El Gobierno aprueba la creación de dos unidades judiciales en Málaga
Se creará una plaza de magistrado en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial y un juzgado de Primera Instancia, el número 22
El nuevo fiscal jefe insiste en la falta de medios para ofrecer al ciudadano una respuesta "ágil"
Málaga/El Consejo de Ministros ha aprobado este pasado martes, a propuesta del Ministerio de Justicia, el real decreto que permitirá la creación de dos unidades judiciales en la provincia de Málaga, como parte de la puesta en marcha de 14 nuevas unidades en Andalucía y 70 en toda España, correspondiente a la programación 2022 y adecuación a la planta judicial.
En concreto, en la provincia malagueña se creará una plaza de magistrado en la Audiencia Provincial, para la Sección Cuarta, que se corresponde con la jurisdicción civil, y un juzgado de Primera Instancia, el número 22, en el partido judicial de Málaga, han informado desde la Subdelegación.
El objetivo de este real decreto es afrontar, atender y resolver la carga de trabajo existente en la Administración de Justicia en todo el territorio nacional, según han indicado a través de un comunicado.
El subdelegado del Gobierno en Málaga, Javier Salas, ha subrayado que "el compromiso del Gobierno de Pedro Sánchez para mejorar el servicio de la administración de Justicia en Málaga es firme y se materializa de acuerdo con las necesidades que traslada el órgano de Gobierno de los jueces, el Consejo General del Poder Judicial".
La ministra de Justicia, Pilar Llop, ha valorado este aumento de la planta judicial, que atiende el Acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) adoptado en su reunión de 5 de mayo de 2022, como "una muestra del compromiso de este Gobierno con el servicio público de Justicia y un avance para seguir impulsando la transformación que está viviendo el sector en nuestro país".
Con la aprobación de este real decreto se procede a la creación de un total de 12 nuevas agrupaciones de partidos judiciales para el conocimiento de asuntos de violencia sobre la mujer en las Islas Canarias, Castilla-La Mancha, Comunitat Valenciana y Extremadura.
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