Ignacio Carrasco, el guardia civil que nunca se doblegó

Ignacio Carrasco (61) camina más ligero y duerme un poco más tranquilo. “Me he quitado un peso de encima”, reconoce. Tras quince años, ha cumplido la promesa que un día le hizo a Rosa, la hermana de Lucía Garrido (48): que los responsables del asesinato de la mujer hallada con golpes y un corte en la yugular en la piscina de Los Naranjos, la finca situada en Alhaurín de la Torre en la que vivía junto a su hija, paguen. De alguna manera, también era un reto personal para el ex guardia civil, proscrito por denunciar varios casos de corrupción en la Comandancia de Málaga.

Café y empanadillas perotas sobre la mesa, el atardecer –convertido en noche cerrada tras unas cuantas horas de conversación– y su “niña” (perra) Oli jugueteando entre las piernas. Carrasco recibe a Málaga Hoy en la terraza de su casa; la misma que levantó desde cero y que está situada a poco metros de la sede la Benemérita, ante la que nunca se doblegó.

Nació en Álora, en 1962, en el seno de una familia humilde. Sus abuelos se dedicaban al campo; sus padres emigraban por temporadas para trabajar en hoteles de Alemania y Suiza. Ninguno de sus antecesores había pertenecido al cuerpo, pero él encontró en el Instituto Armado, con apenas 21 años, una oportunidad de llevar “el honor” y “la divisa” por bandera, valores que ya le habían inculcado en su casa. “La honradez en los pueblos es sagrada y nos han educado con esa mentalidad”, presume.

Su primer destino como guardia civil fue Carabanchel, donde descubrió la dureza de la carrera militar. Dieciocho meses sin descanso. En 1986, pidió voluntariamente el traslado al País Vasco. “Se lo debía” a uno de sus familiares, asesinado por ETA, cuenta. Durante seis años, el oficial pasó por Oyarzun y Zarauz (Guipúzcoa). En 1987, la casa cuartel de esta última localidad sufrió un atentado a manos de esta organización terrorista.

Años más tarde (1992), aterrizó en la Comandancia de Granada en el primer equipo de investigación del Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona), especialidad que le marcaría el resto de su trayectoria. Si bien, al aloreño siempre le ha “tirado la tierra” y por ello decidió en el 2000 solicitar la Comandancia de Málaga, sin esperar que allí conocería “la cara más amarga” del Instituto Armado. “El compañero que tenía al lado me vendió por 400 euros”, lamenta. Las irregularidades que descubrió entre el teniente Alonso Gómez, entonces responsable del Seprona, y Rafael García, un empresario dedicado a la gestión de gases de refrigeración, fue el estallido de otras corruptelas que venían tejiéndose desde hacía años formando una maraña imposible que Carrasco, al frente de la Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC) -entre 2010 y comienzos de este año- aún trata de desenredar.

Ya entonces, el Servicio de Asuntos Internos (SAI) comenzó a investigar los posibles nexos entre agentes dedicados al cuidado del medioambiente, así como de la flora y fauna, con Manuel Alonso Herrero , propietario de Los Naranjos, entonces utilizada como depósito de los animales decomisados por el cuerpo. “Yo sabía que allí trabajaban guardias civiles, pero al principio quería pensar que cumplían las reglas y que no favorecían a nadie”. Tiempo después, comprobó que “el asunto de los gases estaba confluyendo con otros negocios” y que existía un “trío comercial” entre Herrero, Gómez y García.

El castigo

Ignacio Carrasco nunca acató órdenes contrarias a la ley. Entonces, lo “castigaron”. En una silla, sin salir de servicio con sus compañeros de unidad, y delante de un ordenador obsoleto que salió directamente del depósito de destrucción, siempre según su relato, pasaba sus jornadas. “Me anularon completamente. Salí dos veces con la patrulla. No se me caen los anillos por hacerlo, pero era una forma de humillarme porque no tenía nada que ver con mi especialidad”. El objetivo de los mandos, remarca, cansarlo y que cediera.

Corrían inicios de 2009 cuando el ex guardia civil Carrasco se dio de baja médica la primera vez, situación en la que estuvo durante seis meses. Su esperanza, “que alguien valorase su buen hacer y terminaran las irregularidades”. Aunque regresó a su puesto unas semanas, el 29 de julio de 2009 no pudo más, volvió a solicitar la incapacidad temporal sin saber que sería el último día que prestaría servicio al cuerpo. En 2013, a través de una publicación del Boletín Oficial del Estado (BOE), conoció que el Instituto Armado lo retiraba por “pérdida de actitudes psicofísicas y percepción paranoica. También me dijeron que fabulaba sobre lo que pasaba en el Seprona”, explica. Sin embargo, Carrasco no terminaría con su lucha por preservar el buen hacer de los agentes al servicio de la ciudadanía.

No lo ha hecho solo, Alberto Robles -implicado en la AUGC desde 1996, donde ha pasado “por todos los puestos excepto por el de secretario”- también ha sido una de las figuras clave para que en 2012 el caso de Lucía Garrido se reabriera. Natural de Granda, ingresó en la Guardia Civil en 1989, cuando tenía 20 años. Tras unos cuantos años por el norte, el agente llegó a Málaga al Servicio de Automovilismo donde sería igualmente proscrito de la Benemérita.

