha dado el Gobierno andaluz, el consejero y portavoz ha explicado que este lunes se le envió al Ministerio de Medio Ambiente la puesta a disposición de los terrenos donde se ubicaría esas infraestructuras hídricas y que previamente había remitido al grupo de trabajo de ambas administraciones.
Gobierno de España
Por otro lado, el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico (Miteco) ha asegurado que este martes ha recibido información sobre la obra de la desaladora de la Axarquía en la que se da cuenta de la disponibilidad de terrenos. En cambio, han remarcado que entre la documentación remitida por la Junta de Andalucía "no figura" la información sobre el proyecto de la desaladora de la Axarquía.
En cuanto a que la Junta ha calificado de “falsa” la información sobre la financiación de los proyectos de desalación del Gobierno central, el Miteco ha apuntado que el acuerdo "establece, tanto para Cataluña como para Andalucía, que son las comunidades quienes aportan proyecto y terrenos para las nuevas desaladoras". Además, han precisado que en la información de la obra de la Axarquía, en Málaga, se especifica que "la disponibilidad de terrenos", pero entre la documentación remitida "no figura el proyecto".
En el caso de la nueva desaladora de Bajo Almanzora II, han señalado que la Junta "remitió un documento técnico en agosto de 2023, el cual fue analizado por Acuamed, que incorporó una serie de requerimientos". Sin embargo, han añadido que "el Gobierno de España no ha recibido el proyecto adaptado". En este sentido, han concretado que para llevar a cabo actuaciones de este tipo se debe remitir en primer lugar el proyecto y la disponibilidad de terrenos. Una vez conseguido esto, han apuntado que se realiza la declaración de impacto ambiental y la licitación y ejecución, al tiempo que han añadido que cualquier administración "puede acometer" una obra de este tipo", ya que "no es competencia exclusiva del Estado".
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