Una noche de verano de 2011, tres años después del asesinato de Lucía Garrido , el ex guardia civil conoció a Rosa, su hermana y la persona que se había hecho cargo de su hija. Necesitaba ayuda para reabrir el crimen, archivado en 2009 sin ningún culpable. Ignacio se comprometió a brindársela; a cambio, le pidió las escuchas telefónicas de la víctima para tratar de encajar las piezas del puzzle que le faltaban. “Estaba convencido de que en esos audios iba a encontrar la verdad”.

En febrero de 2015, el SAI detuvo a Alonso Gómez por falsedad documental, omisión del deber de perseguir delitos, tráfico de influencias y falso testimonio -además de investigar a otros miembros del Seprona-. Para entonces se encontraba en La Línea de la Concepción, compañía a la que había sido trasladado para ocupar el cargo de jefe tras ascender a capitán. Cuando se actuó, todos los delitos ya habían prescrito, critica Carrasco.

Pero no tiró la toalla. De hecho, nunca pensó en hacerlo. “Cuando tienes la convicción de que lo que dices es una verdad abrumadora y no entiendes cómo se puede actuar de manera tan corrupta, no te lo replanteas”. Su trabajo incansable tratando de desenredar la telaraña destapó las conexiones del crimen de Lucía con otras tramas. Todas ellas comparten centro centro neurálgico: Los Naranjos, finca que habría sido protagonista del tráfico ilícito de especies salvajes, presunta guardería de cocaína y hachís, y lugar donde dos ciudadanos de origen colombiano fueron abatidos a tiros un año después del asesinato de Lucía.

Manuel Alonso, junto a una veintena de personas entre las que se encontraba Valentín Fernández, el teniente de la Unidad Orgánica de la Policía Judicial de la Guardia Civil, que además había supervisado la instrucción del caso de Lucía Garrido; también era en ese momento jefe del Equipo de Delincuencia Organizada y Antidrogas en Málaga. Todos ellos fueron arrestados por tráfico de estupefacientes tras permitir la entrada de varios alijos a España. El que había sido pareja de Lucía fue condenado a tres años de prisión; mientras que al responsable del EDOA le cayeron diez y medio, rebajados más tarde a tres años y nueve meses por el Tribunal Supremo.

Ignacio Carrasco también logró sentar por primera vez en el banquillo de los acusados en 2019 a Manuel Alonso Herrero, al supuesto autor material del asesinato, Ángel Vaello, y a dos guardias civiles. Aquel pleito fue anulado por irregularidades en los votos del jurado popular y los cuatro procesados quedaron absueltos.

El Tribuna Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) ordenó la celebración de un nuevo juicio - aunque sin los agentes de la Benemérita esta vez acusados-, que comenzó el pasado 23 de octubre. El resto ya es historia. Tras diez sesiones, el tribunal del jurado declaró culpables a la expareja de la víctima como cooperador necesario y al supuesto sicario como autor material del asesinato. A la espera de la sentencia, ambos se enfrentan a penas superiores a los 20 años de prisión.

Los capítulos pendientes

"Aún quedan capítulos por cerrar", afirma Ignacio. A partir de este lunes 13 de noviembre está previsto que la Audiencia de Málaga juzgue a dos guardias civiles acusados de un delito de falso testimonio por supuestamente mentir sobre el reanálisis de muestras durante el primer juicio celebrado por el asesinato de Lucía Garrido. La Fiscalía pide dos años de prisión y 12 años de inhabilitación para cada uno de ellos.

El 25 de abril de 2009, Derian José Morales y Eduard Andrés Gómez -colombianos- fueron tiroteados en la finca Los Naranjos por Manuel Alonso cuando supuestamente entraban a robar. El caso quedó archivado ocho meses más tarde atendiendo a la declaración del autor material de los disparos, que manifestó abrir fuego en defensa propia. Hace un par de años, la jueza instructora del caso dictó un nuevo auto al entender que existen dudas sobre si se pudo preparar con armas y esperaba a los colombianos para abatirlos. Si bien, todavía no hay fecha de juicio.

"Espero que Manuel Alonso nos diga qué más gente estaba participando aparte de él", desea Carrasco. Y es que inicialmente otras tres personas, entre ellas dos miembros del Instituto Armado, fueron investigadas por una supuesta inducción al homicidio, aunque finalmente no se pudo concluir su participación en el crimen. El guardia civil proscrito -creyente- aguarda que "para todos los que no van a ser juzgados nunca haya justicia divina".

Desde que se torcieron las cosas, María, la esposa de Ignacio no le ha soltado la mano. Siempre le ha animado a “terminar su lucha", aunque confiesa que "no ha sido fácil". “Mi hijo tenía 11 años cuando esto empezó y ahora tiene 24 y la carrera terminada. Cuando salió el juicio me quedé respirando”, dice. También reconoce como “durísimos” los años en los que Carrasco fue apartado por denunciar las corruptelas de la Guardia Civil y las numerosas querellas que ha recibido durante todos estos años. “A mí esas cosas no se me olvidan”.

María también conoció a Rosa. "Éramos familia. La tenía todos los días metida aquí hasta las 4:00", recuerda. En septiembre de 2020, la hermana de Lucía falleció -por enfermedad- sin que se hubiera hecho justicia todavía por su hermana. Pero, los que la conocían, están convencidos de que el día del veredicto “estuvo ahí arriba ayudando”.